15.2. La consolidación del régimen. Las transformaciones económicas: De la autarquía al desarrollismo. Los cambios sociales.

El boom económico de los años 60 en la Europa Occidental llegó también a España y será el
responsable, junto a los planes de desarrollo y la liberalización de la economía posterior al
Plan de Estabilización que dejaba atrás el mercado negro, el estraperlo y la autarquía en
general, de un crecimiento importante del PIB. La apreciación de la moneda y el aumento de
divisas, factor este último del que también son responsables las remesas de los emigrantes
en el exterior y el turismo extranjero que comenzaba ahora su andadura.
Desarrollo económico y transformaciones sociales: crecimiento de la población y emigración
a las ciudades de los jóvenes agricultores donde les esperaba el comienzo de la sociedad
del bienestar: vivienda, coche, mejores salarios, educación y sanidad más amplias,
electrodomésticos, etc. Este crecimiento material y su traducción social juegan a favor del
régimen al despolitizar a muchos ciudadanos que aceptan cambiar falta de libertades por
consumismo aunque sea éste incipiente.
Y ello a pesar de que los hijos de los contrincantes de Franco en la Guerra y la inmediata
posguerra han tomado el relevo en la Universidad y en el mundo laboral: es el momento del
declive del SEU y el nacimiento de C.C.O.O. en Asturias. Aún así y todo su discordancia cala
poco en la sociedad y no tiene repercusión alguna en los entes oficiales más preocupados
ahora por la sucesión
Franco que acabaría convirtiendo a Juan Carlos de Borbón en príncipe heredero.
En el exterior, y después del doble reconocimiento del Vaticano y los USA (este último muy
relacionado con el momento de guerra fría que vive el mundo) España sigue entrando con
más o menos brillantez en los organismo internacionales del entorno. De el todavía escapará
las públicamente rechazadas y privadamente deseadas CEE con las que apenas se lograría
una acuerdo preferencial de aranceles que paliaría la frustración de no ser aceptados allí
donde una dictadura no podía serlo, algo que, ni remotamente, pone en duda a un régimen
plenamente consolidado.
La evolución económica de España entre 1939 y 1959 se va a desarrollar bajo el signo de la
autarquía. La política autárquica llevada a cabo por el régimen, de inspiración fascista, fue un
completo fracaso, sin apenas crecimiento económico durante la década de los años
cuarenta. La política autárquica va a ser incapaz de recuperar el tejido productivo destruido
durante la guerra civil –destrucción que afectó sobre todo al sector agrario, pero también al
industrial, energético e infraestructuras– debido a sus limitaciones ideológicas –negación del
mercado– y a las dificultades que el aislamiento produjo a la economía española. La inflación
se disparó –creciendo hasta el 234% en 1941, tomando como referencia los precios de
1930–, la cotización de la peseta se desplomó y las divisas desaparecieron. La política
autárquica era incapaz de abastecer los mercados de productos básicos, lo que estimuló la
aparición de un activo mercado negro.
El régimen franquista apostó por la industrialización, creando en 1941 el Instituto Nacional de
Industria (INI), cuya labor, lastrada por el intervencionismo y la burocracia, fue escasamente
eficaz. Paralelamente se nacionalizaron las comunicaciones telefónicas, el transporte aéreo y
las explotaciones mineras, en unas prácticas intervencionistas que impedían cualquier
recuperación. De igual modo, el estado intentó reactivar la economía mediante la aplicación
de un programa de obras públicas que encontró en la construcción de pantanos su principal
plasmación.
En una situación de quiebra económica, se presentó en 1959 el plan de estabilización. El
plan era una operación para sanear, liberalizar y racionalizar la economía española. El plan
pretendía, en un primer momento, frenar la inflación y rescatar a la peseta. Se bloqueó el
gasto público y se favoreció la inversión extranjera –España había ingresado en 1958 en la
Organización Europea de Cooperación Económica y en el Fondo Monetario Internacional–.
Los resultados del plan no tardaron en llegar. Tras una inicial contracción del consumo y de la
inversión y un aumento del paro –en 1960 comenzaría el éxodo masivo de trabajadores hacia
Europa–, la economía española se recuperó. El Estado contó con superávit ya en 1959, las
reservas de divisas aumentaron rápidamente; la devaluación de la peseta favoreció el turismo
–que se convertirá en el nuevo motor económico– y redujo también el déficit comercial.
El Plan de Estabilización inició una etapa de desarrollo económico como no se había
conocido en la historia de España. La coyuntura económica internacional ayudó a este
despegue de la economía española que entre 1961 y 1964 creció a un ritmo del 8,7% anual.
Crecimiento equilibrado y que se manifestó especialmente en la industria y en los servicios.
La inflación se contuvo, no superando el 5%, a la vez que crecían los salarios reales entre un
8 y un 11% anual. Estos resultados del Plan de Estabilización llevaron a los dirigentes
franquistas a un intento de dirigir el crecimiento mediante la puesta en marcha de los Planes
de Desarrollo –cuatrienales, tres en el periodo 1964-1975–. El primero de ellos entró en vigor
en 1964 y aspiraba a frenar la incertidumbre que podía existir en los inversores sobre un
posible retorno a la autarquía, indicando la firme voluntad del régimen de entrar por la senda
del desarrollo. El Plan de Desarrollo pretendía trasvasar el impulso económico del Estado a la
iniciativa privada, utilizando como instrumentos las acciones concertadas entre el gobierno y
las empresas y los polos de desarrollo. No obstante, el Plan de Desarrollo no dejaba de ser
una forma de intervencionismo estatal y sus resultados no fueron los esperados. El
crecimiento continuó, pero a un ritmo menor que con anterioridad (5,6% anual), la inflación
se disparó (14%) e, incluso, la balanza de pagos arrojó en 1965 un saldo deficitario, algo que
no ocurría desde 1959. El desarrollo de estos años fue espasmódico, alternándose periodos
de desarrollo con otros de estancamiento. Tal situación ha llevado a decir al economista José
Luis Sampedro que España creció «a pesar de los planes de desarrollo, y no por ellos».
No obstante los altibajos, el desarrollo de estos años fue real, aunque desequilibrado,
centrándose en Cataluña, País Vasco, Madrid y en torno a las principales ciudades del país.
La producción industrial creció; por ejemplo, la producción de acero llegó a 7 millones de
toneladas en 1970, el doble de la producida en 1965; la producción de automóviles llegó a
450.000 en ese año, diez veces más que en 1960. El Seat Seiscientos se convirtió en el
símbolo de esos años, tanto del despegue económico español como de la creciente
prosperidad material.
La industria, además, se modernizó. La minería y la industria textil, tradicionales líderes de la
industria española, perdieron importancia. En 1970, la principal industria española era una
empresa de automóviles, Seat, y, entre las diez primeras industrias del país, había siderúrgicas (Altos Hornos de Vizcaya y Ensidesa), petroleras (Cepsa y Repsol), de
construcción naval (Astilleros Españoles) y químicas (Riotinto y Butano).
El desarrollo transformó la estructura económica del país. España dejó de ser un país
agrario. En 1960 la agricultura representaba el 24% del PIB y empleaba al 42% de la
población activa (cerca de cinco millones de personas); diez años más tarde, estos
indicadores se habían reducido al 13% y al 29% respectivamente, empleándose en el campo
menos de cuatro millones de personas.
El turismo se convirtió en una actividad extremadamente importante y la principal fuente de
divisas del país. Los turistas pasaron de seis millones de visitantes en 1960, cifra ya elevada,
a más de treinta y cuatro millones en 1973; los ingresos derivados de esta actividad también
crecieron espectacularmente, de 297 millones de dólares en 1960 a más de 3400 millones
en 1975.
La otra importante fuente de divisas fueron las remesas procedentes de la emigración. Entre
1962 y 1973 abandonaron sus lugares con destino a Europa o a las capitales de provincia
cuatro millones de personas. La emigración permitió contar con una llegada regular de
divisas y redujo la presión laboral.
El desarrollo económico se verá frenado a partir de 1973 como consecuencia del inicio de la
crisis del petróleo y coincidió con los últimos años de vida de Franco, lo que complicó aún
más la ya de por sí difícil transición.
En la década de los 60 tanto los comportamientos demográficos como las condiciones de
vida o la estratificación social sufren cambios que se traducen en una modernización de la
sociedad. El resultado es una sociedad industrializada de clases medias urbanas y con un
importante desarrollo del sector servicios lo que trajo, además, la ruptura de los viejo
controles y prejuicios sociales ganándose en autonomía y libertad personal.
Demográficamente hablando la población aumentó en 3,5 millones de personas entre 1960 y
1970 asociado a un ritmo desconocido hasta entonces y con una caída a gran velocidad de
las tasas de mortalidad y un menor descenso de las de natalidad. La primera en torno al
8,6%o con una fuerte caída en la mortalidad infantil y la relacionada con enfermedades
infecciosas. Por su parte la tasa de natalidad se situaba en el 19,7%o con una cifra media de
2,8 hijos por mujer en 1970.
Un segundo proceso se relaciona con el proceso de urbanización que aumenta tras la
estabilización económica y el desarrollo industrial ligado a los núcleos de población más
pujantes potenciándose así los sectores secundario y terciario. Se produce, entonces, una
fuerte emigración interior relacionada con obreros agrícolas residentes en municipios
mínimos y con una edad juvenil. Se dirigen hacia las zonas desarrolladas y entre éstas las
más próximas unos 3,5, millones de personas entre 1960 y 1970. Además otras zonas
nacionales gozan de gran atracción: País Vasco, Zaragoza, Valladolid, el litoral mediterráneo
(Cataluña, Valencia, Baleares) y Málaga y Sevilla en Andalucía: se despoblaba el campo en
beneficio de la ciudad.
Además a partir de 1960 se produce una emigración hacia el exterior a países desarrollados
como Francia y la RFA (casi el 77%del total) y en menor medida Suiza: envío de divisas,
desarraigo personal, dispersión familiar, pérdida de referentes culturales son la cara y la cruz
del fenómeno que es en general transitorio (en torno a tres años de permanencia en destino)
salvo una parte de la dirigida a Francia.
Por lo que respecta a los núcleos urbanos españoles se producen ensanches y creación de
nuevas “ciudades dormitorio” en la periferia de las zonas de atracción generándose núcleos
inicialmente poco dotados de infraestructuras sanitarias, educativas o deportivas.
El tercer proceso se relaciona con el trasvase continuo de población agraria al sector
industrial y de servicios perdiendo el primero el 10% de sus efectivos entre 1960 y 1970 que
se reparten por igual en un secundario líder ( 37%) y un terciario poderoso (33,5%).
En general se puede decir que la sociedad se rejuveneció y que las clases medias, cuarto
proceso, se convirtieron en el grupo social más amplio e importante al que accedían los
grupos obreros y se mantenían en él los que ya formaban parte de tal manera que hablamos
en 1970 de una clase baja formada por un todavía importante 41 % (trabajadores urbanos
del sector industrial y servicios; obreros agrícolas), de una clase media que abarcaba el 54%
de la población comerciantes e industriales pequeños y medianos, funcionarios de la
Administración, ejecutivos del sector privado) y una clase alta con el 5% restante: altos
funcionarios, grandes empresarios de todo tipo y miembros destacados de las profesiones
liberales.
Estos grupos sociales forman familias cada vez más autónomas e independientes del grupo
familiar extenso: unidades familiares de entre dos y cinco miembros con acceso a los bienes
del consumo: vivienda, frigoríficos, lavadoras, televisión y automóvil en un inicio de sociedad
de bienestar desconocido cuantitativamente hasta ahora.
El país había cambiado para ello con un notable crecimiento de la vivienda (4.000.000.
construidas entre 1960 y 1975) al mismo tiempo que el estado invertía en salud y educación,
redes eléctricas, carreteras, fabricación de automóviles y trenes o desde otra perspectiva, se
generalizaban las vacaciones anuales y de fines de semana. Subía la renta per cápita
multiplicándose por cuatro hasta 1979 (1176 dólares), el salario mínimo (en menor medida) y
bajaba el coste de la vida cambiándose la distribución de la cesta de la compra en la que
descendía el capítulo alimenticio (dentro de él subía la leche y la carne frente a los cereales y
las patatas) y aumentaba el de vacaciones y gastos varios. Aún así y todo 7.000.000. de
personas se calculaban aún en el umbral de la pobreza en 1970.
Se generalizaron, finalmente, mejoras sociales como los seguros de enfermedad,
maternidad, vejez e invalidez; se amplió la red hospitalaria (también relacionada con la Ley de
Bases de la seguridad Social) de 1963) y se hizo obligatoria la educación hasta los 14 años
dentro de planes de crecimiento de la enseñanza primaria y secundaria.