12.3. Isabel II (1843-1868): el reinado efectivo

En 1843, Isabel II es declarada mayor de edad, iniciándose de esta manera su reinado. Durante
éste España va a consolidar la revolución liberal, constituyendo un régimen parlamentario y desarrollando
un cuerpo legislativo y de reformas que sentarán las bases del Estado español contemporáneo.
Del mismo modo, será en el reinado isabelino cuando se gesten algunos de los vicios asociados
a gran parte de la historia contemporánea hispana: falseamiento electoral, recurso al pronunciamiento,
corrupción y clientelismo político, injerencia militar en la vida política, etc. Dos revoluciones
enmarcarán el reinado: la de 1843, que expulsará a Espartero de la regencia y la de 1868 que hará
lo propio con la reina Isabel; sin embargo, los logros y taras del reinado trascenderán el periodo y
dejarán sentir su efecto mucho más allá del triunfo de septiembre del 68.
La alianza entre moderados y progresistas de 1843 no sobrevivió mucho tiempo después de la
expulsión del regente Espartero. Muy pronto, los moderados –que contaban con la simpatía de la
Corona mucho más que los progresistas- se harán con las riendas del poder, iniciando un periodo –
la década moderada- que será el de mayor presencia continuada de un partido en el poder en España
hasta el triunfo socialista en 1982. Los moderados serán los encargados de desarrollar el esqueleto
legislativo y las reformas políticas y sociales que ahormarán el Estado liberal español.
El partido moderado se agrupaba en torno a unos principios que, de manera general, respondían
a las pautas del liberalismo doctrinario. Defensores de la soberanía compartida y de la propiedad
HISTORIA DE ESPAÑA
CURSO 2009/2010
PÁGINA 12 DE 53
TEMAS SEGUNDA EVALUACIÓN
privada, aspiraban a rehacer las relaciones con la Iglesia, maltrechas tras la política desamortizadora;
sostenían la preferencia por el bicameralismo, apostando por una circunscripción electoral pequeña
que permitiera el influjo de los notables locales. Su proyecto político defendía el centralismo,
a imitación del modelo francés y se empeñaban en equilibrar orden y libertad.
No eran, sin embargo, un bloque homogéneo. Podemos reconocer tres grandes corrientes en el
seno del moderantismo: la Unión Nacional, liderada por Viluma, más cercana a la soberanía regia y
que buscaba el acercamiento de las dos ramas de la dinastía; los centristas o monistas (liderados por
Mon y Narváez), con principios más dúctiles a la realidad cambiante y orientados a la conservación
del poder; por último, los puritanos, donde encontramos a personajes como Pacheco, Istúriz, Pastor
Díaz o al joven Cánovas, los más leales defensores de los principios doctrinarios, aspiraban a
consolidar el régimen y a llegar a acuerdos con los progresistas.
La acción política de los numerosos gobiernos que se suceden a lo largo de la década moderada
(1844-1854) estará dirigida a la construcción del Estado y a la centralización del mismo aunque, debido
a la intensidad del clientelismo político, no será infrecuente la supeditación de los intereses generales
a los particulares.
La labor legislativa de los moderados se inicia con una modificación de la Constitución de 1837,
reforma que dará lugar, en la práctica, a una nueva constitución. La Constitución de 1845 defendía
la soberanía compartida, reforzando la autoridad real y eliminando algunas de las limitaciones del
monarca (matrimonio); afirmaba la catolicidad del Estado y se comprometía con el sostenimiento
del clero católico. Por lo que respecta al poder legislativo, establecía dos cámaras: un Congreso elegido
por sufragio censitario y un Senado de designación regia. Ampliaba la legislatura, pasando ésta
de 3 a 5 años; suprimía la Milicia Nacional (que será reemplazada por la Guardia Civil) y establecía
un régimen municipal dual, con elección de concejales por votación y designación del alcalde por el
gobierno. Los derechos se encontraban supeditados por su posterior desarrollo legislativo y el poder
judicial se transformaba en Administración de Justicia.
La tarea política moderada está orientada a la construcción de un Estado liberal según el modelo
centralista francés. Así, a lo largo de la década, las sucesivas Cortes van a aprobar un profundo programa
legislativo que constituirá la base de la Administración pública española. En 1845, aprobarán
la Ley de Ayuntamientos, que consagra la designación gubernamental de los alcaldes, haciendo a
estos, junto con los gobernadores civiles, la extensión del poder ejecutivo en los municipios. Ese
mismo año, se aprobará la Ley de Reestructuración de la Instrucción Pública, que establecerá, por
primera vez, un plan de estudios centralizado para todo el país. En 1852, verá la luz la Ley de Funcionarios,
que estipulaba el ingreso en la Administración pública previa superación de un concurso
de méritos, señalados de antemano. Se pretendía con esta reducir el clientelismo político imperante
en el acceso a la función pública.
Desde el punto de vista del orden público, tres disposiciones tienen especial relevancia. En 1844,
se creará la Guardia Civil, un cuerpo de policía militarizado que sustituiría a la desaparecida Milicia
Nacional. En 1848, se aprobará el nuevo Código Penal, cuya vigencia se extenderá hasta 1996. Ese
mismo año, el gobierno de Narváez hará aprobar la Ley de Poderes Excepcionales, que permitirá al
gobierno suspender garantías constitucionales y evitará el contagio de las revoluciones que asolaron
a Europa en 1848.
La Ley de Hacienda que impulsó el ministro Mon en 1845 supondrá la modernización del sistema
impositivo español, permitiendo la financiación de una Administración creciente. El proyecto
rescataba las rentas arrendadas, racionalizaba el sistema impositivo (aumentando el peso de la contribución
directa y estableciendo el impuesto de consumos –indirecto-) y exigía el principio de equilibrio
presupuestario.
En 1851, los moderados firmarán con la Santa Sede un nuevo Concordato que recompondrá las
maltrechas relaciones de España con Roma. Por él, España reconocía a la religión católica como
única, permitiendo a la Iglesia poseer bienes en el país e intervenir en la educación y en la censura.
HISTORIA DE ESPAÑA
CURSO 2009/2010
PÁGINA 13 DE 53
TEMAS SEGUNDA EVALUACIÓN
De igual modo, se regulaban las jurisdicciones y atribuciones eclesiásticas. En contrapartida, la Santa
Sede renovaba en Patronato Regio y aceptaba los efectos de la Desamortización.
También las obras públicas recibieron atención por parte de los distintos gabinetes moderados.
Tras la inauguración de la línea ferroviaria Barcelona-Mataró en 1848, se aprobará la Ley de Ferrocarriles
en 1851, que pretendía organizar y estimular la construcción de nuevas vías férreas. De igual
modo, se gestionó el comercio marítimo mediante una Ley de Puertos y se estimuló la construcción
de infraestructuras hidráulicas, destacando el Canal de Isabel II.
No obstante, el proyecto político moderado se vio lastrado por la constante intervención de la
Corona (especialmente de la Reina Madre) y por la generalización de las prácticas de clientelismo y
corrupción. Los último gobiernos moderados, elegidos a preferencia de la reina María Cristina,
eludieron el control parlamentario y gobernaron por decreto. El malestar social iba en aumento,
creciendo entre los progresistas –sistemáticamente apartados del poder- y entre algunos sectores
moderados.
En 1854, el general moderado O’Donnell se pronunciará contra el gobierno en Vicálvaro en un
intento de frenar la inminente revolución progresista. El choque entre los hombres de O’Donnell y
las fuerzas gubernamentales del general Blaser no fue concluyente. Tras la Vicalvarada, O’Donnell
dará a conocer sus exigencias en un escrito, el Manifiesto de Manzanares, debido a la pluma de su
secretario, Cánovas del Castillo. Los Queremos del texto expresaban un programa de regeneración
política enfrentado directamente contra la camarilla regia.
No parece que el influjo del Manifiesto de Manzanares desempeñara un papel destacado en el
inicio de la revolución subsiguiente. Los continuos pronunciamientos contra el gobierno que se sucedieron
en numerosas ciudades de España forzaron a la reina Isabel a encargar el gobierno al general
Espartero, líder de los progresistas.
El bienio progresista (1854-1856) que se abre tras la Vicalvarada y las revoluciones progresistas
estará marcado por tres elementos fundamentales: la rivalidad entre Espartero y O’Donnell, los
triunfadores del 54 y cuya colaboración en el gobierno no va a ser sencilla. La puesta en marcha de
un nuevo proceso desamortizador, la Desamortización de Madoz (1855), será el segundo de los ejes
del periodo. El proyecto, apuesta personal del ministro Madoz, ponía a la venta los bienes de propios,
de Instrucción Pública y de Beneficencia, a la vez que concluía con la desamortización eclesiástica.
El programa respondía a una aspiración de Madoz, desatando una amplia oposición municipal
(de los 2.000 municipios consultados, sólo 20 se mostraron favorables al proyecto y de estos sólo 6
disponían de bienes afectados por la medida). Buscaba el alivio de la deuda y la ampliación de la base
social que sostenía el sistema. El balance de la desamortización fue negativo: imposibilitó una reforma
agraria y no amplío el número de propietarios (el tamaño desmedido de los lotes alejaron de
las subastas a amplios grupos de la sociedad española), aumentando las tensiones sociales, al privar
a los ayuntamientos de los recursos que les permitían atender a los sectores más débiles de la sociedad.
Por último, en 1856 se elaborará un nuevo proyecto constitucional, que no entrará en vigor tras el
restablecimiento de la Constitución de 1845 por O’Donnell. El proyecto constitucional de 1856 se
inspiraba en la Constitución de 1837; como novedades, incluía la tutela estatal de la libertad religiosa
de los no católicos y establecía un Senado electivo.
La rivalidad entre O’Donnell y Espartero unida al creciente malestar social, decidirá a la reina
volver a llamar a los moderados al gobierno. El bienio moderado (1856-1858) verá la aprobación de la
Ley de Instrucción Pública de Moyano, durante el gobierno de Narváez en 1857. La división en el
partido moderado y el carácter ciclotímico del general Narváez harán que éste abandone el poder.
El retorno de O’Donnell al gobierno en 1858, tras haber madurado un nuevo proyecto político,
inicia el gobierno más largo de todo el siglo xix, que durará hasta 1863. La Unión Liberal de
O’Donnell pretende constituirse en un centro político que permita la renovación del sistema, limi-
HISTORIA DE ESPAÑA
CURSO 2009/2010
PÁGINA 14 DE 53
TEMAS SEGUNDA EVALUACIÓN
tando el intervencionismo de la Corona y atrayendo a los progresistas. Esta aspiración explica el
carácter ecléctico de los principios y de la política unionista.
El gobierno largo de O’Donnell (1858-1863) iniciará una campaña de actuaciones en el exterior,
interviniendo con Francia e Inglaterra a fin de aumentar el prestigio internacional del país. Fruto
de esta política son las actuaciones en la Conchinchina (1857-1862), México (1861), la guerra de
África (1859-1860), la anexión de Santo Domingo (1861-1865) y la Guerra del Pacífico (1863).
El agotamiento del gobierno O’Donnell abre el último periodo del reinado isabelino (1863-1868).
La alternancia en el gobierno de moderados y unionistas no podrá frenar la degradación de régimen,
ahogado por la corrupción, la crisis económica, el malestar social y la desaparición de sus valladares
(Narváez muere en 1868; O’Donnell en 1867). La revolución de 1868, impulsada por los
progresistas, los unionistas y los demócratas, derribará no solo al gobierno, sino a la misma Monarquía,
debiendo la reina huir a Francia.