La Restauración fue una época peculiar en la historia de España. «Una época –en palabras de
José Luis Comellas- que unos califican de ramplona y otros de encantadora; feliz y despreocupada,
con un cierto aire dorado de apacible remanso –cuántas veces se ha hablado del “remanso de la Restauración”-,
en estridente contrate con las épocas que precedieron y que siguieron». Un periodo de
estabilidad social y de bonanza económica desconocido en el siglo XIX. El tipismo domina el paisaje
social; las muestras de gusto popular alcanzan a todas las clases sociales y los espectáculos populares,
los toros y la zarzuela, son seguidos por toda clase de espectadores.
No obstante su carácter festivo y popular, la Restauración no fue una época igualitaria. La sociedad
española seguía mostrando profundas diferencias socioeconómicas que se agrandaban al paso
de la Revolución Industrial y del auge urbano. La estructura impositiva que determinaba el pago
del impuesto directo personal (las cédulas) señalaba un amplio espectro de situaciones, alcanzado
una clasificación en once escalones. Sin embargo, esta dispar situación fiscal puede agruparse en una
estructura ternaria tradicional en cuanto a la clasificación social: las clases alta, media y popular. En
lo más alto de la pirámide se encontraba unas 120.000 personas (aproximadamente el 1% de la población
censada en 1890), cuyos ingresos superaban las 1.250 pesetas anuales, rebasando 25.000 de ellas
las 3.500 pesetas que suponían el máximo de la escala fiscal. Este primer conjunto agrupaba las primeras
8 categorías fiscales.
Las clases medias –categorías 9ª y 10ª de la escala fiscal, con ingresos entre las 750 y 2.500 pesetas
anuales- representaban un 17,7% del conjunto de la población.
Las clases populares ocupaban la última categoría fiscal, agrupando a jornaleros, sirvientes y
asimilados. Constituían el 70% del conjunto de los contribuyentes y aproximadamente correspondía
al 40% de la población.
Fuera de la escala impositiva quedaba un 41,5% de la población mayor de 14 años. Este grupo
social marca no sólo el límite de la miseria, sino sobre todo el grado de integración en la estructura
política, pues las cédulas fiscales son antes identificadores del control gubernativo más que del fiscal.
La distribución geográfica de las distintas categorías de cédulas permite conocer algo más la estructura
social española: la mayor parte de las cédulas de categoría superior se agrupan en sólo cinco
ciudades (Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Cádiz), con un 57% de los privilegiados. De igual
modo, la presencia de poseedores de cédulas marca una división norte-sur en España, pues es abrumador
el predominio de las tierras meridionales de personas ajenas al sistema fiscal.
El ennoblecimiento fue otro de los signos de los tiempos. Numerosas personas, vinculadas a los
escalones más elevados de la escala social, acceden al título nobiliario como manifestación de agradecimiento
de la Corona por los servicios prestados. Un ennoblecimiento que lleva aparejados beneficios
políticos, pues es vía indirecta de acceso al Senado (donde los Grandes de España tienen
derecho a escaño), así como es adorno preferente a la hora de ocupar cargos diplomáticos, altas jefaturas
militares o cátedras universitarias.
Además del título nobiliario, la pertenencia al clero o a la milicia –como oficial- sitúa a estas personas
en una posición de preponderancia social. Otro tanto ocurre con los títulos universitarios,
muy minoritarios y que otorgan un inmediato prestigio social, sobre todo las licenciaturas en Derecho,
Medicina, Arquitectura o Ingeniería, en ese orden. Por último, profesionales liberales y funcionarios
del Estado van logrando progresivamente un mayor grado de reconocimiento social.
Tres grandes corrientes intelectuales dominarán el paisaje ideológico de la Restauración: el
krausismo, el positivismo y el neotomismo. Las dos primeras tienden a acercarse en sus posiciones,
toda vez que el idealismo krausista que dominó el periodo revolucionario del Sexenio dará pasó a
una concepción más realista que abarca desde la política a la educación. El positivismo y el krausismo
se fundirán en lo que algunos autores han denominado krausopositivismo y que se plasmará claramente
en el pensamiento de los fundadores de la Institución Libre de Enseñanza.
Frente al espíritu positivista, impulsado por los grandes debates científicos del fin de siglo, animado
especialmente por el influjo del evolucionismo, se alzará el pensamiento católico. Un pensamiento
no homogéneo, que bascula entre posiciones tradicionales y el neotomismo. Figura señera
de esta concepción será Menéndez Pelayo, antagonista decidido de la crítica krausista a la imposibilidad
de la ciencia española bajo los presupuestos tradicionales. Las posturas católicas tampoco son
homogéneas frente al empuje del evolucionismo, basculando desde la crítica cerrada, sin atender al
detalle científico, hasta los intentos de conciliación de las posiciones eclesiásticas con los presupuestos
darvinistas; en una posición intermedia se sitúan quienes desde posiciones católicas cultas, rechazan
de manera argumentada las tesis de Darwin y sus seguidores. Entre estos últimos autores
podemos destacar la crítica que del evolucionismo hace la condesa de Pardo Bazán desde las páginas
de la Ciencia Cristiana.
Sin embargo, no todo son discrepancias en el panorama intelectual de la Restauración. Más allá
de las disputas entre krausistas y católicos, el profesor Gil Cremades ha destacado la profunda convergencia
existente en el terreno de la filosofía del Derecho y sus derivaciones políticas, siendo el organicismo
el denominador común entre las concepciones krausistas, historicistas o neotomistas. Sería
esta compartida convicción sobre el carácter orgánico del cuerpo social la que ayudaría a explicar
la buena salud del sistema político. Esta postura común se hallaría detrás de la progresiva tendencia
a impulsar un Estado protector que se manifiesta en la última década del siglo XIX.
Por lo que respecta a la educación, la Restauración verá algunos de los más decididos intentos
por transformar la concepción de la misma en España. El marco general continuará siendo la Ley
Moyano de 1857. El principio de Libertad de Cátedra, así como la defensa de la libre iniciativa de
creación de centros que marcó la obra del Sexenio, lo heredará de manera desigual el régimen de
1876. Si bien la defensa de la libertad de creación de centros continuará –y al amparo de ella se fundará
la Institución Libre de Enseñanza en 1876-, la libertad de cátedra se verá cuestionada por el decreto
Orovio, que cuestionaba la ortodoxia moral y los contenidos de la enseñanza universitaria. La
segunda cuestión universitaria dominará la política universitaria hasta mediados de la década de los
ochenta.
Sin embargo, la Universidad española de finales del siglo XIX se halla estancada, y aunque satisface
cómodamente las exigencias sociales y políticas del periodo no es, de ningún modo, una institución
de investigación.
Más allá de la formación universitaria, la escuela española del periodo finisecular va a verse impulsada
al calor de la disputa entre católicos y krausistas. Según Cossío, en 1885 apenas el 50% de los
niños españoles recibían algún tipo de formación escolar (59% de los niños y 48% de las niñas). La
escuela se convertirá en una preocupación fundamental sobre todo a partir del ministerio de Albareda
en Fomento (1881-1882), que recogerá buena parte de las demandas del Congreso Pedagógico.
Por su parte, tanto los grupos interesados en reducir la influencia de la Iglesia en la sociedad española
como aquellos empeñados en sostenerla, disputarán agriamente por el control de la escuela.
Una escuela que depende de los ayuntamientos –lo que no garantizaba a los maestros una retribución
digna y segura (un maestro en Madrid alcanzaba las 2.500 pesetas anuales, pero había 20.000
maestros que no llegaban a las 1.000 pts. e, incluso 2.000 no alcanzaban las 250 pesetas)- y en el que
el peso del Estado es mayor que en la enseñanza secundaria. La Iglesia desempeñaba un papel secundario
en la enseñanza primaria pública (apenas 276 escuelas, que contrastan con las 687 de carácter
privado).
La defensa de la libertad de creación de centros, así como la escasez del número de Institutos
públicos, hará de los colegios de secundaria el meollo de la participación privada en la educación. La
Iglesia contaba con un elevado número de centros, pero también existían numerosos colegios seglares
o laicos que compartían con aquellos el carácter de colegiados (incorporados a un Instituto). Los
alumnos, que en 1876 se distribuían a mitades entre Institutos provinciales y colegios incorporados,
progresivamente se orientarán hacia estos últimos, superando en un 50% el número de alumnos de
los Institutos en 1900. Entre los centros no religiosos destaca, por su influencia en la política educativa
del siglo xx, la Institución Libre de Enseñanza, un elitista colegio fundado por algunos de los
profesores expulsados de la Universidad por el decreto Orovio, y que intentó poner en práctica una
enseñanza basada en los principios krausistas de su impulsor, Giner de los Ríos.
La enseñanza era cara (370 pts. costaba lograr el título de Bachiller en 1895), lo que ponía la enseñaza
secundaria sólo al alcance de la clase media (los obreros sólo disponían de la enseñanza primaria).
Únicamente los varones podían acceder al Instituto, pues hasta el curso 1910/1911 no empezó
a funcionar un Instituto femenino en Barcelona.
Fuera del ámbito reglado encontramos una amplia oferta de educación orientada hacia la clase
obrera y significada por su fuerte contenido ideológico. Ateneos republicanos, escuelas libertarias,
círculos católicos de obreros o escuelas en las casas del pueblo socialista, disputan encarnizadamente
por atraerse al pueblo a sus respectivos centros de instrucción, propaganda y recreo. Al amparo
de la ley de Asociaciones de 1887, y al margen de sus diferencias ideológicas, este tipo de instituciones
ofrecían un tipo de servicios semejantes: bibliotecas, salas de lecturas, exposición de periódicos,
veladas literarias, conferencias, comparten espacio con el café y los juegos, aspirando a convertirse
en un espacio de convivencia y de difusión cultural abierto a amplios sectores de la población.
domingo, 28 de febrero de 2010
13.2. Transformaciones sociales. Crecimiento demográfico. De la sociedad estamental a la sociedad de clases. Génesis y desarrollo del movimiento obrer
El rasgo más característico de la estructura social es la desaparición del poder económico de los
tradicionales grupos privilegiados del Antiguo Régimen que, además de sufrir la pérdida de sus privilegios
fiscales ven mermadas sus rentas por la finalización del mayorazgo, la desamortización de
los bienes eclesiásticos y la desaparición del diezmo en un momento en que, lentamente las nuevas
actividades industriales y de servicios llevan al primer plano a los industriales vascos y catalanes, a
los financieros periféricos y madrileño y a la burguesía terrateniente que se forma tras las desamortizaciones
y desvinculaciones.
La nobleza y la Iglesia siguen conservando, aún, cierto poder dado por su presencia en el Senado
y por el peso ejercido en las mentalidades con una burguesía que busca imitar a unos y servirse de los
otros hasta ir consolidando valores propios como la capacidad personal o la importancia de la vida
terrenal.
Los mayoritarios jornaleros, campesinos y urbanos, siguen viviendo en malas condiciones por lo
que, poco a poco, va a ir agrupándose en busca de remedio. Sus asociaciones son, todavía, incipientes
y, a menudo, solapadas con los problemas políticos aunque ya se vislumbran a fines del período
las corrientes de pensamiento obrero dominantes y poderosas en el s. XX.
El arranque del movimiento obrero en España
Según José María Jover, hasta 1873 es conveniente distinguir entre las actitudes espontáneas del
proletariado español y el influjo de las teorías extrapeninsulares.
En el primer caso, actitudes espontáneas, hay una tendencia a organizarse a pequeña o mediana
escala (municipio, provincia) siguiendo la tradición gremial. Como no parece raro Cataluña, en
concreto los trabajadores del textil algodonero, son los primeros en organizar una asociación para
mejorar sus salarios, apoyarse en los casos de problemas económicos e, incluso, reivindicar el propio
deseo de asociarse.
En general los primeros conflictos, casi preindustriales, se relacionan con la oposición a la entrada
de máquinas en lugar de obreros, es decir en la línea de los movimientos ludistas ingleses. El
primer disturbio se produce, sin embargo, en Alcoy a comienzos de los años 20 y son destacables la
quema de la fábrica Bonaplata en Barcelona, una fábrica muy mecanizada, y la primera huelga general
en la historia de España, verano de 1854, en contra de los nuevos telares mecánicos.
Al mismo tiempo se aprecia una simpatía por los partidos que apoyan sus peticiones: los liberales
progresistas, los demócratas y los republicanos que, a menudo, los utilizan como fuerza de choque
para disturbios fundamentalmente de tipo urbano: la revolución de 1868 concederá en reconocimiento
por ello el derecho de asociación y reunión que pasa, incluso, a figurar, en la propia Constitución
de 1869,
Por lo que respecta al campo también parece haber continuidad con otras épocas históricas: movimientos
esporádicos en el tiempo y generalmente aislados, especialmente en el Sur, relacionados
con épocas de hambre o abusos concretos de los propietarios territoriales. A veces estos motines
aparecen en zonas de Castilla donde consiguen alcanzar a ciudades con cierta importancia: motines
del pan en Valladolid y Medina de Rioseco en el año 1856.
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En segundo lugar, el de las teorías extrapeninsulares, tenemos en principio la importación de la
doctrina de los socialistas utópicos como Fourier, que llevó a la creación de varios falansterios, organizaciones
autónomas agrarias donde se vivía en común, en Cádiz y Barcelona desde donde se
extenderían hacia Madrid defendidos por Fernando Garrido.
Las libertades de asociación y propaganda relacionadas con la revolución del 68 hicieron posible
una primera sección de la Internacional en septiembre de ese mismo año, sección que cristalizaría en
la FERE (Federación de la Región Española) en 1870 dependiente de la AIT (Asociación de Internacional
de Trabajadores) fundada en 1864.
En esta predominaba la ideología anarquista basada en Kropotkin y, sobre todo, Bakunin que, gracias
al trabajo del italiano Fanelli contaría con 40.000 afiliados en 1873, especialmente entre los
obreros del textil catalán y los jornaleros del campo andaluz. Su ideología se basaba en la destrucción
del estado y la negación de cualquier valor a la vía política por lo que ésta será en nuestro país, a
diferencia de Alemania o Gran Bretaña, muy débil.
Además una buena parte del movimiento obrero sigue apoyando al republicanismo en detrimento
de opciones más estrictamente obreristas. De hecho la conexión entre federalismo republicano y
bakuninismo es importante: populismo basado en contraposiciones bipolares: despotismo/libertad;
centralismo/federalismo; pobreza/opulencia. Además tienen en común el anticlericalismo, la condena
de la opresión y la defensa de la idea de progreso.
Paradójicamente no participarán significativamente en las elecciones republicanas del 33, ganadas
a pesar de todo por los republicano-federales de Pi i Margall (desaprovechando la oportunidad
de crear un vínculo real, además de los teóricos, entre clase obrera y republicanismo) y sí por contra
en el movimiento cantonalista lo que llevaría a su ilegalización tras el golpe de estado de Pavía.
Destacar finalmente como el trabajo del yerno de Marx, Paul Lafargue, permitió la creación de
un pequeño núcleo de aquella ideología en Madrid liderado por el tipógrafo Pablo Iglesias que se
iría separando progresivamente de la Internacional por su defensa de la vía política y su interés en
hacerse con el Estado. En 1872 en el congreso de Zaragoza serían expulsados de la Internacional y
no volverían a cobrar importancia hasta 1879 cuando fundan el primer partido obrerista del país, el
PSOE, en 1879.
tradicionales grupos privilegiados del Antiguo Régimen que, además de sufrir la pérdida de sus privilegios
fiscales ven mermadas sus rentas por la finalización del mayorazgo, la desamortización de
los bienes eclesiásticos y la desaparición del diezmo en un momento en que, lentamente las nuevas
actividades industriales y de servicios llevan al primer plano a los industriales vascos y catalanes, a
los financieros periféricos y madrileño y a la burguesía terrateniente que se forma tras las desamortizaciones
y desvinculaciones.
La nobleza y la Iglesia siguen conservando, aún, cierto poder dado por su presencia en el Senado
y por el peso ejercido en las mentalidades con una burguesía que busca imitar a unos y servirse de los
otros hasta ir consolidando valores propios como la capacidad personal o la importancia de la vida
terrenal.
Los mayoritarios jornaleros, campesinos y urbanos, siguen viviendo en malas condiciones por lo
que, poco a poco, va a ir agrupándose en busca de remedio. Sus asociaciones son, todavía, incipientes
y, a menudo, solapadas con los problemas políticos aunque ya se vislumbran a fines del período
las corrientes de pensamiento obrero dominantes y poderosas en el s. XX.
El arranque del movimiento obrero en España
Según José María Jover, hasta 1873 es conveniente distinguir entre las actitudes espontáneas del
proletariado español y el influjo de las teorías extrapeninsulares.
En el primer caso, actitudes espontáneas, hay una tendencia a organizarse a pequeña o mediana
escala (municipio, provincia) siguiendo la tradición gremial. Como no parece raro Cataluña, en
concreto los trabajadores del textil algodonero, son los primeros en organizar una asociación para
mejorar sus salarios, apoyarse en los casos de problemas económicos e, incluso, reivindicar el propio
deseo de asociarse.
En general los primeros conflictos, casi preindustriales, se relacionan con la oposición a la entrada
de máquinas en lugar de obreros, es decir en la línea de los movimientos ludistas ingleses. El
primer disturbio se produce, sin embargo, en Alcoy a comienzos de los años 20 y son destacables la
quema de la fábrica Bonaplata en Barcelona, una fábrica muy mecanizada, y la primera huelga general
en la historia de España, verano de 1854, en contra de los nuevos telares mecánicos.
Al mismo tiempo se aprecia una simpatía por los partidos que apoyan sus peticiones: los liberales
progresistas, los demócratas y los republicanos que, a menudo, los utilizan como fuerza de choque
para disturbios fundamentalmente de tipo urbano: la revolución de 1868 concederá en reconocimiento
por ello el derecho de asociación y reunión que pasa, incluso, a figurar, en la propia Constitución
de 1869,
Por lo que respecta al campo también parece haber continuidad con otras épocas históricas: movimientos
esporádicos en el tiempo y generalmente aislados, especialmente en el Sur, relacionados
con épocas de hambre o abusos concretos de los propietarios territoriales. A veces estos motines
aparecen en zonas de Castilla donde consiguen alcanzar a ciudades con cierta importancia: motines
del pan en Valladolid y Medina de Rioseco en el año 1856.
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En segundo lugar, el de las teorías extrapeninsulares, tenemos en principio la importación de la
doctrina de los socialistas utópicos como Fourier, que llevó a la creación de varios falansterios, organizaciones
autónomas agrarias donde se vivía en común, en Cádiz y Barcelona desde donde se
extenderían hacia Madrid defendidos por Fernando Garrido.
Las libertades de asociación y propaganda relacionadas con la revolución del 68 hicieron posible
una primera sección de la Internacional en septiembre de ese mismo año, sección que cristalizaría en
la FERE (Federación de la Región Española) en 1870 dependiente de la AIT (Asociación de Internacional
de Trabajadores) fundada en 1864.
En esta predominaba la ideología anarquista basada en Kropotkin y, sobre todo, Bakunin que, gracias
al trabajo del italiano Fanelli contaría con 40.000 afiliados en 1873, especialmente entre los
obreros del textil catalán y los jornaleros del campo andaluz. Su ideología se basaba en la destrucción
del estado y la negación de cualquier valor a la vía política por lo que ésta será en nuestro país, a
diferencia de Alemania o Gran Bretaña, muy débil.
Además una buena parte del movimiento obrero sigue apoyando al republicanismo en detrimento
de opciones más estrictamente obreristas. De hecho la conexión entre federalismo republicano y
bakuninismo es importante: populismo basado en contraposiciones bipolares: despotismo/libertad;
centralismo/federalismo; pobreza/opulencia. Además tienen en común el anticlericalismo, la condena
de la opresión y la defensa de la idea de progreso.
Paradójicamente no participarán significativamente en las elecciones republicanas del 33, ganadas
a pesar de todo por los republicano-federales de Pi i Margall (desaprovechando la oportunidad
de crear un vínculo real, además de los teóricos, entre clase obrera y republicanismo) y sí por contra
en el movimiento cantonalista lo que llevaría a su ilegalización tras el golpe de estado de Pavía.
Destacar finalmente como el trabajo del yerno de Marx, Paul Lafargue, permitió la creación de
un pequeño núcleo de aquella ideología en Madrid liderado por el tipógrafo Pablo Iglesias que se
iría separando progresivamente de la Internacional por su defensa de la vía política y su interés en
hacerse con el Estado. En 1872 en el congreso de Zaragoza serían expulsados de la Internacional y
no volverían a cobrar importancia hasta 1879 cuando fundan el primer partido obrerista del país, el
PSOE, en 1879.
13.1. Transformaciones económicas. Proceso de desamortización y cambios agrarios. Las peculiaridades de la incorporación de España a la revolución ind
Las desamortizaciones, es decir el paso de las tierras de “manos muertas” a otras privadas y, teóricamente
más activas, estructuradas tras los procesos de Mendizábal a partir de 1836 y de Madoz
en 1855 no ofrecen cambios estructuralmente notorios, al margen del ya señalado, aunque sí haya un
aumento en la producción.
Sin embargo, estas reformas no llegan a las clases más desfavorecidas que no pueden comprar
tierras y su delicada situación quedará como un problema social latente en el centro y Sur de la Península
(destinado a estallar espectacularmente durante el s. xx) es decir donde la tierra se concentraba
en grandes latifundios.
Esto se debe a la manera de vender los terrenos que prima a los que poseen dinero líquido o
Deuda del Estado para comprarlas inmediatamente ya que nunca hubo en las desamortizaciones un
deseo de repartir la tierra y sí de llevar dinero a la maltrecha Hacienda Pública primero y a la construcción
del ferrocarril después.
Tampoco hay grandes cambios en lo que se produce: triada mediterránea más frutales, ni en las
formas de vida: propietarios en las ciudades; jornaleros en el campo, o en las relaciones sociales aún
no excesivamente conflictivas.
El inicio de la industrialización se relaciona con los primeros pasos de un mercado interior menos
complicado por la anulación de barreras interiores y la liberación supuesta por la desaparición de los
gremios.
Es entonces cuando, con cierto retraso en relación con la Europa más desarrollada (algo acrecentado
durante el siglo) comienza a potenciarse la industrialización en dos zonas con tradición artesanal
(fraguas y pañerías) e inversora mayor: Cataluña y el País Vasco, ya que el empujón que podía
haber supuesto una nueva “desamortización”, la minera, acaba siendo utilizado para remediar los
eternos problemas hacendísticos a costa de perder materia prima a un precio barato.
Así en Cataluña se desarrollará el maquinismo en torno al textil (concretamente el algodón)
mientras que en le País Vasco y otras zonas del Norte de España se instalará la siderurgia y la metalurgia.
Por otra parte, asistimos a la expansión del ferrocarril con grandes problemas iniciales supe-
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rados en parte por el decidido apoyo estatal a una red básicamente articulada en torno a Madrid y su
comunicación con las distintas partes de España que, en general, permanecen aisladas entre sí (salvo
las dos excepciones industriales donde la red es más tupida). Por ello y por el bajo nivel de renta en
el campo español el ferrocarril por ahora no contribuirá en demasía a un desarrollo general de la industria
tal y como lo había hecho en otros países.
más activas, estructuradas tras los procesos de Mendizábal a partir de 1836 y de Madoz
en 1855 no ofrecen cambios estructuralmente notorios, al margen del ya señalado, aunque sí haya un
aumento en la producción.
Sin embargo, estas reformas no llegan a las clases más desfavorecidas que no pueden comprar
tierras y su delicada situación quedará como un problema social latente en el centro y Sur de la Península
(destinado a estallar espectacularmente durante el s. xx) es decir donde la tierra se concentraba
en grandes latifundios.
Esto se debe a la manera de vender los terrenos que prima a los que poseen dinero líquido o
Deuda del Estado para comprarlas inmediatamente ya que nunca hubo en las desamortizaciones un
deseo de repartir la tierra y sí de llevar dinero a la maltrecha Hacienda Pública primero y a la construcción
del ferrocarril después.
Tampoco hay grandes cambios en lo que se produce: triada mediterránea más frutales, ni en las
formas de vida: propietarios en las ciudades; jornaleros en el campo, o en las relaciones sociales aún
no excesivamente conflictivas.
El inicio de la industrialización se relaciona con los primeros pasos de un mercado interior menos
complicado por la anulación de barreras interiores y la liberación supuesta por la desaparición de los
gremios.
Es entonces cuando, con cierto retraso en relación con la Europa más desarrollada (algo acrecentado
durante el siglo) comienza a potenciarse la industrialización en dos zonas con tradición artesanal
(fraguas y pañerías) e inversora mayor: Cataluña y el País Vasco, ya que el empujón que podía
haber supuesto una nueva “desamortización”, la minera, acaba siendo utilizado para remediar los
eternos problemas hacendísticos a costa de perder materia prima a un precio barato.
Así en Cataluña se desarrollará el maquinismo en torno al textil (concretamente el algodón)
mientras que en le País Vasco y otras zonas del Norte de España se instalará la siderurgia y la metalurgia.
Por otra parte, asistimos a la expansión del ferrocarril con grandes problemas iniciales supe-
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rados en parte por el decidido apoyo estatal a una red básicamente articulada en torno a Madrid y su
comunicación con las distintas partes de España que, en general, permanecen aisladas entre sí (salvo
las dos excepciones industriales donde la red es más tupida). Por ello y por el bajo nivel de renta en
el campo español el ferrocarril por ahora no contribuirá en demasía a un desarrollo general de la industria
tal y como lo había hecho en otros países.
12.7. Guerra colonial y crisis de 1898
La Restauración heredó del Sexenio una grave crisis en los restos de su disminuido imperio colonial.
La guerra en Cuba, iniciada en 1868 coincidente con la Revolución Gloriosa, continuaba en
1875 lastrando gravemente la estabilidad del naciente régimen. Tras pacificar la península con el fin
de la insurrección cantonal y de la III Guerra Carlista, el gobierno de Cánovas orientará sus esfuerzos
a lograr la pacificación cubana. El encargado de lograr tal objetivo será el general Martínez
Campos, héroe nacional tras el pronunciamiento de Sagunto. Los acuerdos alcanzados por Martínez
Campos en la isla –autonomía política y abolición de la esclavitud- no lograrán la pacificación
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completa de Cuba, sino que abrirán un periodo de inestabilidad no exento de tensiones militares, la
llamada «Guerra chiquita». Tampoco en la península obtendrán las decisiones de Martínez Campos
un apoyo cerrado. Cánovas, molesto por el alcance de las concesiones, dimitirá de su cargo de presidente
del gobierno, dando paso a otro ejecutivo encabezado por el propio Martínez Campos que
tendrá que defender el acuerdo cubano en las Cortes. De igual modo, los intereses de los empresarios
cubanos y catalanes se considerarán lesionados por las concesiones a los isleños.
El problema cubano volverá a estallar con violencia en 1895; de manera casi simultánea, se inicia
otro movimiento independentista en Filipinas (1896). Los líderes de la revuelta cubana serán el poeta
Martí, inspirador del movimiento, y Maceo, su cabecilla militar. La base social del independentismo
cubano se hallará en el campesinado y se practicará la guerra de guerrillas como táctica militar
de los insurgentes.
La respuesta de la península buscaba un doble objetivo: liquidar el movimiento independentista
y evitar un conflicto con los EE.UU., cuyos intereses en Cuba aumentaban y en donde se desarrollará
una encendida campaña antiespañola en la prensa amarilla. Nuevamente será Martínez Campos
el primer encargado de lograr una solución al problema cubano. La táctica del general consistía en
establecer un cordón sanitario de norte a sur de la isla, «la trocha», que arrinconara progresivamente
a los rebeldes. Sin embargo, la facilidad de los cubanos para desembarcar más allá del lugar donde
se situaban las fuerzas españolas impidió el éxito de la campaña de Martínez Campos y forzó su relevo.
Su sucesor será el general Weyler, que iniciará una dura campaña que incluirá el internamiento
en «campos de concentración» de amplias poblaciones campesinas. Las tácticas de Weyler, duras
aunque sometidas a los usos tradicionales de la guerra, encontrarán en la prensa norteamericana un
eco destacado, haciendo del general español diana preferida de sus críticas.
El gobierno de Cánovas se encontraba decidido a impedir la secesión cubana, cuya españolidad
consideraba tan segura como la de cualquier otro territorio peninsular. «Hasta el último hombre y la
última peseta» había prometido Cánovas emplear en la empresa. No obstante, el estadista malagueño
era consciente de la delicada situación en que se encontraba la guerra cubana y la hostilidad creciente
que mostraban los EE.UU. Cánovas actúo hábilmente para impedir la intervención norteamericana,
si bien apremiaba a sus generales para concluir cuanto antes las acciones en la isla. La
influencia de Cánovas era apreciada incluso en la sociedad norteamericana, que lo veía como el
principal obstáculo para la intervención de EE.UU. Por tanto, el asesinato del padre de la Restauración
en 1897 aceleró el acto final del conflicto cubano y, por extensión, del filipino.
Las razones que explican la intervención norteamericana son variadas. Por un lado, concluida su
expansión continental, los EE.UU. se orientan hacia el Caribe como área de desarrollo natural,
considerando ese territorio como un mar interior y entendiéndolo como el escenario de su política
colonial. Por otra parte, los intereses de las empresas norteamericanas en el territorio cubano eran
muy poderosos, así como los vínculos que unían a la economía de la isla con el gigante americano.
Desde este punto de vista, la continuidad de la administración española –con su marcado proteccionismo-
exasperaba tanto a los norteamericanos como a los cubanos. Por último, el papel desempeñado
por la prensa amarilla de EE.UU., principalmente los diarios de Hearst y Pulitzer, empozoñó
un conflicto que se convertirá en el inicio del protagonismo norteamericano en el escenario internacional
durante el siglo xx.
La muerte de Cánovas y la sustitución del presidente Cleveland por MacKinley precipitarán la
intervención. Tres acontecimientos marcarán el proceso que llevará a la guerra. Primero, en el verano
de 1897 el gobierno norteamericano, haciéndose eco de la presión periodística, protestará por los
procedimientos del general Weyler, exigiendo una rápida pacificación de la isla. En segundo lugar,
el presidente norteamericano realizará una gestión extraoficial en la corte de Mª Cristina ofreciendo
la compra de la isla por 300 millones de dólares y amenazando con la intervención si no era aceptada.
Por último, la explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana, con la muerte de gran
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parte de su tripulación, llevará al ultimátum del 20 de abril de 1898, en el que EE.UU. daba tres días
a España para que renunciara a las soberanía de Cuba. La voladura del Maine ha sido un asunto
oscuro. Rápidamente, la prensa norteamericana achacó a España el hundimiento y como tal fue percibido
por la opinión pública de aquél país. Ha habido autores que han considerado que la explosión
del Maine fue obra de independentistas cubanos, ansiosos de forzar la intervención norteamericana.
Hoy, la interpretación más aceptada achaca la explosión a un fallo interno del motor del Maine,
que reventó la santabárbara provocando su hundimiento. En cualquier caso, el resultado fue el
inicio de una guerra desigual entre una potencia en expansión y otra en declive, obligada además a
defender un territorio alejado miles de kilómetros de la Península Ibérica.
La guerra hispano-norteamericana se redujo básicamente a una guerra naval, donde la mayor
potencia de fuego de los buques norteamericanos y el dominio de los puertos de repostaje de carbón
dio rápidamente la iniciativa a los EE.UU. En Filipinas, la vieja armada del almirante Montojo será
aniquilada en la batalla de Cavite frente a la moderna escuadra del comodoro Dewey (1 de mayo de
1898). La posterior rendición y la insurrección generalizada de los filipinos, reducirá el dominio español
a la ciudad de Manila. Ésta se rendirá el 14 de agosto. Sin embargo, los soldados españoles
resistirán en tierras filipinas hasta más allá de la firma del tratado de paz (hasta el 2 de junio de 1899).
La escuadra del Atlántico será encomendada al almirante Cervera, hombre valeroso pero que
consideraba imposible su misión. La flota española logró sortear el bloqueo norteamericano y atracar
en el puerto de Santiago de Cuba. Tras cerrar el puerto, los norteamericanos intentaron la conquista
de la ciudad tras un desembarco. La posibilidad de que los EE.UU. pudieran capturar intacta
la flota determinó a Cervera a salir a mar abierto. La llamada batalla de Santiago supuso la destrucción
de la flota española (con la muerte de miles de marineros españoles frente a una sola baja
norteamericana) y sentenció el desarrollo de la guerra. Días más tarde de la derrota naval, caerá
Santiago; a finales de julio los norteamericanos desembarcarán en Puerto Rico. El armisticio se firma
en Washington en agosto; las conversaciones de paz se realizarán en París en diciembre de 1898.
El Tratado de París suponía el reconocimiento español de la independencia de Cuba, viéndose forzados
los negociadores españoles a ceder Filipinas, Puerto Rico y Guam (en las Marianas) a cambio
de 20 millones de dólares. La cesión de Filipinas no fue prevista en el armisticio de Washington
siendo una exigencia posterior de EE.UU.
Las consecuencias de la derrota frente a los EE.UU. fueron variadas. España perdió los últimos
restos de su Imperio colonial, viendo reducido aún más su peso internacional. Cuba, pese a lograr
su independencia formal, quedo ligada estrechamente a los intereses norteamericanos. La crisis del
98 tiene, no obstante, una lectura multiforme. Si bien es cierto que producirá unas duraderas consecuencias
en el ámbito intelectual, sus efectos sobre el conjunto de la población no serán perdurables.
A pesar del apoyo entusiástico que la prensa y la opinión pública dieron a la guerra –una visión en
ningún caso sostenido en un análisis realista de las fuerzas en conflicto y que en buena medida empujó
a los políticos en un sentido poco deseable-, las reacciones apenas se dejaron sentir. Sin pulso
tituló un famoso artículo el dirigente conservador Silvela en el que se quejaba de la apatía dominante
en el país. Sin embargo, las consecuencias de la derrota no fueron duraderas en la economía del
país, que pronto se recuperó, beneficiándose de la desaparición del proteccionismo cubano; incluso
la flota será rehecha en los primeros años del siglo xx.
Ahora bien, el sistema político de la Restauración sí que se resintió gravemente de la derrota.
«Todo se ha perdido, menos la monarquía», palabras de un conocido político (Montero Ríos), resumen
gran parte de los objetivos que llevaron a España a una guerra perdida. Así, 1898 se convertirá
en el año decisivo del abandono del régimen de gran parte de la intelectualidad. La llamada generación
del 98, cuyo influjo será muy duradero, mostrará el edificio de la Restauración como una
construcción carcomida que sólo deberá ser demolido. La traición de los intelectuales, como la ha
definido un historiador moderno, supuso privar de apoyos a una estructura política que, pese a sus
defectos, había conseguido una larga etapa de prosperidad económica y de estabilidad política. El
Regeneracionismo, movimiento contemporáneo al desastre de Cuba, aunque presentará algunos
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ejemplos dentro del propio sistema, será básicamente un movimiento disolvente, que en poco ayudará
a la democratización y saneamiento del sistema y sí al derrumbe del mismo, abriendo paso a
una nueva etapa de inestabilidad que desembocará un cuarto de siglo más tarde en la dictadura de
Primo de Rivera.
La derrota ante EE.UU. avivará también el alcance e influencia de los movimientos nacionalistas
de Cataluña o el País Vasco. Arana, fundador del PNV, felicitará públicamente a los EE.UU. por
su victoria ante España, lo que lo llevará a prisión. El PNV, no obstante, observará la independencia
cubana como el preludio de la desmembración hispana. En Cataluña, Prat de la Riba encabezará un
movimiento tendente a obtener una Mancomunidad para Cataluña que desequilibrará la política de
la Restauración de las primeras décadas del siglo xx. Aunque más equilibrado y realista que el vasco,
el regionalismo catalán será el semillero de donde surjan posturas claramente independentistas –de
difícil acomodo en el sistema político- y que prosperarán hasta el estallido de la Guerra Civil (1936-
1939).
La guerra en Cuba, iniciada en 1868 coincidente con la Revolución Gloriosa, continuaba en
1875 lastrando gravemente la estabilidad del naciente régimen. Tras pacificar la península con el fin
de la insurrección cantonal y de la III Guerra Carlista, el gobierno de Cánovas orientará sus esfuerzos
a lograr la pacificación cubana. El encargado de lograr tal objetivo será el general Martínez
Campos, héroe nacional tras el pronunciamiento de Sagunto. Los acuerdos alcanzados por Martínez
Campos en la isla –autonomía política y abolición de la esclavitud- no lograrán la pacificación
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completa de Cuba, sino que abrirán un periodo de inestabilidad no exento de tensiones militares, la
llamada «Guerra chiquita». Tampoco en la península obtendrán las decisiones de Martínez Campos
un apoyo cerrado. Cánovas, molesto por el alcance de las concesiones, dimitirá de su cargo de presidente
del gobierno, dando paso a otro ejecutivo encabezado por el propio Martínez Campos que
tendrá que defender el acuerdo cubano en las Cortes. De igual modo, los intereses de los empresarios
cubanos y catalanes se considerarán lesionados por las concesiones a los isleños.
El problema cubano volverá a estallar con violencia en 1895; de manera casi simultánea, se inicia
otro movimiento independentista en Filipinas (1896). Los líderes de la revuelta cubana serán el poeta
Martí, inspirador del movimiento, y Maceo, su cabecilla militar. La base social del independentismo
cubano se hallará en el campesinado y se practicará la guerra de guerrillas como táctica militar
de los insurgentes.
La respuesta de la península buscaba un doble objetivo: liquidar el movimiento independentista
y evitar un conflicto con los EE.UU., cuyos intereses en Cuba aumentaban y en donde se desarrollará
una encendida campaña antiespañola en la prensa amarilla. Nuevamente será Martínez Campos
el primer encargado de lograr una solución al problema cubano. La táctica del general consistía en
establecer un cordón sanitario de norte a sur de la isla, «la trocha», que arrinconara progresivamente
a los rebeldes. Sin embargo, la facilidad de los cubanos para desembarcar más allá del lugar donde
se situaban las fuerzas españolas impidió el éxito de la campaña de Martínez Campos y forzó su relevo.
Su sucesor será el general Weyler, que iniciará una dura campaña que incluirá el internamiento
en «campos de concentración» de amplias poblaciones campesinas. Las tácticas de Weyler, duras
aunque sometidas a los usos tradicionales de la guerra, encontrarán en la prensa norteamericana un
eco destacado, haciendo del general español diana preferida de sus críticas.
El gobierno de Cánovas se encontraba decidido a impedir la secesión cubana, cuya españolidad
consideraba tan segura como la de cualquier otro territorio peninsular. «Hasta el último hombre y la
última peseta» había prometido Cánovas emplear en la empresa. No obstante, el estadista malagueño
era consciente de la delicada situación en que se encontraba la guerra cubana y la hostilidad creciente
que mostraban los EE.UU. Cánovas actúo hábilmente para impedir la intervención norteamericana,
si bien apremiaba a sus generales para concluir cuanto antes las acciones en la isla. La
influencia de Cánovas era apreciada incluso en la sociedad norteamericana, que lo veía como el
principal obstáculo para la intervención de EE.UU. Por tanto, el asesinato del padre de la Restauración
en 1897 aceleró el acto final del conflicto cubano y, por extensión, del filipino.
Las razones que explican la intervención norteamericana son variadas. Por un lado, concluida su
expansión continental, los EE.UU. se orientan hacia el Caribe como área de desarrollo natural,
considerando ese territorio como un mar interior y entendiéndolo como el escenario de su política
colonial. Por otra parte, los intereses de las empresas norteamericanas en el territorio cubano eran
muy poderosos, así como los vínculos que unían a la economía de la isla con el gigante americano.
Desde este punto de vista, la continuidad de la administración española –con su marcado proteccionismo-
exasperaba tanto a los norteamericanos como a los cubanos. Por último, el papel desempeñado
por la prensa amarilla de EE.UU., principalmente los diarios de Hearst y Pulitzer, empozoñó
un conflicto que se convertirá en el inicio del protagonismo norteamericano en el escenario internacional
durante el siglo xx.
La muerte de Cánovas y la sustitución del presidente Cleveland por MacKinley precipitarán la
intervención. Tres acontecimientos marcarán el proceso que llevará a la guerra. Primero, en el verano
de 1897 el gobierno norteamericano, haciéndose eco de la presión periodística, protestará por los
procedimientos del general Weyler, exigiendo una rápida pacificación de la isla. En segundo lugar,
el presidente norteamericano realizará una gestión extraoficial en la corte de Mª Cristina ofreciendo
la compra de la isla por 300 millones de dólares y amenazando con la intervención si no era aceptada.
Por último, la explosión del acorazado Maine en el puerto de La Habana, con la muerte de gran
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parte de su tripulación, llevará al ultimátum del 20 de abril de 1898, en el que EE.UU. daba tres días
a España para que renunciara a las soberanía de Cuba. La voladura del Maine ha sido un asunto
oscuro. Rápidamente, la prensa norteamericana achacó a España el hundimiento y como tal fue percibido
por la opinión pública de aquél país. Ha habido autores que han considerado que la explosión
del Maine fue obra de independentistas cubanos, ansiosos de forzar la intervención norteamericana.
Hoy, la interpretación más aceptada achaca la explosión a un fallo interno del motor del Maine,
que reventó la santabárbara provocando su hundimiento. En cualquier caso, el resultado fue el
inicio de una guerra desigual entre una potencia en expansión y otra en declive, obligada además a
defender un territorio alejado miles de kilómetros de la Península Ibérica.
La guerra hispano-norteamericana se redujo básicamente a una guerra naval, donde la mayor
potencia de fuego de los buques norteamericanos y el dominio de los puertos de repostaje de carbón
dio rápidamente la iniciativa a los EE.UU. En Filipinas, la vieja armada del almirante Montojo será
aniquilada en la batalla de Cavite frente a la moderna escuadra del comodoro Dewey (1 de mayo de
1898). La posterior rendición y la insurrección generalizada de los filipinos, reducirá el dominio español
a la ciudad de Manila. Ésta se rendirá el 14 de agosto. Sin embargo, los soldados españoles
resistirán en tierras filipinas hasta más allá de la firma del tratado de paz (hasta el 2 de junio de 1899).
La escuadra del Atlántico será encomendada al almirante Cervera, hombre valeroso pero que
consideraba imposible su misión. La flota española logró sortear el bloqueo norteamericano y atracar
en el puerto de Santiago de Cuba. Tras cerrar el puerto, los norteamericanos intentaron la conquista
de la ciudad tras un desembarco. La posibilidad de que los EE.UU. pudieran capturar intacta
la flota determinó a Cervera a salir a mar abierto. La llamada batalla de Santiago supuso la destrucción
de la flota española (con la muerte de miles de marineros españoles frente a una sola baja
norteamericana) y sentenció el desarrollo de la guerra. Días más tarde de la derrota naval, caerá
Santiago; a finales de julio los norteamericanos desembarcarán en Puerto Rico. El armisticio se firma
en Washington en agosto; las conversaciones de paz se realizarán en París en diciembre de 1898.
El Tratado de París suponía el reconocimiento español de la independencia de Cuba, viéndose forzados
los negociadores españoles a ceder Filipinas, Puerto Rico y Guam (en las Marianas) a cambio
de 20 millones de dólares. La cesión de Filipinas no fue prevista en el armisticio de Washington
siendo una exigencia posterior de EE.UU.
Las consecuencias de la derrota frente a los EE.UU. fueron variadas. España perdió los últimos
restos de su Imperio colonial, viendo reducido aún más su peso internacional. Cuba, pese a lograr
su independencia formal, quedo ligada estrechamente a los intereses norteamericanos. La crisis del
98 tiene, no obstante, una lectura multiforme. Si bien es cierto que producirá unas duraderas consecuencias
en el ámbito intelectual, sus efectos sobre el conjunto de la población no serán perdurables.
A pesar del apoyo entusiástico que la prensa y la opinión pública dieron a la guerra –una visión en
ningún caso sostenido en un análisis realista de las fuerzas en conflicto y que en buena medida empujó
a los políticos en un sentido poco deseable-, las reacciones apenas se dejaron sentir. Sin pulso
tituló un famoso artículo el dirigente conservador Silvela en el que se quejaba de la apatía dominante
en el país. Sin embargo, las consecuencias de la derrota no fueron duraderas en la economía del
país, que pronto se recuperó, beneficiándose de la desaparición del proteccionismo cubano; incluso
la flota será rehecha en los primeros años del siglo xx.
Ahora bien, el sistema político de la Restauración sí que se resintió gravemente de la derrota.
«Todo se ha perdido, menos la monarquía», palabras de un conocido político (Montero Ríos), resumen
gran parte de los objetivos que llevaron a España a una guerra perdida. Así, 1898 se convertirá
en el año decisivo del abandono del régimen de gran parte de la intelectualidad. La llamada generación
del 98, cuyo influjo será muy duradero, mostrará el edificio de la Restauración como una
construcción carcomida que sólo deberá ser demolido. La traición de los intelectuales, como la ha
definido un historiador moderno, supuso privar de apoyos a una estructura política que, pese a sus
defectos, había conseguido una larga etapa de prosperidad económica y de estabilidad política. El
Regeneracionismo, movimiento contemporáneo al desastre de Cuba, aunque presentará algunos
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ejemplos dentro del propio sistema, será básicamente un movimiento disolvente, que en poco ayudará
a la democratización y saneamiento del sistema y sí al derrumbe del mismo, abriendo paso a
una nueva etapa de inestabilidad que desembocará un cuarto de siglo más tarde en la dictadura de
Primo de Rivera.
La derrota ante EE.UU. avivará también el alcance e influencia de los movimientos nacionalistas
de Cataluña o el País Vasco. Arana, fundador del PNV, felicitará públicamente a los EE.UU. por
su victoria ante España, lo que lo llevará a prisión. El PNV, no obstante, observará la independencia
cubana como el preludio de la desmembración hispana. En Cataluña, Prat de la Riba encabezará un
movimiento tendente a obtener una Mancomunidad para Cataluña que desequilibrará la política de
la Restauración de las primeras décadas del siglo xx. Aunque más equilibrado y realista que el vasco,
el regionalismo catalán será el semillero de donde surjan posturas claramente independentistas –de
difícil acomodo en el sistema político- y que prosperarán hasta el estallido de la Guerra Civil (1936-
1939).
12.6. La Regencia de María Cristina de Habsburgo y el turno de partidos. La oposición al sistema. Regionalismo y nacionalismo.
La oposición al sistema: republicanismo y desarrollo del movimiento obrero.
Tras la experiencia negativa de la caótica I República los distintos grupos republicanos siguen
igual: muy divididos entre sí a pesar de tener un ideario relativamente común. Se consideran fiera
del sistema por defender otra forma de gobierno, son religiosamente heterodoxos y proceden casi
todos de la intelectualidad de clase media. Sin embargo forman grupos dispares desde los posibilistas,
capitaneados por Castelar, que son partidarios del orden social y la unidad nacional, hasta los
progresistas- demócratas de Ruiz-Zorrilla partidarios de acciones subversivas contra el gobierno; en
medio se situarían los republicano-federales, los mejor organizados y los más próximos al movimiento
obrero (toleraban las huelgas pacíficas) al que finalmente irán a parar algunos de sus militantes.
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En general su número es escaso en las primeras Cortes de la Restauración teniendo además el
hándicap de que hablaban casi siempre en nombre propio. A pesar de ello políticos como el ya citado
Castelar contribuirán a la apertura llevada a cabo por Sagasta en la década de los 90.
El movimiento obrero está prohibido en España tras el golpe del general Pavía en 1874. Dos
años antes en un Congreso celebrado en Zaragoza de la sección española de la AIT se habían perfilado
las dos grandes orientaciones ideológicas en las que luego se dividirán los obreros españoles,
Por un lado los grupos anarquistas, separados de cualquier línea política (lo que no les impidió
participar en el movimiento cantonalista con los federales intransigentes) triunfante tras la desconfianza
que las incumplidas promesas del 68 (ley de asociaciones, falta de mejoras sociales)e incluso la
represión final por parte de los herederos de la revolución. En la corriente mayoritaria muy extendida
por Aragón, Levante y Andalucía, predomina en un principio la necesidad de acabar con el estado
opresor (algo que se hará prioritario a los cambios sociales hasta su legalización en 1881). Tras
ésta se va a producir un enfrentamiento en el seno de la nueva organización, denominada Federación
de Trabajadores de la región Española, entre los partidarios de la huelga general pacífica., fundamentalmente
el núcleo catalán, y los partidarios de continuar con la violencia como los andaluces
asociados por la policía a la Mano Negra, supuesta organización radical, secreta y violenta acusada
de querer acabar con las clases conservadoras (a pesar de que ellos negaban la existencia de la organización,
algo que hoy en día sigue sin estar claro) lo que le significó una persecución notable por
parte de las autoridades, acoso extendido luego a todo el movimiento anarquista.
El otro gran grupo que sale del Congreso de Zaragoza es la corriente socialista de clara inspiración
marxista que sí aceptaba la validez de la vía política para conseguir sus objetivos. Implantada
inicialmente en Madrid se extendería después a otras partes especialmente a la periferia norte, Asturias
y P. Vasco. Desde el 2 de mayo de 1879 cuentan con un partido, el PSOE, fundado por el tipógrafo
madrileño Pablo Iglesias, con tres bases para el triunfo del proletariado:
Posesión del poder político por el proletariado así como la desaparición de la propiedad privada
transformada ahora en propiedad colectiva.
Abolición de todas las clases sociales y formación de una sola, formada por trabajadores libres e
iguales
Lucha por mejorar las condiciones de vida: libertad de asociación, jornada de 8 horas diarias,
igualdad salarial de hombre y mujeres, sufragio universal.
Su línea de acción sería básicamente política ya que se pretendían alcanzar todos estos objetivos
ganando las elecciones en solitario y, tras sus pobres resultados electorales en alianza con partidos
burgueses, idea cristalizada sólo a partir de 1910 con la formación de una conjunción republicano-socialista
que lograría un diputado para su líder Pablo Iglesias.
Antes de esto y tras la crisis de 1887 fue fundada la Unión General de Trabajadores (Barcelona
1883) como una organización de federaciones de oficios con relativa autonomía en sus distintas ramas.
Básicamente se trataba de crear una organización preocupada por las mejoras en las condiciones
de vida y de trabajo de los obreros, una organización partidaria de la negociación pero también
de la huelga aunque alejada de los fenómenos de tipo violento propios del mundo anarquista.
A pesar de ello la mayor presencia social la tienen los anarquistas con su política violenta de asesinatos
a presidentes del gobierno (Cánovas en Cestona) y bombas indiscriminadas como la lanzada
en el Liceo (1893) de Barcelona o al paso de la comitiva real en la boda de Alfonso XIII (Madrid
1906) aunque en todos estos casos haya importantes razones personales de los terroristas (venganzas
por sentencias judiciales o torturas policiales) más que una organización premeditada.
Regionalismo y nacionalismo.
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El sistema político liberal del siglo XIX nace en medio de una guerra civil (La I Guerra Carlista)
razón por la cual va a estar fuertemente impregnado de pensamiento militar, por un lado, y de pensamiento
centralizador por otro. Por ambas razones se trataba de defender un estado fuertemente
dividido no en función de las distintas comunidades preexistentes sino en las nuevas provincias
creadas por Javier de Burgos en 1833.
La burocracia al servicio de este estado se limitaría en adelante a trasladar las decisiones del gobierno
hacia la periferia sin que existiera una línea de interés recíproco. También la redacción de historias
generales de España que mostraban la importancia de los elementos cohesionadores de la nación
por encima de cualquier contenido, realizadas como en Europa por intelectuales conservadores,
contribuyó a afirmar la realidad de ese estado centralista.
Frente a esto y a partir del último tercio del siglo comienza a afirmarse en la periferia un redescubrimiento
de lo plural especialmente importante en aquellas sociedades cuya industrialización había
hecho crecer notablemente la economía: fueron en principio fenómenos de tipo conservador ligados
al carlismo y, más atrás, al foralismo tradicional de la Corona de Aragón y el País Vasco (suspendido
definitivamente con la Constitución de 1876) defendido no por los elementos más importantes de la
nueva burguesía enriquecida, vinculada claramente a los representantes del centralismo, sino más
bien a los grupos intermedios de aquellas sociedades en las que, muchas veces, fueron utilizados,
por otra parte para presionar a Madrid y obtener ventajas económicas.
En Cataluña el movimiento regionalista arranca de un movimiento cultural, la Renaixença, planteado
en varios campos artísticos y culturales con el objetivo fundamental de recuperar el más amplio
uso de su lengua. A partir de ahí se articulará la afirmación de sus peculiaridades no desde la
perspectiva independentista sino autonomista. Incluso más. Antes que separar a Cataluña de España
se pretendía integrarla de tal modo que, en base a su importante grado de urbanización y progreso
industrial, fuera aquella la que transformara todo el país a su imagen y semejanza. Tal es el pensamiento
de Valentí Almirall (Lo catalanisme) la práctica política de Prat de la Riba y su Lliga de Catalunya
que ya a finales del siglo había presentado a la regente un programa que perseguía una amplia
autonomía para Cataluña a imagen y semejanza de la que Austria había acordado para Hungría.
En el País Vasco la situación es diferente ya que junto a la burguesía autonomista, partidaria del
concierto económico creado en sustitución de los fueros, hay otra más radical, independentista, relacionada
con el carlismo y la recuperación total de las leyes perdidas que representaban la herencia
de una edad dorada agraria anterior a la industria y la inmigración, razón por la cual esta dos últimas
se convertirán en enemigos suyos.
Así se ve en la obra de Sabino Arana fundador del PNV (cuyo lema era Dios y Ley Vieja) desde
una perspectiva claramente independentista, Sin embargo la necesidad de crecer en la nueva sociedad
producto de una acelerada industrialización llevará a esta línea radical a convivir con otra más
pactista partidaria de la autonomía al igual que la burguesía catalana. Se busca también rehacer España
a partir del País Vasco formulándose así las dos líneas que han convivido dentro del PNV en
relativo equilibrio hasta nuestros días.
Tras la experiencia negativa de la caótica I República los distintos grupos republicanos siguen
igual: muy divididos entre sí a pesar de tener un ideario relativamente común. Se consideran fiera
del sistema por defender otra forma de gobierno, son religiosamente heterodoxos y proceden casi
todos de la intelectualidad de clase media. Sin embargo forman grupos dispares desde los posibilistas,
capitaneados por Castelar, que son partidarios del orden social y la unidad nacional, hasta los
progresistas- demócratas de Ruiz-Zorrilla partidarios de acciones subversivas contra el gobierno; en
medio se situarían los republicano-federales, los mejor organizados y los más próximos al movimiento
obrero (toleraban las huelgas pacíficas) al que finalmente irán a parar algunos de sus militantes.
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En general su número es escaso en las primeras Cortes de la Restauración teniendo además el
hándicap de que hablaban casi siempre en nombre propio. A pesar de ello políticos como el ya citado
Castelar contribuirán a la apertura llevada a cabo por Sagasta en la década de los 90.
El movimiento obrero está prohibido en España tras el golpe del general Pavía en 1874. Dos
años antes en un Congreso celebrado en Zaragoza de la sección española de la AIT se habían perfilado
las dos grandes orientaciones ideológicas en las que luego se dividirán los obreros españoles,
Por un lado los grupos anarquistas, separados de cualquier línea política (lo que no les impidió
participar en el movimiento cantonalista con los federales intransigentes) triunfante tras la desconfianza
que las incumplidas promesas del 68 (ley de asociaciones, falta de mejoras sociales)e incluso la
represión final por parte de los herederos de la revolución. En la corriente mayoritaria muy extendida
por Aragón, Levante y Andalucía, predomina en un principio la necesidad de acabar con el estado
opresor (algo que se hará prioritario a los cambios sociales hasta su legalización en 1881). Tras
ésta se va a producir un enfrentamiento en el seno de la nueva organización, denominada Federación
de Trabajadores de la región Española, entre los partidarios de la huelga general pacífica., fundamentalmente
el núcleo catalán, y los partidarios de continuar con la violencia como los andaluces
asociados por la policía a la Mano Negra, supuesta organización radical, secreta y violenta acusada
de querer acabar con las clases conservadoras (a pesar de que ellos negaban la existencia de la organización,
algo que hoy en día sigue sin estar claro) lo que le significó una persecución notable por
parte de las autoridades, acoso extendido luego a todo el movimiento anarquista.
El otro gran grupo que sale del Congreso de Zaragoza es la corriente socialista de clara inspiración
marxista que sí aceptaba la validez de la vía política para conseguir sus objetivos. Implantada
inicialmente en Madrid se extendería después a otras partes especialmente a la periferia norte, Asturias
y P. Vasco. Desde el 2 de mayo de 1879 cuentan con un partido, el PSOE, fundado por el tipógrafo
madrileño Pablo Iglesias, con tres bases para el triunfo del proletariado:
Posesión del poder político por el proletariado así como la desaparición de la propiedad privada
transformada ahora en propiedad colectiva.
Abolición de todas las clases sociales y formación de una sola, formada por trabajadores libres e
iguales
Lucha por mejorar las condiciones de vida: libertad de asociación, jornada de 8 horas diarias,
igualdad salarial de hombre y mujeres, sufragio universal.
Su línea de acción sería básicamente política ya que se pretendían alcanzar todos estos objetivos
ganando las elecciones en solitario y, tras sus pobres resultados electorales en alianza con partidos
burgueses, idea cristalizada sólo a partir de 1910 con la formación de una conjunción republicano-socialista
que lograría un diputado para su líder Pablo Iglesias.
Antes de esto y tras la crisis de 1887 fue fundada la Unión General de Trabajadores (Barcelona
1883) como una organización de federaciones de oficios con relativa autonomía en sus distintas ramas.
Básicamente se trataba de crear una organización preocupada por las mejoras en las condiciones
de vida y de trabajo de los obreros, una organización partidaria de la negociación pero también
de la huelga aunque alejada de los fenómenos de tipo violento propios del mundo anarquista.
A pesar de ello la mayor presencia social la tienen los anarquistas con su política violenta de asesinatos
a presidentes del gobierno (Cánovas en Cestona) y bombas indiscriminadas como la lanzada
en el Liceo (1893) de Barcelona o al paso de la comitiva real en la boda de Alfonso XIII (Madrid
1906) aunque en todos estos casos haya importantes razones personales de los terroristas (venganzas
por sentencias judiciales o torturas policiales) más que una organización premeditada.
Regionalismo y nacionalismo.
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TEMAS SEGUNDA EVALUACIÓN
El sistema político liberal del siglo XIX nace en medio de una guerra civil (La I Guerra Carlista)
razón por la cual va a estar fuertemente impregnado de pensamiento militar, por un lado, y de pensamiento
centralizador por otro. Por ambas razones se trataba de defender un estado fuertemente
dividido no en función de las distintas comunidades preexistentes sino en las nuevas provincias
creadas por Javier de Burgos en 1833.
La burocracia al servicio de este estado se limitaría en adelante a trasladar las decisiones del gobierno
hacia la periferia sin que existiera una línea de interés recíproco. También la redacción de historias
generales de España que mostraban la importancia de los elementos cohesionadores de la nación
por encima de cualquier contenido, realizadas como en Europa por intelectuales conservadores,
contribuyó a afirmar la realidad de ese estado centralista.
Frente a esto y a partir del último tercio del siglo comienza a afirmarse en la periferia un redescubrimiento
de lo plural especialmente importante en aquellas sociedades cuya industrialización había
hecho crecer notablemente la economía: fueron en principio fenómenos de tipo conservador ligados
al carlismo y, más atrás, al foralismo tradicional de la Corona de Aragón y el País Vasco (suspendido
definitivamente con la Constitución de 1876) defendido no por los elementos más importantes de la
nueva burguesía enriquecida, vinculada claramente a los representantes del centralismo, sino más
bien a los grupos intermedios de aquellas sociedades en las que, muchas veces, fueron utilizados,
por otra parte para presionar a Madrid y obtener ventajas económicas.
En Cataluña el movimiento regionalista arranca de un movimiento cultural, la Renaixença, planteado
en varios campos artísticos y culturales con el objetivo fundamental de recuperar el más amplio
uso de su lengua. A partir de ahí se articulará la afirmación de sus peculiaridades no desde la
perspectiva independentista sino autonomista. Incluso más. Antes que separar a Cataluña de España
se pretendía integrarla de tal modo que, en base a su importante grado de urbanización y progreso
industrial, fuera aquella la que transformara todo el país a su imagen y semejanza. Tal es el pensamiento
de Valentí Almirall (Lo catalanisme) la práctica política de Prat de la Riba y su Lliga de Catalunya
que ya a finales del siglo había presentado a la regente un programa que perseguía una amplia
autonomía para Cataluña a imagen y semejanza de la que Austria había acordado para Hungría.
En el País Vasco la situación es diferente ya que junto a la burguesía autonomista, partidaria del
concierto económico creado en sustitución de los fueros, hay otra más radical, independentista, relacionada
con el carlismo y la recuperación total de las leyes perdidas que representaban la herencia
de una edad dorada agraria anterior a la industria y la inmigración, razón por la cual esta dos últimas
se convertirán en enemigos suyos.
Así se ve en la obra de Sabino Arana fundador del PNV (cuyo lema era Dios y Ley Vieja) desde
una perspectiva claramente independentista, Sin embargo la necesidad de crecer en la nueva sociedad
producto de una acelerada industrialización llevará a esta línea radical a convivir con otra más
pactista partidaria de la autonomía al igual que la burguesía catalana. Se busca también rehacer España
a partir del País Vasco formulándose así las dos líneas que han convivido dentro del PNV en
relativo equilibrio hasta nuestros días.
12.5. Reinado de Alfonso XII: el sistema canovista y la Constitución de 1876.
La Restauración se impone en España por el fracaso de la I República ante el triple desafío que
suponen las guerras contra cantonalistas, independentistas cubanos y carlistas. Esto hace que cuando
Cánovas quiere imponer su sistema bipartidista se encuentre con escasas resistencias por parte
de una población que había conectado poco con una República, y con unos poderes fácticos muy
dispuestos a colaborar como la alta burguesía, terrateniente o industrial, un ejército más conservador
después del cantonalismo o una iglesia reaccionaria y nacionalista que configuran la parte caciquil
del sistema que durará con más o menos altibajos d desde hasta 1923.
Cánovas evoluciona desde un pensamiento próximo al progresismo (Manifiesto de Manzanares)
a otro claramente conservador aunque siempre desde la base de una monarquía constitucional (Manifiesto
de Sandhurst). En él son ideas claves la disciplina y el orden plasmados en el sufragio censitario
y en la restricción de derechos o en la defensa clara del uso de la fuerza frente al socialismo, la
verdadera amenaza de la sagrada propiedad individual.
Es, por supuesto, partidario de la vuelta de la dinastía borbónica aunque sabe que esto sólo puede
aceptarse en la persona de Alfonso XII y nunca en la de Isabel II. A diferencia de lo sucedido en
la época de la reina, el turno pacífico de dos partidos, el liberal y el conservador, y no el dominio de
uno solo será la pieza clave para que funcione pacíficamente el sistema y no haya, en principio, exclusiones
de nadie.
El caciquismo es clave en el funcionamiento de este sistema esta falsificación continua de las elecciones
en la que se encasillaba a los diputados que se iban a obtener en las circunscripciones electorales.
Los caciques eran individuos localmente poderosos (terratenientes, prestamistas, notarios y
médicos) y su acción era especialmente importante en el mundo campesino. Entre los procedimientos
que utilizaban están la violencia o la amenaza directa a votantes, las trampas en las votaciones, el
cambio de votos por favores (permisos para edificar, préstamos saldados, empleos en instituciones
locales) y eso tanto en los momentos en que el voto era por sufragio restringido como cuando a partir
de 1890 Sagasta introduce el voto universal masculino para mayores de 25 años.
El primer turno toca a los conservadores y Cánovas es elegido presidente del Consejo. Entre su s
hechos más notables están el término del conflicto bélico con la victoria sobre los carlistas, la abolición
de los fueros vasconavarros sustituidos por los conciertos económicos que establecían un cupo
variable que aquellos debían pagar por los gastos estatales invertidos en ellos, el arancel proteccionista
del 77 que marca una tendencia seguida durante casi todo el periodo, el recorte de derechos
individuales cono la Ley Orovio que alejó de sus cátedras a importantes miembros de la futura ILE
por una legislación que impedía criticar el catolicismo o la monarquía restaurada.
En el siguiente turno iniciado en 1880 es Sagasta el Presidente del Consejo que contempla el fin
de las suspensiones de periódicos así como el regreso de represaliados por la Ley Orovio. Comienza
a haber una cierta preocupación social con la creación de la Comisión de reformas Sociales aunque
todavía se a un órgano meramente consultivo
La Constitución de 1876.
Se produce tras los numerosos problemas del s. XIX y, especialmente los del sexenio revolucionario.
Cánovas del castillo su principal inspirador (incluso literalmente de algunos artículos) buscaba
un texto que tuviera cierta aceptación por la oposición más moderada, los liberales progresistas,
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ahora simplemente liberales, que forman el otro gran partido destinado a participar en el turno pacífico
clave en la vida política de la Restauración. De hecho se puede decir de aquella que tiene algunos
elementos del texto de 1869 aunque, básicamente, se parece mucho a la del 1845.
Su origen son unas cortes elegidas por sufragio universal masculino en 1876 realizadas con
amplia abstención y sobre todo con los fraudes y pucherazos de siempre llevados a cabo por Romero
Robledo, ministro de la gobernación, que consigue una amplia mayoría para el Partido Conservador
(antiguo liberal moderado) del propio Cánovas del Castillo.
Se puede decir, finalmente, que es muy breve (89 artículos) y sobria, de tal manera que algunos
artículos pudieran ser interpretados según el partido que estuviera en el poder.
Entre los artículos más destacados están:
Art.11: es confesional como en las constituciones de 1812, 1834 y 1845 (no así en las de 1837 y 1869)
aunque pone algunas trabas a las doctrinas no católicas en lo relativo a sus expresiones públicas. Por
supuesto, mantiene al clero en función de la riqueza perdida por las desamortizaciones.
Art,13: amplio reconocimiento teórico de todos los que había ido apareciendo en los textos legales
durante el s. XIX aunque luego aquellos se encuentran “de hecho” con limitaciones en las etapas
de gobiernos conservadores.
Art.18: gran importancia legislativa del Rey como en los textos legales de 1834 y 1845 (menor en
las constituciones de 1812, 1837 y sobre todo 1869). Comparte la potestad legislativa, posee derecho
de veto y puede convocar y disolver Cortes.
Art. 20: el Senado posee tres partes: derecho propio (“Grandes”, jerarquías militares y eclesiásticas),
vitalicios y elegidos por sufragio restringido que son la mitad de la Cámara.
Art. 28: los diputados son elegidos por una ley electoral aparte (como siempre) que establece el
sistema censitario propio de las constituciones conservadoras (1834, 1845 y también 1837, a pesar de
ser más progresista) hasta 1890 en que los liberales implantan el masculino universal en la tradición
de los textos más innovadores (1812 y 1869). Habrá fraudes en ambos casos.
Art.50: el Rey tiene el poder ejecutivo como siempre destacándose aquí las alusiones al orden público
interior y a la seguridad exterior.
Art, 75: se acaba con casi todos los restos del foralismo (aunque a cambio al País Vasco se le ofrece
un instrumento nuevo, los conciertos económicos, es decir la posibilidad de tener hacienda propia
a cambio de entregar al Estado una parte del dinero recaudado como compensación de los gastos
realizados allí por el Estado).
Art.83: los ayuntamientos serán elegidos por los vecinos y no por el rey poniéndose así fin a la polémica
entre moderados y progresistas típica de los primeros dos tercios del siglo XIX.
suponen las guerras contra cantonalistas, independentistas cubanos y carlistas. Esto hace que cuando
Cánovas quiere imponer su sistema bipartidista se encuentre con escasas resistencias por parte
de una población que había conectado poco con una República, y con unos poderes fácticos muy
dispuestos a colaborar como la alta burguesía, terrateniente o industrial, un ejército más conservador
después del cantonalismo o una iglesia reaccionaria y nacionalista que configuran la parte caciquil
del sistema que durará con más o menos altibajos d desde hasta 1923.
Cánovas evoluciona desde un pensamiento próximo al progresismo (Manifiesto de Manzanares)
a otro claramente conservador aunque siempre desde la base de una monarquía constitucional (Manifiesto
de Sandhurst). En él son ideas claves la disciplina y el orden plasmados en el sufragio censitario
y en la restricción de derechos o en la defensa clara del uso de la fuerza frente al socialismo, la
verdadera amenaza de la sagrada propiedad individual.
Es, por supuesto, partidario de la vuelta de la dinastía borbónica aunque sabe que esto sólo puede
aceptarse en la persona de Alfonso XII y nunca en la de Isabel II. A diferencia de lo sucedido en
la época de la reina, el turno pacífico de dos partidos, el liberal y el conservador, y no el dominio de
uno solo será la pieza clave para que funcione pacíficamente el sistema y no haya, en principio, exclusiones
de nadie.
El caciquismo es clave en el funcionamiento de este sistema esta falsificación continua de las elecciones
en la que se encasillaba a los diputados que se iban a obtener en las circunscripciones electorales.
Los caciques eran individuos localmente poderosos (terratenientes, prestamistas, notarios y
médicos) y su acción era especialmente importante en el mundo campesino. Entre los procedimientos
que utilizaban están la violencia o la amenaza directa a votantes, las trampas en las votaciones, el
cambio de votos por favores (permisos para edificar, préstamos saldados, empleos en instituciones
locales) y eso tanto en los momentos en que el voto era por sufragio restringido como cuando a partir
de 1890 Sagasta introduce el voto universal masculino para mayores de 25 años.
El primer turno toca a los conservadores y Cánovas es elegido presidente del Consejo. Entre su s
hechos más notables están el término del conflicto bélico con la victoria sobre los carlistas, la abolición
de los fueros vasconavarros sustituidos por los conciertos económicos que establecían un cupo
variable que aquellos debían pagar por los gastos estatales invertidos en ellos, el arancel proteccionista
del 77 que marca una tendencia seguida durante casi todo el periodo, el recorte de derechos
individuales cono la Ley Orovio que alejó de sus cátedras a importantes miembros de la futura ILE
por una legislación que impedía criticar el catolicismo o la monarquía restaurada.
En el siguiente turno iniciado en 1880 es Sagasta el Presidente del Consejo que contempla el fin
de las suspensiones de periódicos así como el regreso de represaliados por la Ley Orovio. Comienza
a haber una cierta preocupación social con la creación de la Comisión de reformas Sociales aunque
todavía se a un órgano meramente consultivo
La Constitución de 1876.
Se produce tras los numerosos problemas del s. XIX y, especialmente los del sexenio revolucionario.
Cánovas del castillo su principal inspirador (incluso literalmente de algunos artículos) buscaba
un texto que tuviera cierta aceptación por la oposición más moderada, los liberales progresistas,
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ahora simplemente liberales, que forman el otro gran partido destinado a participar en el turno pacífico
clave en la vida política de la Restauración. De hecho se puede decir de aquella que tiene algunos
elementos del texto de 1869 aunque, básicamente, se parece mucho a la del 1845.
Su origen son unas cortes elegidas por sufragio universal masculino en 1876 realizadas con
amplia abstención y sobre todo con los fraudes y pucherazos de siempre llevados a cabo por Romero
Robledo, ministro de la gobernación, que consigue una amplia mayoría para el Partido Conservador
(antiguo liberal moderado) del propio Cánovas del Castillo.
Se puede decir, finalmente, que es muy breve (89 artículos) y sobria, de tal manera que algunos
artículos pudieran ser interpretados según el partido que estuviera en el poder.
Entre los artículos más destacados están:
Art.11: es confesional como en las constituciones de 1812, 1834 y 1845 (no así en las de 1837 y 1869)
aunque pone algunas trabas a las doctrinas no católicas en lo relativo a sus expresiones públicas. Por
supuesto, mantiene al clero en función de la riqueza perdida por las desamortizaciones.
Art,13: amplio reconocimiento teórico de todos los que había ido apareciendo en los textos legales
durante el s. XIX aunque luego aquellos se encuentran “de hecho” con limitaciones en las etapas
de gobiernos conservadores.
Art.18: gran importancia legislativa del Rey como en los textos legales de 1834 y 1845 (menor en
las constituciones de 1812, 1837 y sobre todo 1869). Comparte la potestad legislativa, posee derecho
de veto y puede convocar y disolver Cortes.
Art. 20: el Senado posee tres partes: derecho propio (“Grandes”, jerarquías militares y eclesiásticas),
vitalicios y elegidos por sufragio restringido que son la mitad de la Cámara.
Art. 28: los diputados son elegidos por una ley electoral aparte (como siempre) que establece el
sistema censitario propio de las constituciones conservadoras (1834, 1845 y también 1837, a pesar de
ser más progresista) hasta 1890 en que los liberales implantan el masculino universal en la tradición
de los textos más innovadores (1812 y 1869). Habrá fraudes en ambos casos.
Art.50: el Rey tiene el poder ejecutivo como siempre destacándose aquí las alusiones al orden público
interior y a la seguridad exterior.
Art, 75: se acaba con casi todos los restos del foralismo (aunque a cambio al País Vasco se le ofrece
un instrumento nuevo, los conciertos económicos, es decir la posibilidad de tener hacienda propia
a cambio de entregar al Estado una parte del dinero recaudado como compensación de los gastos
realizados allí por el Estado).
Art.83: los ayuntamientos serán elegidos por los vecinos y no por el rey poniéndose así fin a la polémica
entre moderados y progresistas típica de los primeros dos tercios del siglo XIX.
12.4. El sexenio democrático (1868-1874). Intentos democratizadores. La revolución, el reinado de Amadeo I y la PrimeraRepública
Primera fase: Gobierno y Regencia del General Serrano
Los revolucionarios del 68 intentaron llevar a fondo la experiencia democrática en España mostrándose
absolutamente radicales en sus principios en la Constitución de 1869: soberanía nacional,
sufragio universal masculino para mayores de 25 años, derechos inviolables del ciudadano, separación
Iglesia-Estado, amplia libertad de cultos, independencia del poder judicial y monarquía constitucional,
es decir con poder ejecutivo a través del gobierno pero sometida al Parlamento bicameral
(el Senado es elegido por vez primera en votación popular), asunto en el que se produce un compromiso
entre los demócratas revolucionarios y los más moderados miembros de la Unión Liberal y
los liberales progresistas, puntos todos ellos fijados en la Constitución de 1869 hecha tras elecciones
por sufragio universal.
Segunda fase: Amadeo de Saboya
Como quiera que la vuelta de la reina estaba descartada, se comenzó a buscar otro rey en Europa,
algo que se consiguió en la persona de Amadeo de Saboya tras descartar o descartarse el pretendiente
portugués, el alemán y el propio hijo de la reina, el futuro Alfonso XII.
Aquél encontraría grandes dificultades para gobernar: Prim que es su principal valedor es asesinado
poco antes de su llegada a España, la nobleza no parece aceptarle, es joven y no conoce el
idioma de un país con graves problemas de legitimidad como las planteadas por republicano-federales,
alfonsinos y carlistas (por no hablar del movimiento obrero aún en sus comienzos). Todo ello
hará que su reinado sea breve (1871-73) y caracterizado por una continua inestabilidad política y social
(tres elecciones, varios gobiernos).
Tercera fase: I República
Tras la revolución de septiembre del 68 y el posterior fracaso de la opción monárquica con Amadeo
de Saboya se constituye en España la I República el 11 de febrero de 1873. Se implanta de forma
pacífica, tras una votación conjunta de ambas cámaras por las siguientes razones:
Fracaso de Amadeo y ridículo gubernamental por la negativa de otros príncipes a aceptar la Corona
española.
Crisis política entre integrantes del Pacto de Ostende que en un principio son defensores de la
monarquía.
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Éxito del experimento en Francia del General Mac Mahon.
Se prefiere una República traída por las Cortes a otra revolucionaria que aportaría socialismo y
desintegración algo que los diputados del 69 no quieren.
El primer presidente es Estanislao Figueras, un republicano moderado, tanto que en su gobierno
hay varios monárquicos partidarios del orden. Esto le traerá problemas con los republicanos –federales
que desembocan en unas elecciones, con amplia abstención, con sufragio universal que dan
amplia mayoría a Pi i Margall que hace un programa muy ambicioso.
A pesar de ello la República no gozaría de mayor fortuna por la lucha que se establece entre los
partidos que la sustentan, lucha de la que salen triunfadores los republicano-federales de Pi i Margall
que deberá hacer frente a las distintas revoluciones cantonales (muchas poblaciones ,después de
Cartagena y Alcoy, se constituyen en cantones independientes del poder central declarándose incluso
la guerra entre ellas como Granada y Jaén) en las que se mezcla el deseo de independencia política
con otro tipo de reclamaciones de carácter social (mayor reparto de la riqueza).
La República, además, deberá emplear buena parte de su tiempo en restaurar el orden en dura
lucha contra los carlistas se han levantado, de nuevo, en los pueblos vasco-navarros y han proclamado
a un rey en Estella que llega a tener simpatía en Cataluña tras su anuncio de reconocer los fueros
perdidos tras el Decreto de Nueva Planta de Felipe V.
Incluso se recrudece la situación en Cuba con la sublevación de cerca de 5.000 hombres muchos
de ellos esclavos negros. España intervendría mezclando la acción militar con la negociación en un
primer momento para pasar a una guerra abierta en la que a los cubanos les apoyan GB y USA
(Cuba era un punto estratégico en la ruta del Caribe) anticipo de lo que sería la futura crisis del 98.
Por ahora la Paz de Zanjón de 1878 acaba con la Guerra prometiendo a los cubanos indultos y una
mayor participación en sus asuntos.
Antes de ello la I República había desarrollado un amplio programa de reformas que dada la radicalidad
del momento se quedaría corto a pesar de la importancia de las mismas:
• Supresión del impuesto de “consumos”, medida popular pero nefasta para la arruinada hacienda
pública.
• Eliminación del reclutamiento forzoso, algo que debió cambiarse rápidamente para no debilitar
a las tropas que luchaban contra los carlistas.
• Reducción de la edad del voto hasta los 21 años.
• Separación de Iglesia y Estado cesando las subvenciones a esta última.
• Prohibición del trabajo para menores de 10 años.
• Abolición de la esclavitud en Puerto Rico.
• Elaboración de una constitución fuertemente descentralizada: república federal de 17 estados con
Hacienda y policía propias en la Constitución que se elaboraba y que nunca llegó a funcionar.
Fracasa en todo porque se produce el cantonalismo: movimientos sociales donde se mezcla el
deseo de soberanía con las revoluciones sociales: el proletariado español, en contra de lo que decía la
AIT, decide apoyarse en grupos políticos (federales intransigentes) para conseguir mejoras sociales,
algo que asusta a los grupos dominantes como militares, eclesiásticos, terratenientes, industriales,
etc.
Esto hace que sea sustituido Pi y Margall por la denominada república del orden con los presidentes
Salmerón y Castelar, también federalistas, que dan orden de no negociar con los cantonalistas
y entregan el poder a dos generales prestigiosos pero moderados: Pavía y Martínez Campos.
Al mismo tiempo se recorta la libertad de prensa, sobre todo para carlistas y federales, lo que
provoca una crisis en el seno de los republicanos que los generales aprovechan para dar un golpe de
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estado: Pavía acaba en enero del 84 con una república que no ha durado ni un año. Se instaura la
regencia del general Serrano que duraría hasta finales del año cuando un pronunciamiento militar
de Martínez Campos en Sagunto haga rey a Alfonso XII.
Los revolucionarios del 68 intentaron llevar a fondo la experiencia democrática en España mostrándose
absolutamente radicales en sus principios en la Constitución de 1869: soberanía nacional,
sufragio universal masculino para mayores de 25 años, derechos inviolables del ciudadano, separación
Iglesia-Estado, amplia libertad de cultos, independencia del poder judicial y monarquía constitucional,
es decir con poder ejecutivo a través del gobierno pero sometida al Parlamento bicameral
(el Senado es elegido por vez primera en votación popular), asunto en el que se produce un compromiso
entre los demócratas revolucionarios y los más moderados miembros de la Unión Liberal y
los liberales progresistas, puntos todos ellos fijados en la Constitución de 1869 hecha tras elecciones
por sufragio universal.
Segunda fase: Amadeo de Saboya
Como quiera que la vuelta de la reina estaba descartada, se comenzó a buscar otro rey en Europa,
algo que se consiguió en la persona de Amadeo de Saboya tras descartar o descartarse el pretendiente
portugués, el alemán y el propio hijo de la reina, el futuro Alfonso XII.
Aquél encontraría grandes dificultades para gobernar: Prim que es su principal valedor es asesinado
poco antes de su llegada a España, la nobleza no parece aceptarle, es joven y no conoce el
idioma de un país con graves problemas de legitimidad como las planteadas por republicano-federales,
alfonsinos y carlistas (por no hablar del movimiento obrero aún en sus comienzos). Todo ello
hará que su reinado sea breve (1871-73) y caracterizado por una continua inestabilidad política y social
(tres elecciones, varios gobiernos).
Tercera fase: I República
Tras la revolución de septiembre del 68 y el posterior fracaso de la opción monárquica con Amadeo
de Saboya se constituye en España la I República el 11 de febrero de 1873. Se implanta de forma
pacífica, tras una votación conjunta de ambas cámaras por las siguientes razones:
Fracaso de Amadeo y ridículo gubernamental por la negativa de otros príncipes a aceptar la Corona
española.
Crisis política entre integrantes del Pacto de Ostende que en un principio son defensores de la
monarquía.
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Éxito del experimento en Francia del General Mac Mahon.
Se prefiere una República traída por las Cortes a otra revolucionaria que aportaría socialismo y
desintegración algo que los diputados del 69 no quieren.
El primer presidente es Estanislao Figueras, un republicano moderado, tanto que en su gobierno
hay varios monárquicos partidarios del orden. Esto le traerá problemas con los republicanos –federales
que desembocan en unas elecciones, con amplia abstención, con sufragio universal que dan
amplia mayoría a Pi i Margall que hace un programa muy ambicioso.
A pesar de ello la República no gozaría de mayor fortuna por la lucha que se establece entre los
partidos que la sustentan, lucha de la que salen triunfadores los republicano-federales de Pi i Margall
que deberá hacer frente a las distintas revoluciones cantonales (muchas poblaciones ,después de
Cartagena y Alcoy, se constituyen en cantones independientes del poder central declarándose incluso
la guerra entre ellas como Granada y Jaén) en las que se mezcla el deseo de independencia política
con otro tipo de reclamaciones de carácter social (mayor reparto de la riqueza).
La República, además, deberá emplear buena parte de su tiempo en restaurar el orden en dura
lucha contra los carlistas se han levantado, de nuevo, en los pueblos vasco-navarros y han proclamado
a un rey en Estella que llega a tener simpatía en Cataluña tras su anuncio de reconocer los fueros
perdidos tras el Decreto de Nueva Planta de Felipe V.
Incluso se recrudece la situación en Cuba con la sublevación de cerca de 5.000 hombres muchos
de ellos esclavos negros. España intervendría mezclando la acción militar con la negociación en un
primer momento para pasar a una guerra abierta en la que a los cubanos les apoyan GB y USA
(Cuba era un punto estratégico en la ruta del Caribe) anticipo de lo que sería la futura crisis del 98.
Por ahora la Paz de Zanjón de 1878 acaba con la Guerra prometiendo a los cubanos indultos y una
mayor participación en sus asuntos.
Antes de ello la I República había desarrollado un amplio programa de reformas que dada la radicalidad
del momento se quedaría corto a pesar de la importancia de las mismas:
• Supresión del impuesto de “consumos”, medida popular pero nefasta para la arruinada hacienda
pública.
• Eliminación del reclutamiento forzoso, algo que debió cambiarse rápidamente para no debilitar
a las tropas que luchaban contra los carlistas.
• Reducción de la edad del voto hasta los 21 años.
• Separación de Iglesia y Estado cesando las subvenciones a esta última.
• Prohibición del trabajo para menores de 10 años.
• Abolición de la esclavitud en Puerto Rico.
• Elaboración de una constitución fuertemente descentralizada: república federal de 17 estados con
Hacienda y policía propias en la Constitución que se elaboraba y que nunca llegó a funcionar.
Fracasa en todo porque se produce el cantonalismo: movimientos sociales donde se mezcla el
deseo de soberanía con las revoluciones sociales: el proletariado español, en contra de lo que decía la
AIT, decide apoyarse en grupos políticos (federales intransigentes) para conseguir mejoras sociales,
algo que asusta a los grupos dominantes como militares, eclesiásticos, terratenientes, industriales,
etc.
Esto hace que sea sustituido Pi y Margall por la denominada república del orden con los presidentes
Salmerón y Castelar, también federalistas, que dan orden de no negociar con los cantonalistas
y entregan el poder a dos generales prestigiosos pero moderados: Pavía y Martínez Campos.
Al mismo tiempo se recorta la libertad de prensa, sobre todo para carlistas y federales, lo que
provoca una crisis en el seno de los republicanos que los generales aprovechan para dar un golpe de
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estado: Pavía acaba en enero del 84 con una república que no ha durado ni un año. Se instaura la
regencia del general Serrano que duraría hasta finales del año cuando un pronunciamiento militar
de Martínez Campos en Sagunto haga rey a Alfonso XII.
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