lunes, 12 de abril de 2010

16.3. La integración de España en Europa. España en la Unión Europea. El papel de España en el contexto internacional.

Los antecedentes históricos de las relaciones entre España y la Europa Comunitaria se
remontan a 1962 cuando en un contexto de mayor reconocimiento internacional del estado
franquista, el Ministro de Asuntos exteriores, Fernando Mª Castiella solicitó públicamente la
adhesión. Esta no se consigue y hay que esperar a 1970 para lograr un acuerdo preferencial
con la CEE que facilite la exportación de los productos españoles a estos mercados así
como la formación de un primer grupo de funcionarios expertos en asuntos europeos.
Tras la muerte de Franco y las primeras elecciones democráticas se retoman los intentos por
ingresar en julio del 77 a través del Ministro de la UCD Marcelino Oreja Aguirre,
negociaciones que contaban con el apoyo de los partidos parlamentarios españoles pero
con la oposición de Francia, especialmente preocupada por los problemas agrarios y
pesqueros y, en general, de unos países europeos que como el resto del Mundo sufrían el
impacto de la crisis petrolífera del 73.
La llegada al poder en 1982 del partido socialista, tanto en España como en Francia
(François Miterrand) facilitará los pasos siguientes de la real integración que pasan por la
cumbre de jefes de estado de Stuttgart en la que la RFA, el mayor poder económico
europeo, se niega a aumentar los fondos comunitarios si no se acepta a España y Portugal,
y por la de Fontaineblau donde tras vencer la oposición de Gran Bretaña y encauzar la
posición francesa se decide que los dos países ingresen el 1 de enero de 1986.
Antes de conseguir firmarse el tratado definitivo en Madrid y Lisboa en junio del 86 se
producen los remates de una durísima serie de negociaciones cuyos puntos más candentes
eran la pesca, la agricultura y la ganadería (se temía especialmente su impacto en la PAC por
lo que se impusieron numerosas medidas cautelares traducidas en años de transición hasta
la integración plena de ciertos productos y sectores agrarios); el problema planteado por el
régimen especial canario así como ciertos aspectos de los sectores industriales que serán
definitivamente resueltos tras lo cual la integración se aprueba por unanimidad en el
Congreso y el Senado antes de la ya citada firma final.
La cuestión del actual proceso de integración europea arranca con la aprobación en 1986
del Acta Única, declaración a favor de crear un espacio único en el mundo comunitario
donde personas, capitales y mercancías circularan libremente.
Este espíritu integrador se acrecienta tras la firma en 1992 del Tratado de la Unión Europea
en la ciudad holandesa de Maastricht que preveía mayor cooperación interna y externa así
como el aumento del poder del Parlamento europeo. Pero, sobre todo, dibujaba una unión
monetaria y económica que hiciera posible la aparición de una nueva potencia comparable a
los EEUU o al Japón. Para ello se necesitaba lograr que el máximo número de países
convergieran en cifras muy parecidas en cuanto a déficit público (diferencia entre ingresos y
gastos del Estado (menor al 3%)), inflación (nivel de los precios (no mayor al 1,5% de la
media de los tres mejores)), Deuda del Estado (inferior al 60% del PIB) y tipos de interés
(valor del dinero que se presta por el Estado y la Banca: 2% menor de los tres países más
estables).
Hay que decir a este respecto que casi todos los países de la Unión, con mayores o
menores problemas han logrado cumplir estos objetivos quedándose dentro de la moneda
única, denominada oficialmente euro, salvo Grecia y Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia
aunque las tres últimas más por decisión propia que por falta de cumplimiento de las
condiciones económicas.
Para llegar a ello todos los países han debido realizar políticas económicas comunes tales
como recortar los gastos públicos, privatizar las empresas estatales para bajar el déficit entre
gastos e ingresos o ajustar los salarios a la baja para evitar la subida de la inflación (aunque
no esté nada claro que éstos sean la principal causa de la misma). Con ellas se pensaba,
además de ensayar la futura toma en común de decisiones, mejorar la calidad de vida de los
consumidores al ser los productos más baratos y los préstamos más bajos (debido a la
caída en la inflación y en los tipos de interés), hechos ambos que deberían permitir aumentar
el crecimiento económico y por tanto un mayor nivel de empleo (el verdadero problema
europeo del momento) a pesar de que muchas personalidades criticaron el acuerdo y de que
en varios países (especialmente Francia) se aprobó el mismo por un referéndum muy
apretado.
Con la ampliación hacia el Este la Unión Europea pasó a tener 27países miembros y se
encontró con la necesidad de modificar su estructura y normas de funcionamiento
relacionadas con la composición y atribuciones de la Comisión, la unanimidad en la toma de
decisiones sustituida por un principio mayoritario y la ponderación y peso de los países
miembros.
En este sentido entró en vigor en 2000 el Tratado de Niza que adoptó el principio de la no
unanimidad y la idea de que unos estados tomaran decisiones sin la adhesión de los
demás . Estas reformas se estancaron por la gran cantidad de intereses en juego y la acción
del euroescepticismo presente sorprendentemente en algunos de los nuevos países
comunitarios.
Para intentar relanzar la idea de Europa se elaboró una Constitución en 2003 que tuvo que
echarse atrás por la oposición en referéndum de Francia y Holanda aunque España sí había
aceptado el proyecto también en referéndum.
Una versión reducida es el actualmente vigente Tratado de Lisboa: un presidente fijo
nombrado cada dos años y medio (cargo que recayó en el belga Van Rompuy); un
reforzamiento de la figura del Alto Representante para la Política Exterior (la británica Lady
Ashton); un intento de tapar el principal problema de la unión como es la necesaria voz
común en estos aspectos. Y finalmente la desaparición del derecho de veto (2014) sustituido
por la doble mayoría: 55% de los estados con un mínimo de 15 que sumen el 65%. Todo
este proceso se acaba de aprobar en 2009 con Irlanda y Checoslovaquia como últimos
escollos.
La implantación de la democracia en España marcó el comienzo de una política de
acercamiento a Latinoamérica convertida desde entonces en un eje de la política exterior
intentando ser puente entre aquella y la UE.
Desde 1991 se celebran las Cumbres Hispanoamericanas anuales desde la primera en
Guadalajara (México) que sirven fundamentalmente para estrechar relaciones entre los países
miembros e intentar tener una voz común en los problemas del momento.
A partir de ellas se han creado otros organismos para prepararlas y desarrollarlas mejor
como la Secretaría general Iberoamericana, el Fondo Indígena, o la Unión de Ciudades
Capitales Iberoamericanas (UCCI).
España ha logrado tener una creciente influencia en la zona como se ha visto en algunas
situaciones concretas:
Centroamérica: forma parte del grupo de países amigos que ha ayudado a los procesos de
paz en la zona como la ONUCA (misión militar en la zona dirigida por un militar español. O la
MINUCA relacionada con Guatemala.
Cuba: ejerce papel mediador ante la UE aunque dependiendo de qué partido español esté
en el gobierno siendo más intransigente con la Dictadura el Partido Popular y más
pragmático, el PSOE
En general cabe decir que tras el crecimiento que sigue a nuestro ingreso en las CEE ha
habido un incremento sostenido de la ayuda exterior especialmente dirigida a aquellos países
con menor renta. Especialmente destacable fue la solidaridad española hacia Honduras a
propósito de las destrucciones traídas por el huracán Mitch, solidaridad que en fondos de
ayuda al desarrollo alcanzó los 1.500.000.000. de euros en 2007.
Dentro del nuevo marco de cooperación fue muy importante la presencia de empresas
españolas que se establecieron en el área hasta lograr que España fuera el principal inversor
económico sólo por detrás de los USA : datos como las 400 compañías allí presentes y las
2300 empresas en países como Brasil, Argentina, Perú y Chile hablan de la importancia de
un fenómeno que significa el 8% del PIB de la región. Igualmente importante es el flujo de
inmigrantes, especialmente importante desde Latinoamérica a España que contribuyen a
aumentar la riqueza mutua tanto del país de origen con sus remesas como la del destino.
Sin embargo en este proceso general de aportes económicos se observa una
desaceleración de la inversión española en Latinoamérica por la fuerte competencia que
sufre por otros países como China, el cambio de localización de los negocios españoles
orientados ahora también hacia Europa e, incluso Asia o los recelos suscitados por las trabas
legales que países como Venezuela o Bolivia han impuesto a la inversión extranjera.
Otra zona muy importante para la política exterior española es el Magreb. Con Argelia
tenemos una capital dependencia energética pues es nuestro principal suministrador en gas
natural, algo que se hace a través de un gaseoducto construido a través del Mediterráneo
constituyendo una infraestructura notable. España, por ello, ha intentado en todo momento
contribuir a la pacificación de Argelia y su progresiva vuelta a la normalidad democrática.
Marruecos es otro país con el que las relaciones son de especial importancia y ha habido
con él etapas de tensión y la actual más relajada. Entre los factores que marcan las
relaciones habría varios factores:
Es una ruta de inmigración irregular en la Península a la vez que una fuente de emigración de
ciudadanos marroquíes que han llegado a nuestro país.
Ceuta y Melilla son un foco de tensión permanente al reclamar Marruecos su soberanía sobre
ambas. En la actualidad son lugares de fuertes intercambios económicos y humanos.
La ocupación del Sahara Occidental desde 1975 marca otro conflicto al estar Marruecos en
la zona sin hacer el referéndum comprometido con la ONU, consulta que resolvería la
cuestión de la soberanía algo en lo que España guarda una deuda moral con los ciudadanos
autóctonos.
La aparición de yacimientos petrolíferos entre Marruecos y las Canarias que se disputan
Rabat y Madrid.
En general cabe decir que a pesar de tantos contenciosos las relaciones siguen siendo muy
intensas como lo prueban la importante cantidad de firmas españolas con intereses en
Marruecos.
Mauritania está en un plano menor pero también destacado como lugar desde el que se
inician importantes flujos migratorios hacia España algo que se intenta frenar desde nuestro
país con inversiones de ayuda al desarrollo y el reforzamiento policial de las costas lo que ha
hecho que los cayucos vengan de países más al Sur entrando de lleno en zonas cono
Senegal perteneciente al África Subsahariana, algo que también se intenta cortar apoyando
el desarrollo en estas zonas.
A destacar también que las rutas africanas no sólo se relacionan con un desarrollo de la
inmigración ilegal sino que se han convertido en un lugar por el que la influencia del
islamismo radical puede llega a España. Es el caso del atentado a la Casa de España en
Casablanca o el origen norteafricano de la mayoría de los ejecutores del ataque a los
convoyes ferroviarios del 11-m.
Finalmente destacar como áreas de presencia española, el Asia Oriental, más deseo que
realidad pues nuestra relación comercial con aquellos países es claramente desfavorable y
cierto papel jugado en el conflicto del Oriente Próximo con la organización en 1991 de la
Conferencia de Paz en Madrid a la que siguió el nombramiento de M. A. Moratinos como
Alto Representante de la UE para la zona. Recientemente España forma parte de los “cascos
azules” interpuestos entre los integristas de Hezbollah y los soldados israelíes tras la última
guerra entre ambos. Un general de España se ha hecho con el mando de esas tropas.

16.2. Los gobiernos democráticos. Los desafíos del golpismo y del terrorismo. Cambios políticos, sociales y económicos. Cultura y mentalidades.

UCD ganaría las siguientes elecciones, 1979, aunque, de nuevo, sin mayoría absoluta. Para
las siguientes, las primeras municipales que se celebraban en España después de 40 años,
la izquierda con la unión de PSOE y PCE consiguió imponerse en las alcaldías más
importantes.
Al mismo tiempo que la vida política continuaba con la aprobación de los estatutos vasco y
catalán o los periódicos sobresaltos del terrorismo de ETA, la UCD comenzaba a perder
protagonismo tras fracasar en el referéndum convocado en Andalucía, que consiguió, en
contra de la opinión de aquellos, su reconocimiento como nacionalidad histórica, y ganar
por estrecho margen una moción de censura socialista.
Lo peor, sin embargo, estaba en las propias disputas internas que llevaron a la dimisión de
Suárez, momento crucial para la democracia pues en la votación para elegir sustituto se
produjo el golpe de estado del 23-F: el teniente coronel Tejero asaltando el Congreso y el
capitán general de Valencia Miláns del Bosch, movidos inicialmente por su hastío del
terrorismo, intentaban acabar con la democracia en el país algo que no lograron por el nulo
respaldo encontrado en la sociedad española así como la decidida intervención del Rey en
su contra.
Con Leopoldo Calvo-Sotelo, el sucesor de Suárez, no mejoraron las cosas en UCD y de
hecho las siguientes elecciones generales fueron ganadas por mayoría absoluta por el PSOE
liderado por Felipe González. Esto se repetiría en los años sucesivos hasta 1993 en que su
mayoría relativa les obligó a pactar con nacionalistas vascos y catalanes.
Los socialistas comenzaron su mandato en el 82 con decisiones bastante polémicas como la
expropiación del “holding” RUMASA, criticado más por razones legales que económicas, una
nueva ley para la educación que hacía frente a los colegios religiosos, otra que introducía por
primera vez en España la posibilidad de abortar, etc. En realidad lo más importante que se
alcanzó fue la desaparición total de cualquier intento violento de acabar con la democracia
tras el juicio a los condenados por el 23-F.
Posteriormente se producirían otros hechos políticos muy importantes como la adhesión de
España a la CEE o la borrascosa [ver más adelante] adhesión a la OTAN aparte del
importantísimo cambio en el campo de la medicina con la extensión a todos los sectores de
la población de la Seguridad Social y la educación (que se ha hecho obligatoria y gratuita
hasta los 16 años) o las infraestructuras especialmente el AVE y la transformación en
autovías de todas las antiguas carreteras nacionales radiales, algo estrechamente ligado a
dos acontecimientos muy importantes celebrados en 1992: los Juegos Olímpicos de
Barcelona y la Exposición Universal de Sevilla.
Como notas más negativas del período destacan la ruptura de la tradicional unidad con los
sindicatos que convocaron dos huelgas generales ampliamente seguidas en el país y la corrupción, es decir la gran cantidad de casos descubiertos en que altos cargos socialistas o
próximos a ellos se beneficiaron ilegalmente del poder.
Estas dos últimas cosas, y el enorme crecimiento del paro en los años posteriores al 92, son
la causa de la derrota socialista a manos de Jose María Aznar quien, por lo exiguo de su
victoria, se vio obligado, también, a pactar con nacionalistas vascos y catalanes.
A pesar de la proximidad de un período que ha acabado recientemente podemos señalar
como hecho muy positivo la entrada, con el resto de países que han querido hacerlo, en la
moneda única con lo que eso supone de reducción de inflación, deuda, tipos de interés y
déficit públicos algo no hecho sin sacrificios por parte de la población. También es positivo el
mantenimiento de un período largo de crecimiento económico y de aumento en el número
de empleados. Finalmente la disminución de asesinatos terroristas cerraría el buen panorama
del primer gobierno Aznar.
En su contra están ciertos abusos cometidos en el campo de la información con la entrada
de Telefónica en todos los sectores de comunicación o los intentos de quitar poder al grupo
PRISA tradicionalmente vinculado al PSOE. Además se va a un modelo de sociedad en la
que lo privado es importante en educación (los colegios concertados, generalmente
religiosos, reciben bastante dinero mientras que los públicos ven congelados sus gastos) y
comienza a serlo en Sanidad donde el modelo de fundaciones independientes parece querer
sustituir a la red de hospitales públicos, es decir justo lo contrario de lo ocurrido en la época
PSOE.Buena parte de los altos mandos militares de los primeros años de la Transición eran
franquistas contrarios a la democracia. El ejército se convirtió en un permanente quebradero
de cabeza ante la posibilidad de un golpe de estado que fue fraguando entre generales
como Jaime Miláns del Bosch o el propio Vicepresidente del gobierno para asuntos de la
defensa Fernando de Santiago tras sus críticas a la legalización del PCE en la Semana Santa
de 1977 y del que se sospechaba era el autor de artículos periodísticos reclamando la
presencia militar en el periódico El Alcázar de la Confederación de Combatientes, junto con
El Imparcial los dos más incisivos en este sentido de la época.
Para sustituir a De Santiago se nombró a Manuel Gutiérrez Mellado, este sí un auténtico
militar demócrata de la escuela de Manuel Díez Alegría, que intentó minimizar al máximo el
impacto de los atentados terroristas en los Cuerpos y Fuerzas de seguridad del Estado y en
el propio ejército. No lo conseguiría y ya con la Operación Galaxia, un intento abortado en su
planificación del capitán Saénz de Ynestrillas y del teniente coronel de la Guardia Civil
Antonio Tejero Molina para dar un golpe muy parecido al que se produjo el 23-F, con la toma
como rehenes de todos los diputados y el gobierno en pleno durante la primera votación de
investidura de Leopoldo Calvo Sotelo como sucesor de Adolfo Suárez que había dimitido a
comienzos del año 91.
Al mismo tiempo que Tejero entraba en el Congreso el ya citado Miláns del Bosch
proclamaba el bando del estado de guerra en la región de Valencia que estaba bajo su
mando, bando que esperaba ver seguido por una gran mayoría de capitanes generales de
las distintas regiones militares y, especialmente, por Madrid donde se encontraba la División
Acorazada Brunete, al mando de José Juste, que debía tomar la capital. Ninguno de los dos hechos se produjo por la intervención decidida de Don Juan Carlos I que consiguió aislar a
Miláns y reducir al mínimo la intervención de la Brunete (toma de RTVE, policía militar en el
Congreso).
El golpe se saldaría con la rendición de los guardias civiles y de Miláns y un juicio y un
recurso posterior en el Supremo en el que fueron condenados a fuertes penas los
principales acusados entre ellos el general Armada Comín que se presentó como solución de
compromiso con un gobierno de civiles de todos los partidos y militares, que no fue
aceptado por ninguna de las dos partes en conflicto.
Hoy en día se habla de que el golpe de estado fue posible no sólo por el terrorismo sino por
la amplia erosión de Adolfo Suárez y con él de la Presidencia del gobierno motivado por las
críticas de su propio partido, del mismo rey hastiado de comprobar el deterioro de la
situación y de los adversarios políticos que estaban deseando desembarazarse de él (en este
sentido es célebre una comida celebrada en Lérida entre el General Armada y el diputado
socialista Enrique Múgica).
El golpismo desaparecía prácticamente por completo tras el 23-F de 1981 no así el
terrorismo que continúa hasta nuestros días. Especialmente el relacionado con la izquierda
pues el de derechas ya fuera el Batallón Vasco Español o los más recientes GAL dejaron su
actividad en 1987 no sin antes asesinar a miembros de ETA refugiados en Francia e incluso
en plena transición a manifestantes en la calle como fue el caso de Arturo Ruiz o el de los
sucesos de Montejurra entre dos ramas enfrentadas del carlismo.
No es el caso de ETA que ha seguido estando presente en la vida política española desde su
nacimiento como una escisión de un grupo juvenil del PNV en los años 60 con momentos
tan significativos como el Proceso de Burgos en el que se condenaron a muerte e indultaron
(por Franco) a sus militantes detenidos más relevantes. Destacan también sus macabras
campañas de los 80 algunas de las cuales contemplan más de 100 asesinatos anuales, o el
que parecía comienzo del fin con la desaparición de su rama político-militar tras un pacto
entre el ministro del interior Juan José Rosón y el diputado de Euskadiko Eskerra Juan María
Bandrés. Como ya hemos dicho siguen presentes en la vida pública española con atentados
o guiando la acción política de grupos como Batasuna, Segi (rama juvenil) o gestoras proamnistía.
Capítulo aparte merecen los GRAPO un grupo de extrema izquierda muy minoritario lo que
no le impediría realizar acciones tan relevantes como el secuestro simultáneo del presidente
del Consejo Supremo de Justicia Militar general Villaescusa y el del Consejo de Estado
Antonio María de Oriol. Sus atentados constituirían durante toda la Transición un Guadiana
que parecía resurgir en los peores momentos lo que trajo a menudo la sospecha de ser un
instrumento de la extrema derecha.
El cambio político fundamental de esta primera etapa de gobiernos democráticos fue la
propia instauración de un régimen de partidos y elecciones y la instauración de la propia
Constitución.
La sucesión UCD, PSOE, PP sería el segundo gran cambio, es decir la alternancia deseable
en todo sistema democrático. Junto a ella los cambios en el exterior, entrada en la estructura
militar de la OTAN y en la CEE configuran la tercera gran novedad ya desarrolladas todas en
capítulos anteriores.
Entre los cambios sociales propios de esta época está la continuación de una tendencia
anterior a la democracia: el fortalecimiento de las clases medias urbanas reforzada por la
creciente importancia del sector servicios mientras que el mundo rural quedaba abandonado
o envejecido. Este desarrollo urbano hizo que Madrid, País Vasco y Navarra, y el área
mediterránea se convirtieran en las áreas más dinámicas social y económicamente del país.
La creación de un cierto grado de bienestar sería un segundo aspecto con la preocupación
por las pensiones y la educación con importantes inversiones en preescolar y secundaria
(obligatoria hasta los 16 años) y también universitaria: entre 1987 y 1996 se multiplicó por
tres el número de alumnos.
También se universaliza la Seguridad Social, no sin importantes problemas relacionados con
el monto de los medicamentos en los Presupuestos, y la universalización de las pensiones:
en este sentido fue muy importante la firma del Pacto de Toledo en 1995 entre los dos
grandes partidos de ámbito estatal.
También se puede considerar una transformación la redistribución de la renta relacionada
con la mayor seriedad con la que se aborda el tema del pago de impuestos, tema
relativamente marginal hasta la llegada de la democracia, y que ahora se convierte en el
centro de la redistribución de la riqueza como objetivo social básico. La lucha contra el
fraude en las declaraciones es uno de sus pilares.
Un nuevo cambio es la situación de las mujeres cada vez más volcadas a la vida laboral
donde se encuentran, a menudo, ante situaciones claramente desfavorables que se intentan
paliar mediante leyes que practican la discriminación positiva. Además es típico de su
situación el papel tan importante que siguen desempeñando en la vida familiar algo que
dificulta, se utiliza ahora el término de conciliación, su vida laboral.
Otra novedad es la propia estructuración familiar cada vez más relacionada con estructuras
pequeñas relacionadas con la secularización y con la propia incorporación de la mujer al
trabajo. Además la Ley del divorcio trajo tipos diferentes de familias como lo hace la propia
tendencia de la sociedad hacia el monoparenteralismo.
La multirracialidad reciente es un nuevo reto social que ya alcanzaba en 2008 el 15% de la
población total. Individuos concentrados cerca de las grandes ciudades o en zonas de
importante producción agraria, poco cualificados, procedentes tanto del Norte de África
como del este de Europa o de Latinoamérica que invertirán la pirámide poblacional y
proporcionarán alivio al sistema de pensiones y apoyo al desarrollo económico.
También son típicos cambios sociales relacionados con lo que se llama posmodernismo el
desarrollo del pacifismo (desde el referéndum de la OTAN) específicamente relevantes al
hablar del terrorismo vasco (Gesto por la Paz, Manos blancas), la expansión de las múltiples
ONG (Médicos sin Fronteras. Amnistía Internacional) y la difusión de una conciencia
ecológica (desde ADENA y Félix Rodríguez de la Fuente a Greenpeace).
No podemos acabar los cambios sociales sin mencionar las consecuencias de la
liberalización de las comunicaciones y la expansión de la telefonía móvil o el desarrollo del
mundo ligado a Internet y su consecuencias comunicacionales.
La Democracia heredó del Franquismo la crisis económica de 1973 relacionada primero con
un factor externo, la dependencia energética, al que se le añade la inestabilidad política hasta
llegar a tasas de inflación del 25 %, crecimientos negativos del PIB por debajo del 2%. El
factor interno político hacía muy difícil las políticas de ajuste instrumentalizadas en otros
países.
La consecuencia a largo plazo para España fue la instauración del desempleo como
fenómenos estructural relacionado con la incapacidad de la economía española para atajarlo
entre otras cosas por el regreso de los emigrantes que cerraban una válvula de escape, la
incorporación de la mujer al trabajo y la llegada de las masivas generaciones producto del
crecimiento demográfico de los años 60.
Para frenar esto se firmaron los denominados Pactos de la Moncloa en octubre de 1977
para sanear la inflación y el déficit público que se transformó en una política de contención
salarial compensada por el Estatuto de los Trabajadores con mejoras importantes en
capítulos como el desempleo.
Además se planteó el tema de las reconversiones que quedó parado por una nueva crisis
petrolífera en 1979 con lo que las reformas se cambiaron a temas fiscales como nuevas
leyes sobre la progresividad de los impuestos y la Ley de Sociedades a pesar de lo cual se
disparó el gasto público, el déficit y el desempleo.
La labor del PSOE a partir de 1982 sería la de ajustar la economía y reconvertir los distintos
sectores productivos. Para ello se devaluó la peseta, se consiguió colocar la inflación por
debajo del 10% consiguiéndose en 2004 un superávit presupuestario ayudado por la
superación de la crisis del petróleo y la incorporación a las CEE.
La reconversión, además, había sido muy dura especialmente en el sector industrial
acabando con empresas en crisis o no viables lo que golpeó importantes zonas del país
(Asturias, Sagunto). También tuvo que intervenirse la banca (29 bancos hasta 1988) por la
mala gestión de la misma.
Se entraría luego en un período expansivo entre el 85 y el 92 caracterizado por la aparición
de los nuevos ricos de los felices 80 y la creación de importantes infraestructuras (inicios del
AVE, creación de una red radial de autovías) lo que no impidió el mantenimiento del paro en
tasas altas.
La crisis de 1992-93, cíclica, marcó un récord en el desempleo del 24%, nuevos aumentos
del déficit público (6,75) y una nueva devaluación de la peseta (7%), Su duración fue breve y
en seguida se sentaron las bases para solucionarla y acometer un objetivo más ambicioso:
cumplir con los objetivos de convergencia de Maastricht y estar, algo impensable hacía poco
tiempo, en una moneda común con países como Francia y Alemania.
Será el Partido Popular el encargado de realizar la tarea reduciendo el déficit público hasta
menos del 3%, la deuda pública por debajo del 60% y la inflación y los tipos de interés a las
demandas europeas (1,5% menor de la media de las tres mejores; un 2% menor a los 3 más
estables).
Dio comienzo un prolongado período de crecimiento duradero hasta los años recientes
basado en un poderoso boom inmobiliario relacionado con el endeudamiento de las familias,
la bajada de los tipos de interés en los préstamos y la política de los ayuntamientos de
vender suelo público para financiar su actividades.
Además creció el consumo interior por las mejoras en las condiciones de vida lo que produjo
notables descensos en el endémico problema del paro que convirtió a España en un país
receptor de mano de obra pues los españoles abandonarían tareas poco cualificadas que
pasaron a ser ocupadas por los venido de fuera, el gran cambio posterior al año 2000.
No podemos acabar los cambios sociales sin mencionar las consecuencias de la
liberalización de las comunicaciones y la expansión de la telefonía móvil o el desarrollo del
mundo ligado a Internet y su consecuencias comunicacionales.
El cine inicialmente intenta revisar la España de Franco, algo que se hace en películas
imprescindibles como las Canciones para después de una guerra del olvidado Basilio Martín
Patino o en la serie de un reconocido Luis García Berlanga en torno a La Escopeta Nacional
crítica del mundillo de las cacerías tan próximo a Franco.
Además en Madrid se gestó la denominada nueva comedia madrileña que marcaba un
espíritu transgresor propio de la época: ¿Qué hace una chica como tú en un sitio como
éste? de Fernando Colomo donde comenzaba una jovencísima Carmen Maura o la Ópera
Prima de Fernando Trueba
Sin embargo el gran talento de la época es Pedro Almodóvar que empezó en la comedia
(Pepi, Lucy y Boom y otras chicas del montón con Alaska y Maura entre otras aspirantes a
actrices) y acabó haciendo películas más intimistas que le consagrarían internacionalmente
en los oscars como director y guionista. (Todo sobre mi madre. Hable con ella). Además hay
que destacar la importancia del gran y variado número de directores vascos como Montxo
Armendáriz (Tasio), Juanma Bajo Ulloa (Alas de Mariposa) e Imanol Uribe (El proceso de
Burgos). A ellos se les uniría más tarde Julio Medem o el propio Alex de la Iglesia (El día de la
bestia). Finalmente otro ejemplo de la vitalidad del cine español, a veces no refrendada
cuantitativamente por los espectadores españoles, la creación de una Academia y, sobre
todo, de unos premios, los Goya, con transcendencia pública innegable desde 1987.
La repentina libertad de expresión, una intensa actividad editora y el aumento del nivel de
vida y la formación de los españoles trajo un importante desarrollo literario. Entre la gran
cantidad de estilos y tendencias podemos citar el desarrollo de la novela negra con el primer
Eduardo Mendoza (La verdad sobre el caso Savolta) o la serie del detective Pepe Carvalho
del barcelonés Manuel Vázquez Montalbán. La novela histórica fue cultivada por Antonio
Muñoz Molina (Beltenebros), Julio Llamazares (Luna de lobos) y más recientemente por
Javier Cercas (Soldados de Salamina) y Manuel Rivas (El lápiz del carpintero)
Se produce, también, la expansión de una novela comercial de cierta calidad contenida en
las obras de Arturo Pérez-Reverte (la serie del capitán Alatriste) o Antonio Gala que da
mucha importancia en sus tramas a las historias pasionales (La pasión turca). En un sentido
contrario estaría la obra más intimista y de estilo minucioso de Javier Marías (Todas las
almas), Juan José Millás (La soledad era esto) o Félix de Azúa (Historia de un sentimental
contada por sí mismo).
A destacar finalmente la obra de numerosas escritoras de calidad como Almudena Grandes
(Las edades de Lúlú), Rosa Montero (Crónica de un desamor) o la más reciente Dulce
Chacón (La voz dormida).
Que España era un país que había transformado ampliamente su mentalidad religiosa en otra
mucho más secular era algo que muchas estadísticas reflejaban. Eso, unido a un enorme
deseo de diversión y transgresión, configuran el fenómeno cultural y de mentalidades
llamado la movida que consiste en una manera intensa de vivir la vida a través de la creación
y la diversión (donde no faltaba el recurso a las drogas especialmente la heroína que se
llevaría con ella a numerosos personajes de la época) que surgían por todas partes.
Empieza articulándose en torno a la música, apoyada por el deseo de las autoridades
municipales de ofrecer nuevas maneras de expresión, con grupos como el mítico Kaka de
Luxe que daría lugar a Alaska y los Pegamoides con unas letras increíblemente
transgresoras. De esa misma época es Nacha Pop, el grupo de Antonio Vega y su “chica de
ayer”; Radio Futura con Santiago Auserón otro valor indiscutible de la nueva música, Los
Secretos o los gallegos de Siniestro Total. También se relacionan con la movida los fotógrafos
Ouka Lele o Alberto García-Alix (aunque desde perspectivas bien distintas: más onírica ella;
más realista él), el ya citado Almodóvar, los literatos Eduardo Haro Ibars (autor de numerosos
artículos y canciones de grupos tan famosos como la Orquesta Mondragón) o el poeta Luis
Antonio de Villena.
Otra evolución de las mentalidades dentro de esa secularización de la que hemos hablado es
el triunfo amplio del consumo que ya no sólo abarca los aspectos básicos de la vida (desde
una aspiradora a un coche) sino que se ha convertido en un fin en sí mismo: comprar lo
último que exista en el mercado por el mero hecho de tenerlo algo especialmente importante
en el campo de la electrónica de pequeño tamaño (MP3) o en el de la telefonía móvil como
dos ejemplos de las últimas tendencias.
También es típico de la mentalidad actual y contrasta con lo que era fundamental en la
Transición es el olvido de la política como preocupación colectiva llegando incluso a
momentos de absoluta crítica generalizada lo que no impedirá que las cifras de la
participación en las elecciones no sean aún muy bajas.
Frente a ello como hemos dicho, el consumo. Por ejemplo el fenómeno de la prensa y la
televisión rosas, los programas de telerrealidad o el todopoderoso fútbol que alcanzarían
cifras enormes de ventas y audiencias y que es, sin duda, una de las señas de nuestra
cultura popular y que muestra el éxito del consumo desideologizado y de masas.

16.1. La transición a la democracia. La Constitución de 1978. Principios constitucionales y desarrollo institucional. El estado de las autonomías y su

D. Juan Carlos I había llegado a ser rey a partir de las leyes de Franco y su deseo era
establecer una democracia sin que estallara una nueva guerra civil. Esto no era fácil porque,
a pesar de haber mantenido contactos directos o indirectos con los entonces ilegales
partidos políticos de oposición, éstos no confiaban en él. Tampoco los propios seguidores de
Franco lo hacían e, incluso, estaba el problema de su no legitimidad dinástica ya que ésta
pertenecía a su padre D. Juan, Conde de Barcelona, exiliado en Estoril (Portugal).
Su primer gobierno lo preside Carlos Arias Navarro heredado del último gobierno de Franco.
Arias acepta nombrar como ministros a algunas personas que habían manifestado su
posición favorable a una mayor reforma del régimen, caso de Fraga, ministro de la
gobernación, o de Areilza, ministro de asuntos exteriores. Con éstos y otros intentó
pequeñas reformas, traducidas en un primer indulto a presos políticos o la legalización de
algunos partidos (excluyendo a los nacionalistas y los comunistas) que permitían un lavado
de cara y no una transformación auténtica del franquismo algo que no aceptaba la
oposición por entonces agrupada en un organismo unitario, Convergencia democrática, que
propugnaba la “ruptura democrática”, es decir, el final del régimen con el reconocimiento de
todos los partidos y sindicatos así como una amplia amnistía y elecciones generales.
El encastillamiento de Arias y la mayor influencia de los grupos opositores cuyas huelgas y
protestas se extendieron por todo el país hicieron que el Rey viera necesario forzar la
dimisión de su primer ministro y su cambio por Adolfo Suárez, nombramiento que en un
principio causó una enorme sorpresa ya que éste era el ministro del movimiento, es decir el
del partido único heredado del franquismo.
Sin embargo éste, apoyado decisivamente en la presidencia de las Cortes y del Consejo del
Reino por otro franquista de larga trayectoria, Torcuato Fernández Miranda, conseguiría una
transición democrática basada en una reforma desde dentro del sistema.
Para ello elaboran una Ley para la Reforma Política que estableció un futuro de partidos
legales, cortes bicamerales y elecciones por sufragio universal que consiguieron hacer
aprobar en las Cortes a pesar del origen franquista de éstas que procedieron a su “suicidio
político” pues haciendo aquello sabían que muchos de ellos nunca volverían a ser elegidos.
Se procedió a una muy amplia amnistía, que incluía a presos de ETA con delitos de sangre, y
a legalizar algunos signos del nacionalismo tradicional como la ikurriña vasca o la Diada (día
nacional) catalana.
A la hora de reconocer los distintos partidos hubo bastantes problemas con el PCE
especialmente mal visto en los sectores militares por su papel en la Guerra Civil española y la
posterior oposición al régimen franquista. A pesar de ello, y por sorpresa, éste fue legalizado
en la Semana Santa de 1977 es decir pocos meses antes de las primeras elecciones democráticas celebradas el 15 de junio de ese año en un ambiente claramente legítimo, el
padre del Rey había cedido también a éste sus derechos históricos a la Corona, y
democrático.
El nuevo partido fundado por Suárez, la UCD (Unión de Centro Democrático, un
conglomerado de pequeños partidos liberales, demócrata cristianos y azules (procedentes
del antiguo movimiento) ganó las elecciones aunque debido al crecimiento del PSOE no
consiguió mayoría absoluta lo que hizo necesario un consenso para elaborar la nueva
Constitución.
Al mismo tiempo que se hacía esto se restauraron los organismos pre-autonómicos para
Cataluña, dirigido por el antiguo Presidente de la Generalidad Josep Tarradellas, y el P.
Vasco. La Constitución sería finalmente aprobada en octubre del 78 y posteriormente
validada en un referéndum celebrado en diciembre del mismo año.
Tras las elecciones del 15 de junio de 1977 los grupos políticos representados en el
Congreso designaron a 7 personas que se constituyeron en ponencia con el fin de redactar
un primer texto como proyecto de Constitución. Los siete miembros de la ponencia
representaban proporcionalmente a los diputados con escaño parlamentario: 3 de la UCD
(Gabriel Cisneros, Miguel Herrero y Rodríguez de Miñón y José Pedro Pérez Llorca), uno del
PSOE (Gregorio Peces-Barba), uno del PCE (Jordi Solé Tura), uno de Alianza Popular
(Manuel Fraga) y uno en representación de las minorías vascas y catalana. El PSOE habría
tenido derecho a un diputado más pero renunció a él para dar cabida a otro diputado de otra
corriente.
La Constitución se redactó y pasó por el Congreso y el Senado entre enero de 1978 y
diciembre del mismo año fecha en la que se publicó en el BOE después de ser aprobada en
referéndum por los ciudadanos salvo en el País Vasco donde lo hizo en minoría debido a la
presión ejercida por el PNV que no estaba de acuerdo en que Navarra se constituyera en
territorio independiente y se exigiera un referéndum (disposición transitoria cuarta) para dicha
incorporación.
La palabra clave que marcó la elaboración del texto fue la de consenso redactándose varios
artículos con una deliberada ambigüedad que permitiera interpretaciones dispares
aplazándose las discusiones más conflictivas para el futuro. Así pasó en el caso de la
educación, el aborto o la intervención del estado en la Economía. A pesar de ello del
consenso se rompería al tratar algunos de estos temas como el relativo a la educación (que
contenía una alusión a la formación religiosa) donde el representante del PSOE abandonaría
la ponencia. Otros incidentes menores y algún punto muerto al que llegaron otros temas
fueron solucionados por la acción conjunta de Fernando Abril Martorell (UCD) y Alfonso
Guerra (PSOE), los números dos de sus partidos en esos momentos, que contribuyeron al
citado consenso aunque esto no ocurriera sin que los partidos menores protestaran por
entender que se les marginaba a ellos de debates importantes.
Retoma la tradición liberal del s. XIX y la republicana de 1931 interrumpida con la España de
Franco a las que se unen distintos aportes procedentes de otros textos europeos
contemporáneos.
Su capítulo más extenso es el referido a los derechos y deberes fundamentales algo que
refleja el espíritu del momento en que se hizo, es decir la salida de una dictadura. Entre otros
se recogen artículos que establecían la abolición de la pena de muerte, salvo en caso de
guerra, la condena de la tortura, el reconocimiento a la objeción de conciencia y la
aconfesionalidad del Estado por más que se dé un cierto trato especial a la religión católica,
la mayoritaria en el país.
Hay también varios artículos relativos a garantías jurídicas como la obligatoriedad de la
presencia del abogado y la de comunicar al preso las razones de su detención y los
derechos que posee. Se reconoce, además, el derecho a no declarar cuando el testimonio
perjudica a uno mismo o la presunción de inocencia, derechos todos ellos sólo limitados en
casos excepcionales como los de excepción, sitio, o guerra.
La parte final de este título se refiere a derechos colectivos que intentaban sentar las bases
de una dirección correcta de cualquier política gubernamental: enseñanza (gratuita y
obligatoria), salud, vivienda, ocio, etc. También aquí se reconocen dos derechos largamente
perseguidos en el país: el derecho a sindicarse libremente (aunque con limitaciones para
funcionarios y miembros del ejército y la policía) y el derecho a la huelga. Finalmente hay una
alusión al derecho a la propiedad matizado por la posibilidad de la expropiación cuando ésta
sea de “utilidad política o interés social”.
Los poderes concedidos a la Corona son más bien escasos ya que casi siempre aparecen
limitados a lo que decidan Cortes o gobierno con la excepción del mando supremo de las
Fuerzas Armadas atribuido al Rey. Mucha mayor trascendencia es el peso de las Cortes,
bicamerales (Congreso de los Diputados y Senado) y elegidas por sufragio universal, libre y
secreto. La Constitución además, regula los trámites básicos para la elaboración de las
leyes tanto de aquellas producidas por el legislativo como de las procedentes del ejecutivo,
vía decreto-ley, o incluso del referéndum limitado por la necesidad de un importante número
de firmas (500.000) y por no ser vinculante en relación con ciertos temas.
El poder ejecutivo reside en el gobierno del que se especifican las posibles
incompatibilidades de sus miembros así como el mecanismo para su elección o cese
(moción de censura). El poder judicial reside, a su vez, en los tribunales de justicia
controlados por un organismo superior, el Consejo General del poder Judicial. Sobre este
poder destacan cuestiones como su gratuidad para aquellos que no posean dinero, la
obligatoria publicidad de sus actos o la oralidad, insistiendo en que los juicios deben ser
siempre públicos o ante testigos.
El origen de las autonomías es el título VIII a la vez el más novedoso y el más conflictivo
(incluso en la actualidad). Se refiere a la organización del estado y contempla la posibilidad
de que las distintas provincias se constituyan en Comunidades Autónomas cuyas
competencias, y las del estado central, son profusa y extensamente descritas lo que no ha impedido conflictos importantes en temas relacionados con las diferentes policías
autónomas, los temas de financiación, los relativos a la Seguridad Social y lo s educativos.
Estableció así mismo una doble vía de acceso a la autonomía, la del artículo 143, vía lenta, y
la del 151 o vía rápida establecida en principio para las tres autonomías que ya habían tenido
estatuto, Cataluña, Euskadi y Galicia a las que se uniría Andalucía tras el proceso iniciado en
el 1979 cuando el 97% de los ayuntamientos andaluces pidan la autonomía. Además estas
autonomías tendrían antes mayores competencias aunque no se excluía que al final del
proceso las restantes hubieran alcanzado su mismo techo.
La razón que motiva esta dualidad es, al margen de consideraciones históricas, la necesidad
de UCD tras las elecciones de junio del 1977 de apoyos parlamentarios que los partidos
nacionalistas vasco y catalán le prestarán. En el caso vasco se pensaba, además, que la
aprobación del estatuto desactivaría el terrorismo, algo logrado a medias ya que si bien se
disolvieron los “polis-milis” de ETA, la rama militar siguió funcionando.
Además se restablece la Generalitat catalana en octubre del 79 (hecho en el que la labor de
mediación del presidente exiliado Tarradelllas tiene gran participación) y se crea el Consejo
general del P. Vasco en diciembre de ese mismo año. Los estatutos respectivos se
aprobarían en el 79 añadiéndose a ellos el gallego en el 80.
En general se puede decir que la Constitución quedó como un modelo más próximo al
federalismo, sin serlo, que a al tradicional centralismo. Las diferencias entre los gobiernos
centrales y autonómicos marcan buena parte de la actividad política española con
momentos tan importantes como la LOAPA (Ley Orgánica de Armonización del Proceso
Autonómico) que intentó encauzar con mayor lentitud el proceso, tras el golpe de estado del
23 de febrero de 1981,aunque luego quedaría como una ley sin aplicación.
En el trayecto de estas autonomías destaca la evolución de la Comunidad Autónoma Vasca
donde por dos veces la tendencia soberanista del PNV, el partido mayoritario del gobierno,
ha intentado conseguir un referéndum en el que los vascos expresaran su conformidad o no
a seguir unidos con España.
Este proyecto, en el que se ha involucrado personalmente el lehendakari Juan José Ibarretxe
ha encontrado el freno de las Cortes Generales que no han dado su autorización a la
celebración del mismo tal y como la ley preveía y está aparcado por el relevo en la
orientación del gobierno por el pacto PP-PSOE es decir la unión del mundo
constitucionalista de Euskadi.
Fuera de este caso extremo otras autonomías han iniciado un proceso de renovación de sus
estatutos al cumplirse 25 años de su vigencia caso del País valenciano, Andalu cía o
Cataluña. Este último es el que ha despertado mayor conflictividad al estimarse que la
reforma hecha por la cámara catalana ofrecía un resultado de máximos por lo que los
partidos de las Cortes españolas rebajaron considerablemente sus expectativas lo que no
impidió la aprobación del mismo en un referéndum, eso sí, con poca participación.
Hoy en día el Estatut sigue en el centro, junto con las cuestiones de financiación, de la
discusión política autonómica, al llevar 3 años en el Tribunal Constitucional un recurso
presentado por el PP sobre su legalidad. Algunas filtraciones de prensa hablan de problemas
sobre cuestiones relativas a la soberanía o la obligatoriedad del conocimiento del catalán
como puntos más discutidos.

15.3. Elementos de cambio en la etapa final del franquismo. La oposición al régimen. Evolución de las mentalidades. La cultura.

El desarrollo económico de los años 60 transformó una país que tenía rasgos que le
acercaban a una estado latinoamericano a otro más próximo a los europeos si bien siempre a la zaga de los más desarrollados. Cambio económico que traería transformaciones sociales
que repercutirían en la evolución política.
Entre aquellas destaca el comportamiento demográfico. En la mortalidad desde los años 50
y en la natalidad en años posteriores entre otras cosas por la generalización de matrimonio
más tardíos.
Otros cambios se relacionan con las migraciones interiores. Cuatro millones de personas
cambiaron sus domicilios con la esperanza de encontrar lugares con mejores recursos
económicos y posibilidades de desarrollo: se produce el traslado de jornaleros y, en general,
campesinos hacia los núcleos urbanos, es decir hacia formas de vida diferentes, más libres y
con mayores posibilidades de promoción personal.
Geográficamente hablando tenemos una redistribución de población hacia la periferia, P.
Vasco y Cataluña, y hacia zonas interiores como Madrid o el eje del Ebro. Los cambios
acontecidos a estos emigrantes son además de espaciales y de hábitat, ocupacionales
expandiéndose el sector servicios y el industrial (40 y 38 % cercana ya la muerte de Franco) y
decayendo el agrícola.
Además se produjo la mayor incorporación de la mujer al trabajo (aunque lejos aún de las
cifras europeas) y una expresión muy fuerte de ese deseo de mejoras como se deduce de la
importancia del pluriempleo o lo corriente de jornadas superiores a 10 horas diarias. La
mejora económica traería un fuerte aumento de la renta “per cápita” y de los salarios reales
reflejado éste en el despegue del consumo: automóviles, teléfonos, consumo de carne,
televisiones, frigoríficos, lavadoras se generalizan de tal manera que en el momento de morir
Franco rondaban el 80% de la población, constituyendo los bienes de una importante clase
media más o menos acomodada, clave en lo que vendría después.
Sobre este panorama de desarrollo y esfuerzo cayó la crisis de 1973, la primera gran crisis
relacionada con el aumento súbito de los precios del petróleo que repercutió muy
negativamente en la balanza de pagos debido a la gran dependencia energética exterior y
que además frenó la expansión económica internacional de la que tanto dependía España
que perdió de repente inversores de capital extranjero, ingresos del turismo exterior y
remesas de emigrantes que tanto habían hecho por nuestro desarrollo anterior.
Así aumentó de forma notable el paro y la inflación con lo que esto supuso de pérdida de
nivel de vida. Vuelven los emigrantes de Europa agravando aún más esta situación que
estaría activa hasta mediados de los 80 (en 1979 hay una nueva crisis de precios petrolífera)
es decir que influyó de lleno en la transición democrática al destruir la ecuación Régimen/
progreso justo en el momento de la desaparición del dictador, algo que sin duda contribuiría
notablemente a la recepción de la democracia como una nueva solución, deseada por otra
parte, a los problemas económicos del país: los últimos años de Franco se viven entre
cierres de fábricas, manifestaciones laborales (a menudo politizadas mostrando la
concordancia de la democracia con las mejoras económicas) y un aumento espectacular de
las cifras del paro.
Cambios sociales y mala situación económica son dos patas de una mesa a la que le faltan
los movimientos políticos para describir la situación del país en 1975, Los de la oposición se
citan en sitio distinto pero los breves y cortos intentos del régimen por cambiar las
estructuras del poder se verán aquí.
En todos los años 60 funciona el binomio inmovilismo político/desarrollo económico con la
sola excepción de la Ley Fraga que eliminaba la censura previa pero no las multas,
suspensiones y cierres de periódicos como le ocurrió al desaparecido Madrid.
Mucho más tarde hay que hablar del denominado espíritu del 12 de febrero, un intento del
presidente Arias Navarro por abrir algo el país tras la muerte de Carrero Blanco: asociaciones
políticas limitadas por los Principios del Movimiento (al frente de la más importante la UDPE
estaría Adolfo Suárez un personaje clave de la transición), promesa de leyes municipales que
permitiesen la elección de alcalde y diputaciones provinciales, reformas sindicales que no
iban más allá de un formalismo con poco contenido real. La prueba de lo corto del esfuerzo
es la dimisión, hecho insólito en el Franquismo, de dos ministros “aperturistas” del propio
gobierno nombrado por Arias Navarro (Barrera de Irimo el importante ministro de Hacienda y
Pío Cabanillas). Aun así los sectores más conservadores protestaron contras las reformas y
comenzó a hablarse del búnker, es decir de aquellos dispuestos a mantener el estátus
político existente más allá incluso de la propia muerte de Franco.
La oposición al régimen, aunque nunca tuvo una incidencia mayoritaria en el conjunto de la
sociedad española, no dejó de manifestarse a lo largo de todo el periodo franquista. Durante
los años posteriores a la II Guerra Mundial, el PCE intentará provocar el fin del régimen
mediante la actuación de una guerrilla armada, el maquis, cuya incidencia en el conjunto de
la población fue muy escasa, siendo desarticulada por la guardia civil. En la década de los
cincuenta, se producirán esporádicos episodios de oposición estudiantil y de huelgas
obreras que pondrán de manifiesto la incomodidad de determinados sectores sociales con el
régimen, aunque apenas alterarán la estabilidad del mismo.
Con el desarrollo económico se multiplicó la actividad de la oposición. Las tendencias de
ésta eran variadas. Por una parte, la oposición democrática, formada por monárquicos,
liberales y democristianos, que en 1962 denunció desde Munich el carácter antidemocrático
del régimen, que presentó la reunión como un contubernio masónico antiespañol. Por otra,
la principal oposición comunista, que cristalizó en su entorno a la mayor parte de la
resistencia interior al franquismo. Sus ámbitos de actuación preferentes fueron la universidad
–cuya actividad opositora no decreció hasta la muerte de Franco, y donde se alcanzó la
mayor tensión en 1965, cuando el régimen reaccionó expulsando de las cátedras a
numerosos profesores que apoyaron las movilizaciones estudiantiles– y el mundo laboral –
donde se observa un progresiva politización desde 1967, convocándose huelgas políticas.
La creación de las comisiones obreras, sindicatos clandestinos, sirvió de plataforma a la
actividad comunista contra el régimen en el ámbito laboral. Esta oposición fue más evidente
en Barcelona, País Vasco, Asturias o Madrid–.
También los movimientos nacionalistas actuaron contra el régimen. Especial importancia fue
la aparición del movimiento terrorista ETA, en sus dos ramas –militar y político-militar–, que
desde finales de los años 60 actuaría contra las fuerzas de seguridad del Estado. El proceso
de Burgos, en 1970, donde se juzgó y condenó a muerte a seis terroristas de ETA, fue un
éxito propagandístico de la banda, que logró el indulto de sus miembros como consecuencia
de las movilizaciones contra el juicio tanto en el interior como en el exterior del país.
También en los últimos años del franquismo, perdió el régimen el apoyo de uno de sus
pilares, la Iglesia católica que se convierte en oposición algo de lo que hablaremos ahora al
hablar de la evolución de las mentalidades.
Todo este marco económico, social y político se vio ayudado en los acontecimientos de la
transición por los cambios de las mentalidades. Uno de estos tiene que ver, según Javier
Tusell, con la evolución del catolicismo en España
Este papel de la religión como motor de cambio en lo político tiene que ver en nuestro país
con la recepción del Concilio Vaticano II: dado el poder social de la Iglesia en los años 50
difícilmente otra institución podía haber desempeñado un papel semejante.
En efecto el nacional-catolicismo de la posguerra más que una forma teológica fue la
mentalidad que mejor encajó con los ganadores de la guerra Civil: estrechamente vinculada
al estado e “insaciable” en el sentido de que el catolicismo español era el más puro y que
todas sus manifestaciones debían ser particularmente ortodoxas.
Además el catolicismo de posguerra era sincero y tuvo entre otras manifestaciones una
intensa movilización a través de las asociaciones de apostolado pero también en relación
con las Hermandades Obreras de Acción Católica o con la Juventud Obrera Católica que ya
en los años 40 chocaba con las entidades sociales oficiales.
Este fenómeno se prosigue en los años 50 con una autocrítica social en general en círculos
intelectuales que tienen como ejemplo las conversaciones de San Sebastián y Gredos a las
que aparecen asociados intelectuales como Aranguren, Marías o Pedro Laín Entralgo
anticipando lo que sería el impacto del Concilio Vaticano II con una crítica al catolicismo
como forma parapolítica al proporcionarle al Régimen cuadros a través de una de sus
familias más destacadas.
El Concilio Vaticano II es el que da significado a estas posturas a pesar de la escasa
participación española en el mismo, un 5% de los padres conciliares que no actuó además
coordinadamente ,y que en general se identificó con la línea más retardataria por ejemplo en
cuestiones de libertad religiosa, algo inadmisible para algún obispo y que se tradujo en las
malas condiciones de las iglesias protestantes: problemas con las versiones de sus biblias,
ceremonias no públicas, lugares de culto sin rótulos, etc. situación que se modificaría en
1967 con una Ley de Libertad Religiosa que paliaba algo la situación.
Hay que decir que esto no debe extrañar pues en 1966 2/3 de los obispos tenían más de 60
años y sólo tres eran menores de 45. La inmensa mayoría procedían del mundo rural y
habían sido ordenados antes de la Guerra Civil. Frente a esto en el período 1965-71 se
nombraron 42 obispos nuevos y muchos más auxiliares por las disparidades entre
autoridades eclesiásticas y civiles. Este cambio en la jerarquía por una generación más joven
y con una mentalidad nueva hizo que cambiara el sentido de sus enseñanzas algo en lo que
la propia Roma y el propio pontífice Pablo VI, tuvieron que ver desde el primer momento
insistiendo en la importancia de la justicia social en la doctrina de la Iglesia. Igualmente algo
se movía en España cuando en 1971 una asamblea de obispos y sacerdotes
se mostraba partidario de pedir perdón por no haber sido instrumento de reconciliación entre
los españoles.
O cuando en 1972 un documento de la Conferencia Episcopal insistía en la transformación
de las estructuras sociales, en la falta de libertad o la incompatibilidad de la fe con un
sistema que no busque la libertad, la igualdad y la participación. Es difícil exagerar el papel
de la Iglesia que, junto con la prensa, hizo un papel mayor que el de cualquier institución
social para la recuperación de la España real.
El Régimen, por su parte, reaccionó de una manera peculiar ante este nuevo frente que se le
abría con las transformaciones eclesiásticas intentado mantener el nacional-catolicismo
nombrando a algunos obispos Consejeros del Reino o Procuradores en Cortes o
prometiéndola todo lo que quisiera siempre que fuera nuestro principal apoyo en palabras del
almirante Carrero al cardenal Tarancón.
El desligamiento ya se había producido y sin marcha atrás empezando en aquellas regiones
donde históricamente el catolicismo había tenido un talante más avanzado como es el caso
de los sacerdotes vascos y catalanes. Además a mediados de los 60 ya era corriente
encontrarse en la prensa noticias de suspensión de reuniones de tipo religioso, registros o,
en último extremo de encarcelamientos en la cárcel exclusiva de Zamora.
La intercesión por los condenados en el proceso de Burgos o el intento de expulsión de
España del arzobispo Añoveros son los dos momentos más álgidos de este desacuerdo. La
iglesia católica había realizado su transición superadora de la guerra civil antes de que tuviera
lugar el cambio político e incluso el propio cambio social que posibilitaría éste.
Lo difícil es saber hasta qué punto influyeron todos estos cambios en la mayoría católica del
país y si se anticipó la iglesia o más bien constató y se puso al lado de unas
transformaciones que, sin duda, se estaban produciendo a la búsqueda de una mayor
libertad y una sociedad más justa.
Estos cambios consistentes en adoptar nuevos gustos, modas y costumbres procedentes
de Europa se habían introducido a través de dos vías: el creciente número de turistas que
llegaban a las zonas costeras de nuestro país donde el Régimen permitió actitudes y
prácticas normales en Europa pero que chocaban con la moral conservadora de la época.
Los emigrantes en Europa que, cuando regresaban, de vacaciones o definitivamente, traían
consigo una nueva mentalidad transmitiendo su fascinación por el nivel de vida europeo.
Incluso el propio Régimen contribuyó a aumentar la admiración por Europa con sus
iniciativas permanentes para integrar a España en la CEE convirtiendo a éstas no sólo en un
modelo económico sino también de libertades políticas y formas de vida que los españoles
aspiraban a alcanzar. Resultado de esto fue el surgimiento , especialmente en la juventud
urbana, de una mentalidad opuesta a la autoritaria y conservadora de los años 40 y 50 que
se resumía en un afán de libertad moral, cultural y política que empujaba hacia la
democracia.
La cultura franquista, siempre mediatizada por la censura, significó el rechazo de toda
modernidad y una vuelta a la cultura tradicional con el denominado nacional-catolicismo. En
esos primeros años fue muy difícil saber lo que se hacía en el extranjero pues la entrada de
productos culturales estaba fuertemente vigilada y su difusión por la prensa imposible pues la
ley de censura implantada en plena guerra en 1938 seguía aún vigente.
Sólo podían publicar aquellos relacionados con el Régimen como José María Pemán,
Agustín de Foxá, Dionisio Ridruejo o Pedro Laín Entralgo aunque estos dos últimos
abandonarían con el tiempo sus posiciones falangistas por otras más críticas con el
Régimen. Antes de eso participarían de la religiosidad, el espíritu patriótico, el heroísmo
militar o la reivindicación de un pasado imperial idealizado –desde los Reyes Católicos hasta
el Siglo de Oro- del que el Franquismo se consideraba heredero y continuador.
En el exilio se continuó la gran tradición cultural que venía de los años 20 y la II República
con debates como el de Américo Castro y Claudio Sánchez Albornoz sobre la esencia de
España o la fundación por exiliados de la editorial Fondo de Cultura Económica en México
con obras de los principales humanistas de la época. Se mantienen también publicando
Cernuda o Salinas (poetas del 27) Ramón Sender, Max Aub , Casona y el músico Manuel de
Falla. Desde otra perspectiva más liberal destaca la obra de Salvador de Madariaga y el
menos conflictivo José Ortega y Gasset cuya obra fue tolerada por el Régimen (lo que le
permitió la vuelta al país) como también aceptaba a algunos vestigios del 98 como Azaña,
Baroja y Menéndez Pidal.
Además de algunos amagos muy aislados como la Historia de una Escalera de Buero Vallejo
(que había estado preso en la cárceles de Franco) o la revista España de poetas sociales
como José Hierro, Blas de Otero o Gabriel Celaya no es hasta los años 50 y 60 cuando
comienza lo que se ha denominado “cultura de la oposición”: escritores partidarios del
realismo social, es decir de la literatura (y, en su caso, Arte) como instrumento de crítica
social y política: Rafael Sánchez Ferlosio (El Jarama) Juan Goytisolo, Juan Marsé, Luis Martín
Santos que define toda una época con su libro Tiempo de Silencio) o los poetas Carlos
Barral y Gil de Biedma.
Además de los ya citados son importantes los nombres de Camilo José Cela (La familia de
Pascual Duarte, La colmena) y Miguel Delibes (El camino, Las ratas) más aceptados por el
Régimen a pesar de presentar una visión social bien dura de las miserias de la época.
También hay que añadir la obra de los cineastas J.A. Bardem (Calle Mayor) y Luis García
Berlanga (Bienvenido Mr. Marshall), los pintores rompedores de grupo El Paso (Tapies, Saura)
o la obra de Eduardo Chillida todos ellos muy relacionados con las corrientes mundiales y
alejados del neofigurativismo de la época.
Se puede decir que a mediados de los 60 y hasta el final de sus días el régimen vivió al
margen de la cultura real que había desbordado el estrecho margen que se había querido
imponer y mostraba su protesta contra el Régimen mediante el ejercicio de una libertad
creativa anticipándose a lo que después habría de venir: se mantienen activos los autores ya
citados y aparecen otros diferentes como, por ejemplo, los poetas denominados novísimos:
Gimferrer, Molina Foix o Leopoldo María Panero más relacionados con lo imaginativo y lo
experimental.

15.2. La consolidación del régimen. Las transformaciones económicas: De la autarquía al desarrollismo. Los cambios sociales.

El boom económico de los años 60 en la Europa Occidental llegó también a España y será el
responsable, junto a los planes de desarrollo y la liberalización de la economía posterior al
Plan de Estabilización que dejaba atrás el mercado negro, el estraperlo y la autarquía en
general, de un crecimiento importante del PIB. La apreciación de la moneda y el aumento de
divisas, factor este último del que también son responsables las remesas de los emigrantes
en el exterior y el turismo extranjero que comenzaba ahora su andadura.
Desarrollo económico y transformaciones sociales: crecimiento de la población y emigración
a las ciudades de los jóvenes agricultores donde les esperaba el comienzo de la sociedad
del bienestar: vivienda, coche, mejores salarios, educación y sanidad más amplias,
electrodomésticos, etc. Este crecimiento material y su traducción social juegan a favor del
régimen al despolitizar a muchos ciudadanos que aceptan cambiar falta de libertades por
consumismo aunque sea éste incipiente.
Y ello a pesar de que los hijos de los contrincantes de Franco en la Guerra y la inmediata
posguerra han tomado el relevo en la Universidad y en el mundo laboral: es el momento del
declive del SEU y el nacimiento de C.C.O.O. en Asturias. Aún así y todo su discordancia cala
poco en la sociedad y no tiene repercusión alguna en los entes oficiales más preocupados
ahora por la sucesión
Franco que acabaría convirtiendo a Juan Carlos de Borbón en príncipe heredero.
En el exterior, y después del doble reconocimiento del Vaticano y los USA (este último muy
relacionado con el momento de guerra fría que vive el mundo) España sigue entrando con
más o menos brillantez en los organismo internacionales del entorno. De el todavía escapará
las públicamente rechazadas y privadamente deseadas CEE con las que apenas se lograría
una acuerdo preferencial de aranceles que paliaría la frustración de no ser aceptados allí
donde una dictadura no podía serlo, algo que, ni remotamente, pone en duda a un régimen
plenamente consolidado.
La evolución económica de España entre 1939 y 1959 se va a desarrollar bajo el signo de la
autarquía. La política autárquica llevada a cabo por el régimen, de inspiración fascista, fue un
completo fracaso, sin apenas crecimiento económico durante la década de los años
cuarenta. La política autárquica va a ser incapaz de recuperar el tejido productivo destruido
durante la guerra civil –destrucción que afectó sobre todo al sector agrario, pero también al
industrial, energético e infraestructuras– debido a sus limitaciones ideológicas –negación del
mercado– y a las dificultades que el aislamiento produjo a la economía española. La inflación
se disparó –creciendo hasta el 234% en 1941, tomando como referencia los precios de
1930–, la cotización de la peseta se desplomó y las divisas desaparecieron. La política
autárquica era incapaz de abastecer los mercados de productos básicos, lo que estimuló la
aparición de un activo mercado negro.
El régimen franquista apostó por la industrialización, creando en 1941 el Instituto Nacional de
Industria (INI), cuya labor, lastrada por el intervencionismo y la burocracia, fue escasamente
eficaz. Paralelamente se nacionalizaron las comunicaciones telefónicas, el transporte aéreo y
las explotaciones mineras, en unas prácticas intervencionistas que impedían cualquier
recuperación. De igual modo, el estado intentó reactivar la economía mediante la aplicación
de un programa de obras públicas que encontró en la construcción de pantanos su principal
plasmación.
En una situación de quiebra económica, se presentó en 1959 el plan de estabilización. El
plan era una operación para sanear, liberalizar y racionalizar la economía española. El plan
pretendía, en un primer momento, frenar la inflación y rescatar a la peseta. Se bloqueó el
gasto público y se favoreció la inversión extranjera –España había ingresado en 1958 en la
Organización Europea de Cooperación Económica y en el Fondo Monetario Internacional–.
Los resultados del plan no tardaron en llegar. Tras una inicial contracción del consumo y de la
inversión y un aumento del paro –en 1960 comenzaría el éxodo masivo de trabajadores hacia
Europa–, la economía española se recuperó. El Estado contó con superávit ya en 1959, las
reservas de divisas aumentaron rápidamente; la devaluación de la peseta favoreció el turismo
–que se convertirá en el nuevo motor económico– y redujo también el déficit comercial.
El Plan de Estabilización inició una etapa de desarrollo económico como no se había
conocido en la historia de España. La coyuntura económica internacional ayudó a este
despegue de la economía española que entre 1961 y 1964 creció a un ritmo del 8,7% anual.
Crecimiento equilibrado y que se manifestó especialmente en la industria y en los servicios.
La inflación se contuvo, no superando el 5%, a la vez que crecían los salarios reales entre un
8 y un 11% anual. Estos resultados del Plan de Estabilización llevaron a los dirigentes
franquistas a un intento de dirigir el crecimiento mediante la puesta en marcha de los Planes
de Desarrollo –cuatrienales, tres en el periodo 1964-1975–. El primero de ellos entró en vigor
en 1964 y aspiraba a frenar la incertidumbre que podía existir en los inversores sobre un
posible retorno a la autarquía, indicando la firme voluntad del régimen de entrar por la senda
del desarrollo. El Plan de Desarrollo pretendía trasvasar el impulso económico del Estado a la
iniciativa privada, utilizando como instrumentos las acciones concertadas entre el gobierno y
las empresas y los polos de desarrollo. No obstante, el Plan de Desarrollo no dejaba de ser
una forma de intervencionismo estatal y sus resultados no fueron los esperados. El
crecimiento continuó, pero a un ritmo menor que con anterioridad (5,6% anual), la inflación
se disparó (14%) e, incluso, la balanza de pagos arrojó en 1965 un saldo deficitario, algo que
no ocurría desde 1959. El desarrollo de estos años fue espasmódico, alternándose periodos
de desarrollo con otros de estancamiento. Tal situación ha llevado a decir al economista José
Luis Sampedro que España creció «a pesar de los planes de desarrollo, y no por ellos».
No obstante los altibajos, el desarrollo de estos años fue real, aunque desequilibrado,
centrándose en Cataluña, País Vasco, Madrid y en torno a las principales ciudades del país.
La producción industrial creció; por ejemplo, la producción de acero llegó a 7 millones de
toneladas en 1970, el doble de la producida en 1965; la producción de automóviles llegó a
450.000 en ese año, diez veces más que en 1960. El Seat Seiscientos se convirtió en el
símbolo de esos años, tanto del despegue económico español como de la creciente
prosperidad material.
La industria, además, se modernizó. La minería y la industria textil, tradicionales líderes de la
industria española, perdieron importancia. En 1970, la principal industria española era una
empresa de automóviles, Seat, y, entre las diez primeras industrias del país, había siderúrgicas (Altos Hornos de Vizcaya y Ensidesa), petroleras (Cepsa y Repsol), de
construcción naval (Astilleros Españoles) y químicas (Riotinto y Butano).
El desarrollo transformó la estructura económica del país. España dejó de ser un país
agrario. En 1960 la agricultura representaba el 24% del PIB y empleaba al 42% de la
población activa (cerca de cinco millones de personas); diez años más tarde, estos
indicadores se habían reducido al 13% y al 29% respectivamente, empleándose en el campo
menos de cuatro millones de personas.
El turismo se convirtió en una actividad extremadamente importante y la principal fuente de
divisas del país. Los turistas pasaron de seis millones de visitantes en 1960, cifra ya elevada,
a más de treinta y cuatro millones en 1973; los ingresos derivados de esta actividad también
crecieron espectacularmente, de 297 millones de dólares en 1960 a más de 3400 millones
en 1975.
La otra importante fuente de divisas fueron las remesas procedentes de la emigración. Entre
1962 y 1973 abandonaron sus lugares con destino a Europa o a las capitales de provincia
cuatro millones de personas. La emigración permitió contar con una llegada regular de
divisas y redujo la presión laboral.
El desarrollo económico se verá frenado a partir de 1973 como consecuencia del inicio de la
crisis del petróleo y coincidió con los últimos años de vida de Franco, lo que complicó aún
más la ya de por sí difícil transición.
En la década de los 60 tanto los comportamientos demográficos como las condiciones de
vida o la estratificación social sufren cambios que se traducen en una modernización de la
sociedad. El resultado es una sociedad industrializada de clases medias urbanas y con un
importante desarrollo del sector servicios lo que trajo, además, la ruptura de los viejo
controles y prejuicios sociales ganándose en autonomía y libertad personal.
Demográficamente hablando la población aumentó en 3,5 millones de personas entre 1960 y
1970 asociado a un ritmo desconocido hasta entonces y con una caída a gran velocidad de
las tasas de mortalidad y un menor descenso de las de natalidad. La primera en torno al
8,6%o con una fuerte caída en la mortalidad infantil y la relacionada con enfermedades
infecciosas. Por su parte la tasa de natalidad se situaba en el 19,7%o con una cifra media de
2,8 hijos por mujer en 1970.
Un segundo proceso se relaciona con el proceso de urbanización que aumenta tras la
estabilización económica y el desarrollo industrial ligado a los núcleos de población más
pujantes potenciándose así los sectores secundario y terciario. Se produce, entonces, una
fuerte emigración interior relacionada con obreros agrícolas residentes en municipios
mínimos y con una edad juvenil. Se dirigen hacia las zonas desarrolladas y entre éstas las
más próximas unos 3,5, millones de personas entre 1960 y 1970. Además otras zonas
nacionales gozan de gran atracción: País Vasco, Zaragoza, Valladolid, el litoral mediterráneo
(Cataluña, Valencia, Baleares) y Málaga y Sevilla en Andalucía: se despoblaba el campo en
beneficio de la ciudad.
Además a partir de 1960 se produce una emigración hacia el exterior a países desarrollados
como Francia y la RFA (casi el 77%del total) y en menor medida Suiza: envío de divisas,
desarraigo personal, dispersión familiar, pérdida de referentes culturales son la cara y la cruz
del fenómeno que es en general transitorio (en torno a tres años de permanencia en destino)
salvo una parte de la dirigida a Francia.
Por lo que respecta a los núcleos urbanos españoles se producen ensanches y creación de
nuevas “ciudades dormitorio” en la periferia de las zonas de atracción generándose núcleos
inicialmente poco dotados de infraestructuras sanitarias, educativas o deportivas.
El tercer proceso se relaciona con el trasvase continuo de población agraria al sector
industrial y de servicios perdiendo el primero el 10% de sus efectivos entre 1960 y 1970 que
se reparten por igual en un secundario líder ( 37%) y un terciario poderoso (33,5%).
En general se puede decir que la sociedad se rejuveneció y que las clases medias, cuarto
proceso, se convirtieron en el grupo social más amplio e importante al que accedían los
grupos obreros y se mantenían en él los que ya formaban parte de tal manera que hablamos
en 1970 de una clase baja formada por un todavía importante 41 % (trabajadores urbanos
del sector industrial y servicios; obreros agrícolas), de una clase media que abarcaba el 54%
de la población comerciantes e industriales pequeños y medianos, funcionarios de la
Administración, ejecutivos del sector privado) y una clase alta con el 5% restante: altos
funcionarios, grandes empresarios de todo tipo y miembros destacados de las profesiones
liberales.
Estos grupos sociales forman familias cada vez más autónomas e independientes del grupo
familiar extenso: unidades familiares de entre dos y cinco miembros con acceso a los bienes
del consumo: vivienda, frigoríficos, lavadoras, televisión y automóvil en un inicio de sociedad
de bienestar desconocido cuantitativamente hasta ahora.
El país había cambiado para ello con un notable crecimiento de la vivienda (4.000.000.
construidas entre 1960 y 1975) al mismo tiempo que el estado invertía en salud y educación,
redes eléctricas, carreteras, fabricación de automóviles y trenes o desde otra perspectiva, se
generalizaban las vacaciones anuales y de fines de semana. Subía la renta per cápita
multiplicándose por cuatro hasta 1979 (1176 dólares), el salario mínimo (en menor medida) y
bajaba el coste de la vida cambiándose la distribución de la cesta de la compra en la que
descendía el capítulo alimenticio (dentro de él subía la leche y la carne frente a los cereales y
las patatas) y aumentaba el de vacaciones y gastos varios. Aún así y todo 7.000.000. de
personas se calculaban aún en el umbral de la pobreza en 1970.
Se generalizaron, finalmente, mejoras sociales como los seguros de enfermedad,
maternidad, vejez e invalidez; se amplió la red hospitalaria (también relacionada con la Ley de
Bases de la seguridad Social) de 1963) y se hizo obligatoria la educación hasta los 14 años
dentro de planes de crecimiento de la enseñanza primaria y secundaria.

15.1. La creación del estado franquista: fundamentos ideológicos y apoyos sociales. Evolución política y coyuntura exterior. Del aislamiento al recono

No existe propiamente dicha una ideología franquista como si las hubo en los casos de la
Alemania nazi o la Italia fascista.
Parece claro que Franco tenía claro lo que España no debería ser: oposición a la libertad de
expresión y a los partidos en nombre del antiliberalismo que conducía a la disolución social y,
en último término, preparaba la llegada del comunismo, el verdadero causante de la guerra
civil y de las dificultades que el Franquismo encontraba en el exterior. Denuncia hasta los
años 60 de un pacto entre la masonería (asimilada al liberalismo y la democracia) con los comunistas para acabar con su régimen. Y todo ello en una época de división del mundo en
dos bloques representados por los supuestos aliados contra Franco.
Los grupos que le apoyaban procedían de distintas ideologías aunque tenían rasgos en
común: tradicionalistas, sobre todo carlistas, juanistas, bastante dependientes de Acción
Española, falangistas y otros varios de acuerdo en instaurar un régimen social cristiano,
basado en la caridad de los ricos y la paciencia de los pobres.
De este último grupo surgiría la Asociación Católica Nacional de Propagandistas de acuerdo,
como todos los anteriores, en la confesionalidad y el autoritarismo y en un nacionalismo
español excluyente de cualquiera que pretendiera derechos propios. Hablaban de buscar el
orden social en la defensa de la familia y la propiedad privada aunque defendieron el
intervencionismo en sectores clave y siempre todo desde una perspectiva antiliberal y
anticomunista.
Había matices que les diferenciaban entre sí como el monarquismo y cierto interés en la
representación de municipios y regímenes históricos (carlistas) monárquicos autoritarios
(juanistas) , fascistas, aunque siempre sometidos a Franco una vez desaparecido su
fundador (falangistas), católicos y con cierta experiencia administrativa previa a la guerra
(ACN de P) $que afirmaban buscar una apertura del Régimen desde dentro, lo que
provocaba cierta inquietud en los otros, aunque estuvieron con Franco hasta el final. Y, en fin,
grupos profesionales sin adscripción política clara pero sí autoritarios, anticomunistas,
antiliberales y sobre todo, muy fieles a Franco caso de los jefes y oficiales del ejército y los
miembros del clero.
El temor a una nueva guerra civil y la represión y el miedo que cundió entre los republicanos
supervivientes produjo una gran estabilidad interior: el orden público y un ejercicio estricto de
la autoridad junto al catolicismo del régimen sentarían las bases del apoyo a Franco.
Así entre los pequeños y medianos propietarios agrícolas a los que, además, se añadía el
gran respeto por la propiedad, de Castilla –León , Cantabria, Navarra… pero también de
Valencia o Alicante. También apoyarían a Franco las clases medias urbanas de las pequeñas
y medianas ciudades que no estaban en condiciones de exigir nada que no fuera trabajo y
fuertemente desmoralizadas por la derrota cuando no fieles apoyos de Franco.
Especialmente importantes serían los empresarios y financieros, el clero y el ejército mucho
menos numerosos (más de la mitad de la población vivía en el campo)pero con una
capacidad mayor de estabilizar el régimen.
Los militares aseguraban materialmente la fuerza y su presencia se hacía sentir en toda la
sociedad con el desarrollo de una mentalidad y disciplina jerárquicas, el apoyo popular por
los desfiles y los uniformes, etc. Dentro de ellos había diferencias pero todos acababan por
apoyar a Franco por más que fueran tradicionalistas (Varela), falangistas (Yagüe) o juanistas
(Vigón). Apreciaban de él su capacidad para defender España y si bien no eran los creadores
de la teoría del caudillaje sí la aceptaron entre otras cosas porque se vieron muy favorecidos
por ella: hasta 1945 el 45% de los nombramientos ministeriales fue para militares y un 36%
de los altos cargos políticos. Sus salarios no eran muy altos pero tenían grandes ventajas
cotidianas: casas propias, economatos donde encontraban productos que sólo había en el
mercado negro, colegios especiales, asistentes gratuitos.
El otro gran grupo fundamental en el primer momento son los clérigos especialmente
agradecidos a Franco pues, en muchos casos, les había salvado, literalmente, la vida . El
Estado, además, reconstruyó los templos y los colegios, se proclamó confesional y prohibió
otras religiones, hizo obligatoria la enseñanza de la religión, e, incluso los arzobispos y el
primado fueron consultados para la política a seguir que ellos estimaban debiera ser
contraria a los nazis condenados por el Papa. En general se facilitaba la llegada del mensaje
cristiano a los hogares a través de los medios de comunicación social aunque a riesgo de
identificarse con el Régimen y hacer del antifranquismo un anticlericalismo, al menos en esta
primera fase.
La evolución política de la dictadura franquista durante el periodo que va del final de la guerra
civil (1939) al plan de estabilización (1959), está fuertemente condicionada por la evolución
de la política exterior. El apoyo recibido por las potencias del Eje durante la Guerra Civil y el
inmediato estallido de la II Guerra Mundial determinó el alineamiento del régimen a favor de
éstas y el modelado, bajo fórmulas fascistas, del nuevo Estado. Los avatares de la guerra
llevaron a España a adoptar una posición inicial de neutralidad en el conflicto –aunque con
profundas simpatías por las potencias fascistas con las que se unirá en el pacto anti-
Komintern en 1939–, para pasar en 1940 a una no-beligerancia cercana a la intervención –en
un modelo semejante al seguido por Italia en su entrada en la guerra–, retornando en 1943 a
la neutralidad, como consecuencia de los avances militares de los Aliados. El triunfo de las
potencias democráticas y de la URSS en la Guerra Mundial provocó el aislamiento
internacional del régimen, cerrándose su frontera con Francia en 1946 y siendo condenado
por la recién nacida ONU ese mismo año. Como consecuencia de esa condena, los
embajadores extranjeros abandonaron Madrid, con la excepción de Irlanda, Suiza, Portugal,
Argentina y el Vaticano.
Con posterioridad, el enfrentamiento entre los antiguos aliados durante la Guerra Fría
permitirá al régimen de Franco salir de su postración internacional, valorándose su decidida
posición anticomunista. España firmará unos convenios de defensa con los EEUU en 1953,
el mismo año en que se signará un nuevo Concordato con la Santa Sede y en el que se
levantará la resolución condenatoria de la ONU, organización en la que España entrará en
1955.
Todas estas circunstancias tendrán su reflejo en la organización política y legal del régimen.
El conjunto de Leyes Fundamentales del franquismo no responden a una determinada
concepción del poder, sino que más bien son el intento de adecuar la organización legal del
Estado a las circunstancias del momento. Durante la Guerra Civil y hasta 1942, la legislación
franquista va a mostrar los vínculos que unían al régimen con el fascismo. Así, El Fuero del
Trabajo de 1938 definía a España como un Estado nacionalsindicalista, el ideal de Falange,
regulaba las relaciones en el mundo del trabajo y creaba el Sindicato Vertical, modelo fascista
de sindicación que reunía a empresarios y trabajadores en una misma organización y que fue
entregado a la Falange. Junto a esta norma, el periodo comprendido entre 1939 y 1942 vio
la consolidación legal de un duro sistema represivo por medio de las leyes de
Responsabilidades Políticas (1939), de Represión del Comunismo y la Masonería (1940) y de
Seguridad del Estado (1941).
La evolución de la II Guerra Mundial favorable a las posiciones aliadas, determinó el
abandono de las formas fascistas y el intento de asemejar el régimen a las triunfantes
democracias norteamericana y británica, sin renunciar por ello Franco a su poder personal.
Así, en 1942 se aprobará la ley constitutiva de Cortes, que pretendía dar la imagen de una
división de poderes y de representatividad social creando unas Cortes con más de
quinientos procuradores, la mayoría de ellos nombrados directamente por el dictador.
El resultado del conflicto mundial forzó al franquismo a insistir en su intento de homologarse
con las fórmulas democráticas. En 1945 se aprobará el Fuero de los Españoles, en
apariencia una declaración de derechos, pero que sancionaba un régimen autoritario, de
carácter confesional y derechos limitados. También se aprobará ese año la Ley de
Referéndum, tratando de demostrar que en España estaba reconocido el sufragio universal.
Utilizando esta ley, se sometería a referéndum la Ley de Sucesión, que declaraba a España
reino, confirmando a Franco como Jefe vitalicio del Estado y otorgándole la posibilidad de
designar a su sucesor a título de rey. La ley sería aprobada por más del 93% de los votantes,
con apenas un 18% de abstención, en una votación donde se recurrió al «pucherazo».
Una vez superado el aislamiento, consecuencia de la cercanía del franquismo a las potencias
del Eje, el franquismo recuperaba parte de la retórica falangista en la Ley de Principios del
Movimiento Nacional de 1958, donde se definía a España como una «unidad de destino en
lo universal», una monarquía católica, social y representativa. «La Falange había ido
disolviéndose gradualmente en el Movimiento, definido no ya como un partido único, sino
como una “comunión” de principios, integradora de la pluralidad del régimen », en palabras
de Juan Pablo Fusi.
Cinco son las etapas que Juan Carlos Pereira y Pedro Martínez hacen de las relaciones
internacionales hasta 1957. En ellas se amalgaman lo interior con lo exterior y éstos con la
economía. Éstas serán: 1935-45: firme alineamiento con las potencias del Eje. Estructura
autoritaria y modelo económico autárquico. Oscilación entre neutralidad y no beligerancia
con una intervención directa en el conflicto mundial. En abril y mayo de 1944, ante el cambio
en la guerra a favor de los aliados, Franco se inclina hacia estos últimos.
1945-1949: a pesar del cambio y por su antigua inclinación fascista, el Régimen es
condenado a un duro aislamiento internacional especialmente en los cinco años que siguen
a la finalización del conflicto. Franco se ve obligado para mantenerse a cambios importantes
como la configuración del país como un reino y el mayor peso de los católicos sobre los
falangistas. La Guerra Fría cambiará la actitud hacia España.
1950-1953: el eje Madrid-Roma-Washington se convierte en objetivo prioritario del estado
español al que ayuda mucho la actitud norteamericana influida por el contexto internacional.
El Régimen se liberaliza progresivamente desde el punto de vista económico y todo ello
permite la firma de dos tratados internacionales: el Concordato con el Vaticano (agosto 1953)
y los pactos económico militares con los Estados Unidos (septiembre de 1953).
1953-1957: España, tras la doble firma, inicia una campaña para ingresar en los organismos
internacionales culminada con el ingreso en la ONU en 1955. Además soluciona el problema de Marruecos con la independencia de este territorio y relanza con fuerza la cuestión de
Gibraltar.
El exilio.
Se caracteriza por las siguientes notas:
a. Defensa de la legalidad republicana.
b. Único exilio masivo español hacia Latinoamérica tras las independencias del s. XIX.
c. Exilio del pueblo pero también del gobierno y las instituciones que no se disolverán hasta
el 21 de junio de 1977.
Encuadrado dentro de otros típicos de la Europa del s. XX como el que sigue a la subida al
poder de los fascismos italiano y alemán o a la revolución soviética. Se diferenciará de ellos
por la resistencia de los españoles a perder sus señas de identidad.
Elevado nivel cultural especialmente en los campos de la ciencia y la poesía (casi toda la
generación del 27 forma parte de él: Cernuda, Salinas, Alberti).
Francia y México son los dos puntos clave en el destino de los españoles de tal forma que se
ha hablado de dos exilios distintos: el francés popular (emigración obrera y sindical) y el
americano, pequeño-burgués con el que se relacionan la mayor parte de los intelectuales
exiliados.
Igualmente los emigrados a ambos países pasan por una situación distinta: en Francia llegan
a campos de concentración y toman parte activa del conflicto europeo al integrarse en la
resistencia contra los nazis. Cuando acaba la Guerra, los supervivientes rehacen su vida en el
Sur del país.
En México el presidente Lázaro Cárdenas, que apoyaba el gobierno de la II República y no
reconoció nunca a Franco, les hizo un gran recibimiento creando incluso centros académicos
y docentes para que los exiliados pudieran ofrecer una importante aportación intelectual.
A pesar de ello ambos exilios tienen un objetivo común: restablecimiento en España de la
libertad y la democracia. Este proceso pasa por cuatro fases:
a.1939-1950: dos polos fundamentales: Negrín en Londres y Prieto en México. Consiguen
que el reconocimiento oficial no caiga del lado de Franco.
b.1959-1962: reconocimiento internacional del régimen franquista.
c.1962-1969: colaboración entre exiliados y oposición interior al régimen de Franco. Por
ejemplo a través de revista , muchas de las cuales se editaban en París como los Cuadernos
del Ruedo Ibérico. Por la evolución de las protestas en España, el exilio pasa a depender de
la oposición interior.
d.1969-1977: se va recuperando lentamente el exilio con la vuelta a España de los que se
marcharon. El 21 de junio de 1977 se disuelve el gobierno español en el exilio.

14.6. La dimensión política e internacional del conflicto. Las consecuencias de la guerra.

El primer efecto del golpe de estado de julio del 36 es la caída del gobierno de Casares
Quiroga que se produce como consecuencia de divergencias en el seno del Frente Popular y
entre éste y los más radicales sectores de las organizaciones obreras por la necesidad o no
de que se armaran a éstas para parar el golpe de los militares, algo que se acabaría
haciendo para disgusto de los partidos menos radicales del Frente Popular.
Se produce así una dualidad de poderes en el país: por un lado el formal en las instituciones
republicanas y el real en manos de sectores anarcosindicalistas, socialistas y comunistas
radicales y armados. La llegada al poder de Francisco Largo Caballero en septiembre del 36,
procedente del ala izquierda del PSOE y la UGT supone reorientar esta dualidad hacia un
solo poder legítimo, democrático y parlamentario que permitiera afrontar una guerra a largo
plazo.
La primavera del año siguiente, 1937, trae importantes enfrentamientos en Cataluña entre
anarcosindicalistas y trotskistas (POUM) por un lado y los partidos sustentantes del gobierno
de la Generalitat que conseguirá imponerse a ellos. Consecuencia de esta pugna interna es
también la sustitución de Largo Caballero por Negrín al frente del gobierno republicano.
La entrada de éste significa el predominio práctico de los comunistas en el gobierno que son
los que marcan la pauta priorizando la victoria en la Guerra sobre cualquier tipo de
consideración. A pesar de ello Negrín intentó, también, acabar con el conflicto en sus
famosos 13 puntos de mayo del 38 que iban desde la amnistía y la salida de las tropas
extranjeras a reformas sociales como la agraria. La oposición a la idea comunista iría
creciendo también, sobre todo en la zona centro como se vería en el golpe Casado-Besteiro,
especialmente después de la batalla del Ebro.
El fracaso parcial del golpe de estado obligará a los militares a organizarse por lo que crean
una Junta de Defensa Nacional, presidida, significativamente por Cabanellas, el general de
mayor rango: se procederá, entonces, a destituir a todos los cargos públicos republicanos y
a disolver partidos políticos y sindicatos.
A pesar de esta unificación había tres focos de poder bien diferenciados: Franco y el ejército
de Africa, Queipo de Llano máximo dirigente en la zona Sur y Mola, organizador y dirigente
en el Norte. De aquí se pasará al ascenso de Franco a la Jefatura del Estado hecho
producido sin excesivos problemas (aunque con ciertas dosis de intriga política) ya que éste
disponía del ejército más decisivo, el africano; contaba con el apoyo de los generales
monárquicos una vez fallecido Sanjurjo el destinado a dirigir la rebelión y, además, se
pensaba que la duración de la Guerra sería corta.
Llegado así Franco, en septiembre del 36, a la Jefatura del estado pronto encaminó sus
pasos a construir un “Nuevo Estado, disciplinando los partidos existentes en la zona e iniciando un culto personal traducido en su denominación como “caudillo” de las tropas
sublevadas.
El hecho más importante en esta primera etapa será la constitución del partido único. En
este nuevo partido Falange jugará un papel fundamental: había movilizado voluntarios al
frente y la retaguardia, utilizaba la prensa y la propaganda y finalmente era imprescindible
para mantener el contacto con fuerzas del exterior en Alemania e Italia, puntos donde se
aprovisionaba Franco de armamento militar.
Así en los primeros meses de 1937 Franco da un decreto unificador creando la Falange
Española Tradicionalista de las JONS bajo su propio mando, excluyendo de paso cualquier
otra formación política e, incluso, eliminando cualquier disidencia interna en el seno de los
partidos fusionados.
Cuatro son las etapas que se pueden distinguir en la actuación extranjera en la Península:
Julio-septiembre del 36: se caracteriza por la desigualdad: mientras que los alemanes e
italianos apoyan rápidamente con hombres y material a Franco (aviones alemanes ayudan a
traer a la Península las tropas profesionales españolas y los musulmanes del Norte de África
(75.000 hombres) básicos para el avance del ejército sublevado), los teóricos apoyos de los
republicanos, las democracias de Francia y Gran Bretaña promueven el Comité para la no
intervención cuya misión teórica era impedir que se cumplieran los embargos de armas y
hombres, comité que resultó ser una farsa ya que la mayoría de sus integrantes eran los que
mandaban hombres y materiales a la Guerra
Septiembre del 36-enero del 37: hay una mayor igualdad de ayudas que ahora son muy
importantes: 8.000 soldados alemanes (entre ellos los célebres aviadores de la Legión
Cóndor) e italianos para los rebeldes; entre 20 y 35.000 (según autores) miembros de las
Brigadas Internacionales (la mayoría miembros reclutados por los partidos comunistas
europeos destacando por su número los franceses) que contribuyen decisivamente a que el
gobierno no pierda Madrid lo que hubiera supuesto el final rápido de la Guerra. Es la época
en que en este bando aparecen los consejeros soviéticos, escasos en número pero que
tienen mucho poder ya que son los barcos de su país los que traen la principal ayuda a la
República.
Enero del 37-julio 37: se incrementa el número de italianos que llegó a ser de 40.000
estables. Se les denominaba CTV (Cuerpo de tropas voluntarias, aunque muchos no lo eran)
y participaron en batallas tan importantes como la que se libró en Guadalajara para cerrar el
cerco de Madrid. En el bando republicano se mantiene la ayuda soviética mientras Francia
cierra su frontera con España impidiendo la llegada de ayudas.
Julio del 37- abril del 39: la frontera se abre y se cierra al ritmo de cuestiones internas, la
caída del País Vasco, o externas, el progreso en Europa del fascismo de Hitler. Mientras la
ayuda soviética decae y se mantiene el apoyo de alemanes e italianos que durará hasta
finales de la Guerra. Por el contrario, los franceses, viendo a los republicanos perdidos, dejan
de apoyarles y entablan negociaciones para el reconocimiento de Franco.
Las razones de la actuación internacional de estas cinco potencias son muy variadas:
Gran Bretaña: tiene grandes intereses económicos, especialmente en la minería de hierro en
España. No desea ningún problema en Gibraltar ni, en general, que lo haya en el continente
que impidan el desarrollo de sus negocios, razón por la cual llegarán a pactar con Hitler
(Munich septiembre del 38) pues sólo les preocupa aislar a los comunistas soviéticos.
Francia: otro posible aliado de la República. Tiene miedo, por la proximidad geográfica, a que
triunfe Franco o a que triunfen los comunistas ya que ve a los republicanos incapaces de
resolver ellos solos el conflicto. Tiene, además, importantes intereses mineros en nuestro
país y no olvida que es paso imprescindible para el Norte de África. Por todo ello prefiere no
comprometerse excesivamente en el conflicto.
Alemania: tiene afinidades ideológicas con Franco y piensa que si éste gana va a obtener
mayores facilidades para conseguir hierro español básico para la guerra que espera
desencadenar en el futuro por toda Europa. Además el triunfo rebelde aislaría más a Francia
y podría conquistarla antes de empezar su verdadero objetivo que es su expansión hacia el
este. Por ello no teniendo nada que perder apoya decididamente a Franco.
Italia: caso muy parecido a Alemania. Su régimen fascista es muy parecido al posible futuro
de Franco y espera, también, sacar ventajas económicas de la victoria nacional. Además
está muy interesada en todo lo que suceda en el Mediterráneo que es la zona que le ha
tocado en el reparto que ellos y los alemanes han hecho de Europa. De hecho su ayuda
comienza primero en las Baleares para extenderse después a toda la Península.
URSS: no tiene un interés estratégico grande ya que vigila los pasos de Hitler en el este. Aún
así la Internacional Comunista favorece todas las iniciativas que puedan acabar con los
regímenes fascistas allá donde aparezcan incluso si para ello, como es el caso español, hay
que colaborar con otros partidos organizando agrupaciones electorales conocidas como
Frentes Populares. Como alemanes e italianos, no tienen grandes intereses económicos
como no sean las buenas reservas de minerales que los españoles podían aportarles en el
caso de una futura guerra en Europa. Por lo demás parece que obtuvieron importantes
sumas de dinero de sus ventas de armamentos a los republicanos españoles que tuvieron
que vender a cambio todas las reservas de oro que había en España, dinero que se conoció
durante el franquismo como el “oro de Moscú” aludiendo a que ese dinero no era
contrapartida de nada sino un robo que los soviéticos habían perpetrado en nuestro país.
El balance de víctimas de la Guerra Civil se sitúa en 300.000 es decir muy lejos del millón de
muertos del que tanto tiempo se habló. De ellos la mitad correspondería al frente de batalla y
la otra mitad a la retaguardia.
Así en la zona rebelde se fusilaron a militantes y simpatizantes de partidos de izquierda o
sindicatos, a numerosos maestros (representantes del laicismo republicano) a intelectuales e
incluso a sacerdotes (vascos) próximos al nacionalismo.
Los republicanos, especialmente en el descontrolado verano del 36 acabaron con personas
conocidas por su ideología conservadora o sus ideas religiosas, a militantes de partidos de la
derecha, a militares sospechosos de golpismo y a un gran número de sacerdotes y religiosos
(más de 5.000).
Destacan hechos como la represión de Badajoz o los fusilamientos de Paracuellos del
Jarama con los presos sacados de las cárceles de Madrid. Esta eliminación física del
adversario continuaría una vez acabada la Guerra con un número aún en discusión pero que
se establece entre 25 y 30.000 presos en juicios más o menos sumarios.
Además los vencedores depuran la Administración y sancionan económicamente o separan
de ella a numerosos funcionarios de todas las categorías: profesores universitarios (hasta un
tercio), jueces, fiscales o diplomáticos entre los más relevantes y maestros y funcionarios de
correos entre los de menor rango. En ambos casos se convocaron nuevas oposiciones para
cubrir los huecos dejados por la represión con militantes fieles al nuevo estado.
Se calcula, finalmente que alrededor de medio millón de personas marcharon al exilio
(165.000 de forma definitiva) y 300.000 inundaron las cárceles franquistas y los campos de
concentración. Un 10% seguía allí en fecha tan avanzada como 1950.
Las destrucciones materiales, viviendas, ferrocarriles, carreteras, fueron muy numerosas con
lo que el Producto Interior Bruto cayó en todos los sectores y con él la Renta per Cápita que
tuvo que esperar a los años 50 para recobrar los niveles anteriores a la Guerra.
Por lo demás quedaba la deuda de guerra. Los republicanos habían pagado en efectivo (con
el oro y las divisas del Banco de España) pero los sublevados se endeudaron fuertemente
con Italia y Alemania aunque en este último caso un mecanismo comercial de compensación
permitió una mayor facilidad en los pagos.
Desde otro punto de vista se produjo la exaltación de Franco al poder en el cual
permanecería cuarenta años. Igualmente la Guerra supuso el fracaso de un reformismo
modernizador que había aspirado a europeizar España en la idea de la modernización social,
el progreso económico y la democratización política.
Sin embargo el mayor drama de la Guerra fue su permanencia en la mente de todos los
españoles dividiéndoles en vencedores y vencidos hasta los momentos iniciales de la
monarquía democrática.